La unidad y la dependencia del Ministerio Fiscal

El art. 22.Cinco.a, al tratar de cómo organiza el Fiscal Jefe los servicios y el reparto del trabajo, solo reserva a la categoría segunda —la de los Fiscales— dos cosas: intervenir en los procedimientos ante el tribunal del jurado y realizar funciones de visado. La guardia, los asuntos de menores y las ejecutorias no aparecen en esa reserva: se reparten entre los fiscales de la plantilla como el resto del trabajo, y para la Sección de Menores el mismo apartado solo dice que su adscripción la decide el Fiscal Jefe, oída la Junta de Fiscalía.

El primer paso es siempre el mismo, venga de quien venga la orden: informe razonado a su Fiscal Jefe. El Estatuto no le permite negarse sin más ni saltarse la jerarquía yendo al Fiscal General o a una Junta. La Junta de Fiscales de Sala aparece después, y solo si la orden la dio el Fiscal General, que resuelve oyéndola. Vale igual para la orden que se cree improcedente por cualquier otro motivo.

La Junta sirve para mantener la unidad de criterios y debatir, pero no manda: lo que acuerda la mayoría tiene carácter de informe y, después del libre debate, prevalece el criterio del Fiscal Jefe. Ninguna mayoría, simple ni de tres quintos, hace que el acuerdo prevalezca sobre el criterio del Fiscal Jefe. Lo que sí cambia si el Fiscal Jefe se aparta de la mayoría es que tiene que someter las dos opiniones a su superior jerárquico (24.Uno, segundo párrafo).

La cadena territorial es Fiscal General, Fiscal Superior de la comunidad, Fiscal Jefe Provincial y Fiscal Jefe de Área: los Fiscales Jefes Provinciales se subordinan al Fiscal Superior y forman, bajo su presidencia, la Junta de Fiscales Jefes de la comunidad; los de Área, a su vez, se subordinan al Fiscal Jefe Provincial (22.Ocho). El Presidente del TSJ es de la carrera judicial y no manda sobre fiscales. El Fiscal Jefe Inspector inspecciona y el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo sustituye al Fiscal General, pero ninguno es su superior jerárquico.

Para designar a un fiscal en un asunto determinado, ante cualquier órgano jurisdiccional en que el Ministerio Fiscal esté legitimado para intervenir, el Fiscal General oye al Consejo Fiscal. La Junta de Fiscales de Sala es la que oye antes de instruir sobre asuntos que afecten a un miembro del Gobierno (art. 25) y antes de resolver sobre una orden suya que un fiscal cree improcedente (27.Uno). Ni el Fiscal Jefe tiene que estar de acuerdo ni el Ministro de Justicia autoriza nada.

Quien insiste en la orden la ratifica por escrito razonado y releva expresamente al fiscal de las responsabilidades que pudieran derivarse de cumplirla: la responsabilidad no se queda en quien obedece. La otra salida que le da el art. 27.Dos es encomendar el despacho del asunto a otro fiscal. La comunicación al Consejo Fiscal para que exprese su parecer es la de la sustitución del art. 23, no la de la ratificación.

El orden del día lo fija el Fiscal Jefe, pero tiene que incluir lo que propongan por escrito, antes del comienzo, al menos un quinto de los fiscales destinados. El tercio es otra cifra del mismo apartado: la moción con la que los fiscales obligan a convocar una Junta extraordinaria. Las ordinarias se celebran al menos semestralmente.

Para cualquier otro fiscal, las partes acuden a su superior jerárquico; para el Fiscal General, el art. 28 las manda al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Sobre si el Fiscal General interviene decide después la Junta de Fiscales de Sala, presidida por ese mismo Teniente Fiscal. Ni el Presidente del Tribunal Supremo, ni el Consejo Fiscal, ni el Ministro de Justicia tienen papel en esta decisión.

El art. 28 cierra la cuestión dentro del propio Ministerio Fiscal: contra la decisión del superior jerárquico, y contra la de la Junta de Fiscales de Sala cuando se trata del Fiscal General, no cabe recurso alguno. No hay alzada ante el Fiscal General ni ante el Consejo Fiscal, y el órgano judicial del proceso tampoco revisa la decisión. Las causas de abstención son las que la LOPJ establece para jueces y magistrados, en cuanto les sean de aplicación.

Si la orden es del propio Fiscal Jefe y no le convencen las razones, la lleva a la Junta de fiscalía y, una vez que esta se manifiesta, resuelve él definitivamente, reconsiderándola o ratificándola. No la ratifica sin más trámite: la Junta tiene que pronunciarse antes. No la eleva a un superior, porque es él quien resuelve, y el Consejo Fiscal no interviene en este procedimiento.

Es la dependencia jerárquica en acción: el superior inmediato puede, en cualquier momento, avocar el asunto o dárselo a otro fiscal, con resolución motivada. Si hay discrepancia, resuelve el superior jerárquico común a ambos. El Consejo Fiscal no decide la sustitución: se le comunica y puede expresar su parecer. La Junta de Fiscalía no adopta decisiones vinculantes (sus acuerdos son informe, 24.Uno). Y lo del Fiscal General «oído el Consejo Fiscal» es otra facultad, la de designar a cualquier fiscal para un asunto determinado (art. 26), que no excluye la del superior inmediato.

El criterio del Fiscal Jefe prevalece, pero si es contrario al de la mayoría debe someter ambas opiniones a su superior jerárquico. Mientras este resuelve, el criterio del Fiscal Jefe es ejecutivo en lo estrictamente necesario, si el tema lo requiere: el de la mayoría no pasa a vincularle. No hay segunda votación ni decide el Consejo Fiscal. En la Fiscalía del Tribunal Supremo la discrepancia la resuelve el Fiscal General, oído el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala (24.Dos).

La orden sobre un asunto concreto obliga al fiscal a atenerse a ella en sus dictámenes, pero en las intervenciones orales puede desenvolverse libremente en lo que crea conveniente al bien de la justicia. La opción que invierte los términos es la trampa: lo escrito queda atado y lo oral no. Tampoco es cierto que solo vinculen las instrucciones generales: el art. 25 permite órdenes de las dos clases, generales y referidas a asuntos específicos.

Cuando la orden viene de un superior del Fiscal Jefe, se le eleva informe y, si no admite las razones, resuelve él «de igual manera» —reconsiderándola o ratificándola—, pero oyendo antes a la Junta de Fiscalía. No resuelve sin trámite ni pasa la decisión al Consejo Fiscal. La Junta de Fiscales de Sala solo se oye cuando la orden la dio el propio Fiscal General.

El art. 22.Uno lo dice sin matices: el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. Que haya Fiscalías de las comunidades autónomas, provinciales y de área no lo parte en varios: el Fiscal Superior dirige su Fiscalía y representa al Ministerio Fiscal en su comunidad «sin perjuicio de las atribuciones del Fiscal General del Estado» (22.Cuatro), que conserva la jefatura superior en todo el territorio (22.Dos). Que una comunidad gestione los medios materiales y personales de la Justicia tampoco crea un Ministerio Fiscal autonómico.