El Ministerio Fiscal y sus funciones

El art. 10 lo dice al final: «Las Cortes Generales se comunicarán con el Ministerio Fiscal a través de los Presidentes de las Cámaras». Ni las Mesas ni una comisión son ese cauce, y el Gobierno tiene el suyo propio (art. 8), que no sirve a las Cortes.

El art. 7 define la imparcialidad como actuar «con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados». La sujeción a la Constitución y a las leyes es el contenido del principio de legalidad (art. 6), y actuar según las órdenes de los superiores es la dependencia jerárquica: son principios vecinos, no la imparcialidad.

El 3.8 le da un papel de parte: promover los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que procedan, e intervenir en las que promuevan otros. Resolverlos no le corresponde, ni decidir de antemano qué órgano es competente: el fiscal lo pide, y lo decide quien tiene atribuida esa resolución.

El art. 11.Uno marca el camino: se dirigen al Fiscal Superior de la comunidad, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Justicia (así lo nombra el texto: el departamento con las competencias de Justicia), y el Fiscal Superior lo pone en conocimiento del Fiscal General, que resuelve oída la Junta de Fiscales de Sala. El Fiscal General decide, pero no es a quien se dirige la comunidad, y el Gobierno de la Nación no hace de intermediario.

El art. 2.Uno lo define como un órgano de relevancia constitucional «integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial». No está bajo la dirección del Consejo General del Poder Judicial, que gobierna a jueces y magistrados; no es un órgano del Gobierno, con el que solo se relaciona por los cauces del art. 8; y no forma parte del Tribunal Supremo, aunque una de sus Fiscalías actúe ante él.

El art. 5.Dos solo admite la prórroga «acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado». No la acuerda el Fiscal Jefe de quien lleva las diligencias, ni el juez, porque son diligencias del fiscal y no judiciales, ni el Consejo Fiscal, que no tiene esa función.

El 3.14 nombra los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas y, en la misma frase, la defensa de la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención. El Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no aparecen en la lista de funciones del art. 3.

El 3.10 junta a las víctimas con los testigos y los peritos, y le encarga promover los mecanismos previstos para que reciban ayuda y asistencia efectivas. Jurados, intérpretes, abogados, procuradores y policías intervienen en el proceso, pero el precepto no los nombra.

El art. 4.Uno le deja acceder directamente a la información de los Registros oficiales «cuyo acceso no quede restringido a control judicial». La frontera no es quién lleva el registro ni una autorización caso a caso: lo que queda fuera del acceso directo es lo que la ley somete a control judicial.

El art. 5.Uno le da dos salidas: enviar la denuncia a la autoridad judicial o decretar su archivo, y en este último caso le exige notificar la decisión al denunciante. El archivo lo decide el propio fiscal: no necesita la aprobación del juez, ni dar cuenta al Fiscal General, ni pasar por la Junta de Fiscalía.

El art. 2.Dos reserva el nombre: «Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo». La Fiscalía Europea es un órgano de la Unión con su propio nombre, aunque el Estatuto le reconozca competencias; la Abogacía del Estado representa y defiende al Estado en juicio sin ser Ministerio Fiscal; y ejercer una acusación no da derecho a usar esa denominación.

El 3.7 ciñe esa intervención a un tiempo: «en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación». El fiscal cubre el hueco mientras la persona no tiene quien la represente por las vías ordinarias; el precepto no lo ata a la mayoría de edad, ni a la duración del proceso, ni a una instancia.

Seis meses es la regla general del art. 5.Dos; los delitos del art. 19.Cuatro, que son los que corresponden a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, tienen un máximo de doce meses. En los dos casos cabe prórroga por decreto motivado del Fiscal General del Estado.

El párrafo final del art. 3 fija la regla para los procesos no penales: la intervención del fiscal «se producirá en último lugar», salvo que la ley disponga otra cosa o que actúe como demandante, y el supuesto descarta las dos salvedades. El orden no queda al criterio del juez ni se intercala entre las partes.

El art. 5.Dos pone la regla y su única excepción en dos frases seguidas: las diligencias del fiscal «no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos» y, «no obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva». La entrada y registro, la intervención de comunicaciones y la prisión provisional son medidas limitativas de derechos que no se le exceptúan.

El art. 5.Dos les reconoce «presunción de autenticidad», sean del propio fiscal o practicadas bajo su dirección. No las convierte en prueba plena ni preconstituida para el juicio, ni les da fuerza ejecutiva: el mismo artículo manda judicializarlas, con denuncia o querella, si revelan hechos de significación penal.

El 3.4 le encarga «ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos», u oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda, sin limitar las civiles a los casos con menores. La única salvedad que hace el precepto es otra: la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal por los delitos contra los intereses financieros de la Unión que asuma.

El 3.5 distingue dos situaciones. En el proceso penal en general, el fiscal insta de la autoridad judicial las medidas cautelares y las diligencias; en el ámbito de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores, en cambio, instruye él directamente el procedimiento. Instar al juez es la regla general, no la de menores, y la instrucción no se deja a la policía: el fiscal puede ordenarle diligencias, que es otra cosa.

La memoria se eleva al Gobierno (art. 9.1). Las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial reciben una copia, y además el Fiscal General la presenta a las Cortes en el período ordinario de sesiones más próximo a su presentación pública: por eso son los distractores tentadores, pero no son a quienes se eleva.