El derecho al trabajo de las personas con discapacidad

• El grado de discapacidad que tiene reconocido la persona
• La antigüedad de la persona trabajadora en la empresa
• El tamaño y el volumen de negocios total de la empresa
• El parecer de los representantes legales de la plantilla

El art. 40.2 manda valorar si la carga queda paliada en grado suficiente con medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, los costes financieros y de otro tipo que impliquen las medidas, y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa. Ni el grado reconocido, ni la antigüedad, ni la opinión de los representantes están entre esos criterios.

• Estar inscritas en un registro estatal y acreditar dos años de actividad continuada
• Ser de titularidad pública y prestar sus servicios en zonas rurales en riesgo de despoblación
• Tener la consideración de iniciativa social y estar declaradas de interés general
• Reunir las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y carecer de ánimo de lucro

El art. 44.2 fija los criterios: que estas empresas reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro. Ser de iniciativa social es otra calificación del art. 43, que aquí no se pide, y la ley no exige inscripción, antigüedad ni titularidad pública.

• Con 100 o más trabajadores; al menos el 2 % de ellos
• Con 50 o más trabajadores; al menos el 7 % de ellos
• Con 50 o más trabajadores; al menos el 2 % de ellos
• Con 100 o más trabajadores; al menos el 7 % de ellos

El art. 42.1 obliga a las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores a que, al menos, el 2 por 100 de ellos sean trabajadores con discapacidad. Ni el umbral de 100 trabajadores ni el 7 % están en este artículo: las demás combinaciones cambian el umbral, el porcentaje o los dos.

• Para dar un empleo protegido indefinido a quienes no se prevé que pasen al mercado ordinario
• Para reservar a personas con discapacidad un número mínimo de puestos en cada empresa ordinaria
• Para prestar servicios de ajuste personal y social a la plantilla de una empresa del mercado ordinario
• Para facilitar el paso al empleo ordinario de quienes tienen especiales dificultades para acceder a él

El art. 46 los prevé para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para acceder a él, y deja al reglamento sus características y condiciones. Su razón de ser es ese paso, no un destino estable fuera del mercado ordinario. Reservar puestos en cada empresa es la cuota de reserva, y los servicios de ajuste personal y social los prestan las empresas para la inclusión laboral a su propia plantilla.

• En los servicios de ajuste personal y social que las empresas para la inclusión laboral prestan a su plantilla
• En acompañar y orientar de forma individualizada a la persona en su propio puesto de trabajo
• En las compensaciones económicas que reciben las empresas que contratan a personas con discapacidad
• En los puestos que una empresa ordinaria reserva a personas con discapacidad dentro de su plantilla

Son el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que facilitan la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en condiciones similares a quienes desempeñan puestos equivalentes. Los servicios de ajuste personal y social los prestan las empresas para la inclusión laboral a través de sus unidades de apoyo; reservar puestos es lo propio de la cuota de reserva, y las compensaciones económicas son una ayuda a otras empresas.

• Que se den de alta con la autorización previa del servicio público de empleo
• Que queden exentas de cotizar a la Seguridad Social durante cinco años
• Que los poderes públicos adopten políticas de fomento del trabajo autónomo
• Que lo ejerzan bajo la tutela de una empresa para la inclusión laboral

El art. 47 manda a los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, adoptar políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia. No impone autorizaciones ni tutelas, y no fija ninguna exención de cuotas.

• No: el principio no impide mantenerlas ni adoptarlas
• Sí: cualquier diferencia de trato en el empleo es discriminatoria
• Solo las permite en el empleo protegido, no en el ordinario
• Solo las permite si las pacta un convenio colectivo sectorial

El art. 40.1 lo dice para garantizar la plena igualdad en el trabajo: la igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas que prevengan o compensen las desventajas ocasionadas por la discapacidad. Tratar igual no prohíbe compensar la desventaja, y la ley no reserva esas medidas al empleo protegido ni las supedita a un convenio.

• El empleo con apoyo, en el protegido; los enclaves, en el ordinario
• El empleo con apoyo, en el ordinario; los enclaves, en el protegido
• Los dos, dentro del empleo protegido, junto a las empresas para la inclusión
• Los dos, dentro del empleo ordinario, en empresas y Administraciones

El art. 37.2 distingue tres tipos de empleo: el ordinario, en las empresas y en las Administraciones públicas, que incluye los servicios de empleo con apoyo y de empleo personalizado; el protegido, en empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y en enclaves laborales, y el autónomo. El empleo con apoyo se presta dentro de una empresa del mercado ordinario; el enclave está en la lista del protegido.

• La de empresas de trabajo temporal especializadas en discapacidad
• La de grandes empresas con planes propios de responsabilidad social
• La de plazas temporales en las Administraciones públicas
• La de cooperativas y otras entidades de la economía social

El art. 39.2 enumera ayudas posibles —subvenciones o préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos o la eliminación de barreras, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social— y cierra con cuantas otras se consideren adecuadas para promover la colocación, «especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social». Ni las empresas de trabajo temporal ni las grandes empresas tienen ahí mención propia, y el acceso al empleo público se rige por su propia normativa.