La protección social, la participación y las obligaciones de los poderes públicos

• Que el voluntariado asuma la atención directa cuando falten profesionales
• Una compensación económica para las personas voluntarias de este ámbito
• Un registro estatal de las personas voluntarias que actúen en este ámbito
• El voluntariado entre las propias personas con discapacidad

El art. 62.1 añade un segundo mandato: promover y fomentar el voluntariado entre personas con discapacidad, para favorecer su plena inclusión y participación en la vida social. El voluntariado colabora con los profesionales, a través de entidades sin ánimo de lucro, y no los sustituye; y el régimen del personal voluntario se remite a su normativa específica, sin que este artículo cree compensaciones ni registros.

• A los del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, según sus competencias
• A los Presupuestos Generales del Estado en exclusiva, por tratarse de una ley estatal
• Al presupuesto de la Seguridad Social, mediante una cotización finalista
• A las aportaciones de las personas usuarias, según su renta

El art. 58 reparte la financiación según las competencias: con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, que deben consignar las dotaciones correspondientes. Que la ley sea estatal no hace que la pague solo el Estado, y el precepto no crea ninguna cotización ni hace depender la financiación de lo que aporten las personas usuarias.

• Sobre la lengua de signos española, en todos los casos
• Sobre trastornos del espectro autista y otras condiciones
• Sobre el procedimiento de valoración del grado de discapacidad
• Sobre la normativa de protección de datos de salud

El art. 61.2 obliga a las Administraciones públicas a establecer programas permanentes de especialización y actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, y nombra expresamente la formación específica sobre trastornos del espectro autista y otras condiciones, además de los modos específicos de atención. Ninguna de las otras materias figura en el precepto, aunque alguna, como la lengua de signos, tenga su propia regulación.

• En la evaluación de su propio grado de discapacidad
• En la convivencia, la dirección y el control de los servicios
• En la financiación de los servicios mediante copago
• En la selección y la formación del personal especializado

El art. 49.3 manda promover que las propias personas con discapacidad participen en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales: no son solo sus destinatarias, también intervienen en cómo se dirigen. El precepto no se refiere a la valoración del grado, a la financiación ni al personal.

• Reservarles un porcentaje de puestos en las candidaturas electorales
• Organizarles un procedimiento de votación separado del ordinario
• Poner a su disposición los medios y recursos que precisen
• Eximirles por ley de formar parte de las mesas electorales

El art. 53 reconoce ese derecho en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, conforme a la normativa en vigor, y obliga a las administraciones públicas a poner a su disposición los medios y recursos que precisen. El artículo no prevé una reserva en las candidaturas, ni un procedimiento de votación separado, ni exenciones: lo que garantiza es el ejercicio del derecho con los medios y recursos necesarios.

• A los familiares que cuidan a una persona con discapacidad en su casa
• A toda persona con discapacidad que haya cumplido sesenta y cinco años
• A las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad
• A las personas con discapacidad que trabajen en un enclave laboral

El art. 51.5 da a los servicios de vivienda —la atención residencial, las viviendas tuteladas y otros alojamientos de apoyo para la inclusión— un segundo cometido: atender las necesidades básicas de las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad, como cuando carecen de hogar o familia o hay graves problemas para garantizar una adecuada convivencia familiar. La edad, el trabajo o la condición de familiar cuidador no aparecen en el precepto.

• La legislación autonómica
• Las ordenanzas de las entidades locales
• Los reglamentos del Gobierno de la Nación
• Las leyes de Presupuestos Generales del Estado

El art. 50.2 deja ese complemento a la legislación autonómica: podrá prever servicios y prestaciones económicas para las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de necesidad y carezcan de los recursos indispensables para hacerle frente. El precepto no lo encomienda a ordenanzas locales ni a reglamentos estatales, y la Ley de Presupuestos no aparece en él.

• A través de sus organizaciones representativas
• Mediante consultas populares convocadas al efecto
• A través de la Oficina de Atención a la Discapacidad
• Mediante el Defensor del Pueblo y sus adjuntos

El art. 54.2 canaliza esa participación a través de sus organizaciones representativas, y obliga a las Administraciones públicas a promover las condiciones para que sea real y efectiva y a promover su presencia permanente en los órganos participativos y consultivos que traten materias de su interés preferente. La Oficina de Atención a la Discapacidad no es ese cauce: es un órgano con el que esas organizaciones colaboran. Las consultas populares y el Defensor del Pueblo no aparecen en el precepto.

• Siempre que lo pida una organización representativa del sector
• Cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran
• Como opción preferente frente a las instalaciones ordinarias
• Cuando la persona lo solicite con un informe médico favorable

La regla es la accesibilidad universal en las instalaciones y los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Los servicios y actividades específicas son la excepción: solo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, y además de forma subsidiaria o complementaria. Por eso nunca son la opción preferente, y la ley no los hace depender de que los pida una organización ni de un informe médico.