Quién es titular de los derechos y el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad

• A todos los efectos de la ley, sin distinción de materias
• Mientras no tengan reconocida una situación de dependencia
• Solo a efectos de las partes de la ley que el artículo señala
• Cuando el órgano competente revise y confirme su grado

La equiparación que hace el art. 4.2 es limitada: vale a efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I y del título II, no con carácter general (para el capítulo VI, el del trabajo, los equipara aparte el art. 35.1). No depende de una revisión previa del grado ni de que tengan o no reconocida una dependencia.

• En la comunidad autónoma que la expidió
• En la comunidad que la expidió y en las que tengan convenio con ella
• En el territorio del Estado y en el resto de la Unión Europea
• En todo el territorio nacional

El grado lo reconoce el órgano competente y se acredita en los términos que fije el reglamento, pero la acreditación vale en todo el territorio nacional: no hace falta un convenio entre comunidades para que surta efecto fuera de la que la expidió. El artículo no le da alcance europeo.

• La constancia por escrito de cada decisión que se adopte
• La presencia de una persona de apoyo en cada decisión
• El acceso a la información y la comprensión de esta
• La revisión posterior de la decisión por la Administración

El art. 6.1 ancla el ejercicio de los derechos en la libertad en la toma de decisiones, y por eso los apoyos van a la información: tienen que asegurar su acceso y su comprensión, como presupuesto de un consentimiento informado con todas las garantías para la libertad y las preferencias de la persona. La ley no exige que cada decisión conste por escrito, ni que haya siempre una persona de apoyo presente, ni que la Administración la revise después.

• Grado I, del 33 por ciento; grados II y III, del 65 por ciento
• Grado I, del 25 por ciento; grados II y III, del 50 por ciento
• Grados I y II, del 33 por ciento; grado III, del 65 por ciento
• Grado I, del 45 por ciento; grados II y III, del 75 por ciento

La ley hace dos tramos, no tres: el grado I de dependencia se asimila a una discapacidad del 33 por ciento, y los grados II y III, juntos, a una del 65 por ciento. Lo tentador es llevar el grado II al tramo bajo, con el I, pero la ley lo agrupa con el III.

• La valoración de su grado de discapacidad
• El criterio de quien le presta los apoyos
• Su voluntad, sus deseos y sus preferencias
• Su capacidad para tomar esa decisión en concreto

La ley pone en el centro a la persona: sus circunstancias y su voluntad, sus deseos y sus preferencias, con apoyos que garanticen su libertad de decidir. La capacidad para tomar la decisión en concreto era lo que mandaba tener en cuenta el artículo hasta la Ley 4/2026, de 1 de octubre; hoy ya no figura. Tampoco cuentan el criterio de quien presta el apoyo ni el grado reconocido.

• Para acceder a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades
• Para concurrir por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad en el empleo público
• Para beneficiarse de las medidas de acción positiva en el acceso al empleo ordinario
• Para percibir las prestaciones económicas que prevé la ley para las personas con discapacidad

La ley llama a esos procesos «estados previos» y los asimila a la discapacidad con un único fin: reconocer el derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades. No les abre el resto de medidas, que siguen pidiendo la condición de persona con discapacidad.

• Educación
• Protección social
• Protección de la salud
• Transportes

El art. 5 enumera nueve ámbitos: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público; relaciones con las Administraciones públicas; Administración de justicia; participación en la vida pública y en los procesos electorales; patrimonio cultural, y empleo. La educación, la salud y la protección social no están en esa lista: son derechos del título I, a los que las medidas se aplican por la otra vía que abre el mismo artículo.

• A comunicar a la Administración cada cambio de domicilio
• A pedir los apoyos a través de una entidad del sector
• A acreditar su grado de discapacidad para recibir apoyos
• A vivir con arreglo a un sistema de vida específico

Los poderes públicos han de generar las condiciones y ofrecer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad elija su lugar de residencia y dónde, con quién y cómo vivir, en igualdad de condiciones con las demás, sin verse obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Eso es lo que el artículo descarta; las demás exigencias no aparecen en él.

• Que hayan residido en España al menos cinco años antes de salir
• Que carezcan de protección equiparable en su país de residencia
• Que su país de residencia haya firmado un convenio con España
• Que conserven su domicilio fiscal en España mientras residan fuera

La condición es que no tengan una protección equiparable en el país donde residen; la forma y los requisitos los fija el reglamento. Los convenios con el país de origen aparecen en el apartado anterior, pero para los extranjeros que están en España, no para los españoles de fuera. La ley no exige residencia previa ni domicilio fiscal.