Las disposiciones preliminares y las reglas de competencia

La jurisdicción ordinaria es siempre competente para prevenir las causas por delitos de aforados (art. 12), pero esa competencia «se limitará a instruir las primeras diligencias»; concluidas, remite las actuaciones al juez o tribunal que deba conocer y pone a su disposición a los detenidos y los efectos. No se queda en recibir la denuncia, porque sí practica diligencias, ni instruye la causa entera; y la detención forma parte de esas primeras diligencias sin que nadie tenga que pedirla.

El art. 15 bis aparta el fuero general del lugar de comisión cuando la instrucción o el conocimiento corresponde a la Sección de Violencia sobre la Mujer, el «Juez de Violencia sobre la Mujer» de la letra: la competencia territorial «vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima». El juez del lugar de los hechos no queda del todo fuera, porque puede adoptar la orden de protección o las medidas urgentes del art. 13. El domicilio del agresor o el lugar de la denuncia no cuentan.

Para los delitos conexos, el art. 18.1 fija un orden: primero, el tribunal del territorio en que se cometió el delito con pena mayor; solo si las penas son iguales, el que primero comenzó la causa; y si empezaron a la vez o no consta cuál empezó, el que designe el superior. Aquí la estafa tiene pena mayor, así que conoce Gijón aunque Avilés empezara antes. El partido sede de la Audiencia Provincial solo tiene preferencia, por el art. 18.2, en los delitos cometidos por varias personas en distintos lugares con concierto previo, y esta falsedad es medio para cometer la estafa.

Cuando la cuestión prejudicial la resuelve el propio tribunal penal (la inseparable del hecho del art. 3 o la del derecho real con título auténtico del art. 6), el art. 7 no le deja aplicar su propio Derecho: se atempera a las reglas del orden al que pertenece la cuestión, el civil o el administrativo. Por eso no rige el Derecho penal, ni el civil como supletorio de una cuestión administrativa, ni la equidad del caso.

El art. 6 permite al tribunal de lo criminal resolver él mismo la cuestión sobre la propiedad de un inmueble u otro derecho real cuando esos derechos «aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión». Lo que decide es la solidez con que consta el derecho, no su valor, la voluntad de las partes ni lo que reconozca el acusado.

El art. 4 permite al tribunal penal fijar a las partes «un plazo, que no exceda de dos meses», para acudir al juez o tribunal civil o contencioso-administrativo competente. Es un techo y no un plazo fijo: el tribunal puede dar menos. Si pasa sin que el interesado acredite haber acudido, el letrado de la Administración de Justicia alza la suspensión mediante diligencia y el procedimiento continúa.

El art. 14 bis zanja la duda: cuando la competencia depende de la gravedad de la pena, «se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física», aunque el procedimiento se dirija solo contra una persona jurídica. No se mira la pena propia de la persona jurídica, ni la más grave que podría imponérsele, ni la que pida la acusación: la competencia se fija por la pena que la ley señala a la persona física.

El segundo párrafo del art. 13 permite acordar como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, tres medidas cautelares en los delitos cometidos por internet, por teléfono o por otra tecnología de la información o de la comunicación: la retirada provisional de los contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrecen y el bloqueo provisional de unos y otros «cuando radiquen en el extranjero». Ese es el único requisito propio del bloqueo: el artículo no lo hace depender de un requerimiento previo, de quién sea la víctima ni de la petición del fiscal.

El art. 13 enumera como primeras diligencias consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, detener en su caso a los presuntos responsables y proteger a los ofendidos o perjudicados. La declaración indagatoria es otra cosa: se recibe al procesado una vez dictado el auto de procesamiento, ya dentro del sumario.

El art. 18.2 añade una regla preferente a las del 18.1 para un solo tipo de conexión, la de varias personas en distintos lugares con concierto previo: conoce el juez o tribunal del partido sede de la Audiencia Provincial, siempre que los delitos se hayan cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno dentro de ese partido. No importa cuál se cometió primero ni dónde empezó la causa, y la ley no deja la elección a la Sala de Gobierno ni a ningún otro órgano.

El art. 2 impone a todos los que intervienen en el procedimiento penal un deber de objetividad: consignar y apreciar las circunstancias «así adversas como favorables al presunto reo». No es tarea reservada a la defensa ni se limita a lo que conste en el atestado. La falta de defensor importa en ese mismo artículo para otra cosa: el deber de instruir al presunto reo de sus derechos y de los recursos que puede ejercitar.

Las cuestiones civiles prejudiciales sobre la validez de un matrimonio o la supresión de estado civil son la excepción del art. 5 a los dos artículos anteriores: «se deferirán siempre» al juez o tribunal que deba entender de ellas, y su decisión «servirá de base» a la del tribunal penal. No las resuelve el tribunal penal aunque estén ligadas al hecho, que es la regla del art. 3, ni le vale un título auténtico, que es el criterio del art. 6 para los derechos reales. Y el «siempre» no depende de que las partes acudan en plazo, como ocurre con las demás cuestiones del art. 4.

Para los delitos del título VIII del libro II del Código Penal, el segundo párrafo del art. 14.3 corrige la regla general: «a los solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, se tendrán en cuenta únicamente las penas de prisión o de multa». Así, las privativas de derechos de larga duración que suelen acompañar a estos delitos no llevan por sí solas la causa a la Audiencia Provincial. Atender a todas las penas, únicas, conjuntas o alternativas, es la regla del primer párrafo, que aquí cede; y la multa sí cuenta, junto a la prisión.

El art. 17.1 parte de que cada delito da lugar a una causa, pero manda investigar y enjuiciar juntos los conexos cuando la investigación y la prueba en conjunto resulten convenientes, «salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso». Que se cometieran en partidos distintos o con penas diferentes no lo impide: el art. 18 resuelve precisamente qué tribunal conoce entonces. Y para los conexos la ley no exige ninguna petición del fiscal.

El art. 13 incluye entre las primeras diligencias la de proteger a los ofendidos o perjudicados, a sus familiares o a otras personas, «o evitar la reiteración delictiva», y para ambas cosas pueden acordarse las medidas cautelares del art. 544 bis o la orden de protección del 544 ter. Asegurar la presencia del investigado o las responsabilidades pecuniarias son fines de otras medidas, como la prisión provisional o las fianzas, y el orden público no aparece en el artículo.

Cuando no consta el lugar de comisión, el art. 15 enumera cuatro fueros —donde se descubrieron pruebas materiales, donde se aprehendió al presunto reo, su residencia y cualquiera que tuviese noticia del delito— y, si se suscita competencia entre ellos, la preferencia va «por el orden con que están expresados». El primero es el de las pruebas materiales: Toledo. La aprehensión y la residencia van detrás, y el art. 15 no da preferencia a quien empezó a conocer.

El art. 1 abre la LECrim con la garantía jurisdiccional: no se impone pena alguna sino conforme a la ley y «en virtud de sentencia dictada por Juez competente». El auto del instructor ordena la causa, pero no condena; la providencia es de mera tramitación, y el fiscal acusa, pero no juzga ni impone nada.

Cuando la cuestión prejudicial es determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el art. 4 aparta la regla general del art. 3: el tribunal penal no la resuelve él mismo, sino que suspende el procedimiento hasta que la decida quien corresponda, y puede fijar un plazo a las partes para acudir al juez o tribunal competente. Resolverla para el solo efecto de la represión es la regla del art. 3, que aquí cede. Suspender no es sobreseer, y la causa penal no se remite a ningún sitio: lo que va al otro orden es la cuestión, de la mano de las partes.

El art. 17.3 permite enjuiciar en la misma causa delitos no conexos de una misma persona, con analogía o relación entre sí y de la competencia del mismo órgano, pero solo «a instancia del Ministerio Fiscal», y siempre que la investigación y la prueba conjuntas resulten convenientes sin excesiva complejidad o dilación. El tribunal no lo acuerda de oficio, y la ley no da esa iniciativa a las demás partes ni al acusado.

El art. 14.3 da a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde se cometió el delito las causas con pena privativa de libertad «de duración no superior a cinco años», las de multa de cualquier cuantía y las de otras penas de distinta naturaleza que no excedan de diez años: los diez años son de esas otras penas, no de la prisión. Por encima de cinco, el art. 14.4 lleva la causa a la Audiencia Provincial. Nueve años es otra frontera, la del procedimiento abreviado (art. 757), y por eso la Audiencia Provincial también juzga causas del abreviado; seis años no marcan ninguna frontera en el art. 14.