La interconexión de registros, las plataformas de intermediación y la reutilización de sistemas

• De la identidad del interesado y de su consentimiento expreso
• De la fecha y hora de la transmisión y del procedimiento al que se refiere
• Del contenido íntegro de los datos transmitidos y del titular de estos
• Del coste de la consulta y del organismo al que corresponde pagarlo

El artículo 62.1 pide a las plataformas que registren cuándo se produjo la transmisión (fecha y hora) y para qué: el procedimiento, trámite o actuación al que se refiere la consulta. Es la traza que permite comprobar después que el acceso tenía causa. No les manda guardar el contenido íntegro de lo transmitido ni el consentimiento del interesado, y la regla no trata del coste de la consulta.

• El Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad
• El Real Decreto 208/1996, de información administrativa y atención al ciudadano
• El Real Decreto 1671/2009, de desarrollo parcial de la Ley 11/2007
• El Real Decreto 951/2005, de mejora de la calidad en la AGE

La disposición derogatoria única nombra una sola norma: el Real Decreto 1671/2009, que desarrollaba parcialmente la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el régimen anterior a las Leyes 39 y 40/2015. El Real Decreto 4/2010 sigue vigente: el propio real decreto lo modifica en una de sus disposiciones finales, y el reglamento remite a él para las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones. Los otros dos son normas de información y de calidad que no deroga.

• No: está prevista para cuando lo pide una Administración distinta
• Sí, si los dos órganos lo han previsto antes en un convenio
• Sí, si el expediente ya se ha transferido al archivo electrónico
• Sí, en los mismos términos que entre Administraciones distintas

El artículo 63 regula la remisión por puesta a disposición pensando en el caso de una Administración que pide un expediente a otra, y su apartado 2 extiende el mismo procedimiento a las solicitudes que se producen dentro de una misma Administración Pública. No lo condiciona a un convenio entre los órganos ni a que el expediente esté ya en el archivo.

• Una sede electrónica asociada propia, creada por orden del ministerio
• La que elija, adhiriéndose a la de cualquier Administración Pública
• La sede del PAGe de la Administración General del Estado, sin adhesión
• La sede electrónica asociada del ministerio, adhiriéndose a ella

La disposición adicional cuarta, letra a), convierte en deber lo que el artículo 58 deja como opción: cuando una entidad de derecho privado dependiente de la Administración del Estado ejerce potestades administrativas, tiene que adherirse a la sede electrónica asociada del ministerio con el que está vinculada (o, en su caso, a la del organismo de derecho público del que dependa), mediante instrumento de adhesión. No crea una sede propia ni elige libremente a cuál adherirse.

• Con las áreas personalizadas de la Carpeta Ciudadana estatal
• Con el archivo electrónico único de cada departamento ministerial
• Con la Dirección Electrónica Habilitada única de las notificaciones
• Con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades que tramitan

El artículo 60.3, propio del ámbito estatal y sin carácter básico, añade a la interoperabilidad entre registros una exigencia más: que las aplicaciones del Registro Electrónico General y de los registros de los organismos permitan la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades que tramitan, de modo que lo registrado llegue al expediente. No es ahí donde el reglamento conecta el registro con la Carpeta Ciudadana, el archivo o la DEHú.

• Sí: desde la adhesión es una sede electrónica asociada del organismo
• Solo si el organismo y la Administración titular así lo acuerdan
• No: la adhesión no la constituye como sede electrónica asociada
• Solo cuando la adhesión se publica en el diario oficial que corresponda

El artículo 58 permite a las Administraciones y a sus organismos adherirse, voluntariamente y por instrumento de adhesión, a una sede o sede asociada disponible, de la misma Administración o de otra, y cierra con una salvedad: la adhesión no la constituye como sede electrónica asociada. Adherirse es usar la sede ajena, no tener una propia; el reglamento no deja que un acuerdo entre las partes ni la publicación de la adhesión cambien ese efecto.

• Del ayuntamiento, como Administración competente para tramitarlos
• Del órgano de la Administración del Estado titular de la plataforma
• De quien digan las condiciones de uso aceptadas al adherirse
• De las dos Administraciones, mientras se mantenga la adhesión

El artículo 65.2 lo dice sin rodeos: adherirse a una plataforma, registro o servicio de la Administración General del Estado no supone un cambio de la titularidad de las actuaciones, que sigue correspondiendo a la Administración competente para tramitar el procedimiento. La plataforma es una herramienta; las condiciones de uso que se aceptan al adherirse regulan el servicio, no a quién pertenecen los actos.

• El Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
• La Plataforma de Intermediación de datos
• El Registro Electrónico General de la AGE
• La Red SARA de comunicaciones entre Administraciones

El artículo 60.2 obliga a que las interconexiones entre los registros de las Administraciones se hagan a través del SIR, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y su norma técnica. Los otros tres son del mismo campo y por eso confunden: la plataforma de intermediación sirve para consultar datos y documentos, el Registro Electrónico General es el registro de una Administración y no el cauce entre registros, y el reglamento no encarga ese intercambio a una red de comunicaciones.

• La documentación que acredite la circunstancia que impidió el acceso electrónico
• La autorización expresa del interesado para pedir el documento por otra vía
• La conformidad del órgano cedente con que se use un medio no electrónico
• El informe técnico del gestor de la plataforma que confirme la incidencia

La letra b) del artículo 61.2 trata la excepción: si el acceso electrónico no puede hacerse, el dato se puede solicitar por otros medios habilitados, y se conserva la documentación acreditativa de la circunstancia que lo impidió, incorporándola al expediente. Es el propio órgano tramitador quien deja constancia; el reglamento no le pide para eso una autorización del interesado, la conformidad del cedente ni un informe del gestor de la plataforma.