Las acciones que nacen del delito

Que la acción penal sea pública quiere decir que no es solo de la víctima: el art. 101 la abre a todos los ciudadanos españoles, que la ejercitan con arreglo a las prescripciones de la ley. Es la acción popular, que la Constitución recoge en su art. 125. Limitarla al fiscal y al ofendido, o a quien sufre el delito, es justo lo que el carácter público excluye.

El art. 107 dice que la renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudica más que al renunciante: los demás a quienes también corresponda pueden seguir ejerciéndola o ejercitarla de nuevo. No importa que el otro perjudicado no se haya personado todavía: su derecho no depende de la decisión ajena.

La regla del art. 116 es la independencia: extinguida la acción penal, la civil sigue y se ejercita en la vía civil contra quien deba restituir, reparar o indemnizar. Solo cae con ella si una sentencia firme declara que no existió el hecho del que podía nacer. Absolver por falta de prueba de la participación, o porque el hecho no es delito, no niega que el hecho existiera; y la prescripción del delito deja viva la civil.

El art. 111 admite ejercitar las acciones juntas o por separado, pero mientras la penal está pendiente la civil no se ejercita aparte hasta que aquella se resuelva en sentencia firme, salvo lo de las cuestiones prejudiciales de los arts. 4 a 6. No basta una sentencia recurrida, y las acciones no son independientes en el tiempo: la penal va primero.

La víctima puede ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación. Si llega tarde, cuando ya ha pasado el término del escrito de acusación, el art. 109 bis todavía le deja ejercerla, pero solo adhiriéndose a la acusación del fiscal o de las demás partes y solo hasta el inicio del juicio oral. El límite no es el auto que lo abre, que llega antes, ni ningún trámite de las sesiones: empezado el juicio, ya no cabe.

El art. 117 cierra el título con la otra cara de la independencia: la extinción de la acción civil no arrastra la penal, y la sentencia firme absolutoria del pleito civil no es obstáculo para ejercitarla. Lo juzgado en lo civil no impide perseguir el delito, no exige hechos nuevos ni reduce quién puede hacerlo.

El art. 112 presume que quien ejercita solo la acción penal utiliza también la civil. Para que no sea así tiene que renunciarla o reservarla expresamente para después del juicio criminal: el silencio no es reserva ni renuncia. Así, una sola querella lleva las dos acciones.

El art. 109 bis.3 deja ejercitar la acción penal a las asociaciones de víctimas y a las personas jurídicas que la ley legitima para defender sus derechos, siempre que lo autorice la víctima del delito. La decisión es de ella, no del juez, y no hace falta que haya muerto: para ese caso la ley llama a sus familiares.

Los cónyuges no pueden ejercitar acciones penales entre sí, dice el art. 103, salvo por delito del uno contra la persona del otro o de sus hijos, y por el delito de bigamia. La estafa, la falsedad y la apropiación indebida se dirigen contra el patrimonio o la fe pública, no contra la persona: quedan dentro de la prohibición. Donde el artículo dice «delito o falta», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delito, leves incluidos.

El art. 105.1 obliga al fiscal a ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, «haya o no acusador particular», y solo exceptúa las que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada, como la calumnia o la injuria contra particulares. La renuncia a la acción civil tampoco le aparta: según el art. 108, entonces se limita a pedir el castigo.

El art. 102 aparta de la acción penal a tres: quien no goza de la plenitud de los derechos civiles, quien ha sido condenado dos veces por sentencia firme por denuncia o querella calumniosas, y el juez o magistrado. Una sola condena no basta: hacen falta dos. Ni el procurador ni el policía están en la lista.

El art. 106 es tajante: la acción penal por delito que da lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Lo que esa renuncia sí extingue son las acciones de los delitos que solo se persiguen a instancia de parte y las civiles. Y no hay salvedad para cuando el ofendido es el único perjudicado: la regla vale para todo delito perseguible de oficio. Donde el artículo dice «delito o falta», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delito, leves incluidos.

El art. 108 obliga al fiscal a entablar la acción civil junto con la penal, haya o no acusador particular. Pero si el ofendido renuncia expresamente a la restitución, la reparación o la indemnización, el fiscal ya no la pide: se limita a pedir el castigo. La acción penal no la toca esa renuncia, y nada le lleva a la vía civil.