La inspección ocular, el cuerpo del delito y los efectos judiciales

La entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones es una de las tres formas de realizar los efectos, junto a la persona o entidad especializada y la subasta pública, y el art. 367 quinquies la reserva para el efecto de ínfimo valor o para cuando realizarlo por las otras dos vías se prevea antieconómico. No depende de que la pida la entidad, de que el dueño sea desconocido ni de que fracasen antes las subastas.

El art. 367 sexies admite la utilización provisional en dos casos: cuando concurre alguno de los supuestos de las letras b) a f) de la realización anticipada y usarlos aprovecha mejor su valor que venderlos, o cuando se trata de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público. El consentimiento del investigado no es el criterio, y la ley no lo mide contra las responsabilidades civiles ni lo liga al sobreseimiento.

El art. 329 permite retener en el lugar a quienes estaban en él y hacer comparecer de inmediato a quienes se encuentran cerca, y les toma declaración «a todas separadamente»: así ninguna oye lo que dicen las demás y su versión no se contamina. Una declaración conjunta perdería justo eso; tampoco se hace por escrito ni depende de que la propongan las partes.

En el sumario, el art. 343 no deja que una causa aparente sustituya a la autopsia: se practica «aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte», por los médicos forenses o por los que el juez designe, que informan sobre el origen del fallecimiento. No depende de los familiares ni de que la pida una acusación. Distinto es el procedimiento abreviado, donde el art. 778 permite al juez prescindir de ella en ciertos casos: este enunciado fija el sumario.

Si concurre uno de los supuestos del apartado 1, el juez acuerda la realización —de oficio o a instancia del fiscal, de las partes o de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos— salvo en dos casos: que esté pendiente el recurso del interesado contra el embargo o el decomiso de los bienes, o que la medida resulte desproporcionada. El abandono expreso del propietario es justamente uno de los supuestos que la permiten, y la petición de la Oficina es una de las vías para pedirla.

El art. 367 quater permite realizar antes de la sentencia los efectos de lícito comercio que sean perecederos, abandonados, caros de conservar o peligrosos, entre otros, «siempre que no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento»: lo que sirve de prueba no se vende. El valor del bien, que se hubiera embargado a un tercero o que sea un vehículo no lo excluyen.

El art. 366 da a estas diligencias preferencia sobre las demás del sumario, porque los vestigios se pierden, y solo admite dos motivos para suspenderlas: asegurar la persona del presunto culpable o dar el auxilio necesario a los agraviados por el delito. Ni la falta de defensor ni la ausencia del fiscal las detienen (el art. 333 ya dice que no se suspenden porque falte el procesado o su defensor), y los testigos no van antes.

El párrafo tercero del art. 326 deja al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) dos caminos: adoptar él las medidas o ordenar que las adopte la Policía Judicial o el médico forense, para que la recogida, la custodia y el examen de las muestras se hagan en condiciones que garanticen su autenticidad. Ni el letrado ni el fiscal ni los peritos de las partes reciben ese encargo: lo que la ley busca es una cadena de custodia en manos de quien investiga o de quien hace la medicina legal.

El art. 354 da prioridad a que el tren siga su marcha: solo se detiene «el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía», después de hacer constar su situación y estado. A la autoridad que debe instruir y acordar el levantamiento se la avisa, pero el tren no la espera; y el examen del forense no se hace con el tren parado.

El art. 353 resuelve la ausencia del juez (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) con una delegación: «delegará en un funcionario de Policía judicial», y el letrado da fe de su asistencia y de lo que ocurra (el «Secretario de la causa» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). La autopsia no se aplaza por eso, el fiscal no sustituye al juez y el forense practica la operación, pero no es quien da fe de ella.

Como regla, el art. 365 oye al dueño o perjudicado y acuerda después el reconocimiento pericial; pero para las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales fija un criterio propio: «su precio de venta al público». No vale el precio de coste al proveedor, que rebajaría el valor, ni un precio medio de mercado, ni la cifra que declare el perjudicado.

El art. 341 fija la exposición «por tiempo a lo menos de veinticuatro horas», con un cartel en la puerta del depósito que dice el sitio, la hora y el día del hallazgo y el juez que instruye, para que quien sepa algo lo comunique al juez. La cifra es un mínimo, no un máximo, y es la única que da el artículo.

El art. 367 bis define los efectos judiciales por su situación en el proceso, no por su relación con el delito: lo son todos los bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal. Haber servido para cometer el delito no basta si el bien no se ha intervenido; tasarlo no lo convierte en efecto judicial, y que la víctima lo reclame tampoco.

El art. 367 septies limita el encargo a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal, y el juez puede hacerlo de oficio o a instancia del fiscal o de la propia Oficina. No alcanza a cualquier delito patrimonial ni se mide por el valor, y el abandono del propietario es un supuesto de realización anticipada (art. 367 quater), no de este encargo.

Con las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el art. 367 ter da la iniciativa a la autoridad administrativa que las custodia: hechos los análisis, conservadas las muestras y comunicado al juez instructor, las destruye si en el plazo de un mes la autoridad judicial no ha ordenado, por resolución motivada, su conservación íntegra. El mismo mes vale para los efectos de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, contado desde la solicitud de destrucción.

El art. 333 da al procesado el derecho a presenciar la diligencia, solo o con su defensor, y a hacer observaciones; por eso se le comunica el acuerdo con la anticipación que permita su índole (el «Secretario judicial» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). Pero el derecho no paraliza la investigación: la diligencia «no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor». No hay un nuevo señalamiento ni una ratificación posterior.

El art. 367 ter permite destruir los efectos, dejando muestras suficientes, cuando lo aconseja su naturaleza o el peligro de guardarlos, «previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados». La Policía Judicial que los intervino no es parte de esa audiencia, y la ley no la abre a todas las partes. Oír al propietario tampoco es pedirle permiso: la destrucción no necesita su consentimiento.

El art. 330 no deja que la falta de vestigios cierre la investigación: el juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) averigua si las pruebas materiales desaparecieron de forma natural, casual o intencionada, y con qué causas o medios, y después recoge las pruebas de cualquier clase que pueda obtener. La ley no le pide fijar quién custodiaba el lugar ni buscar la confesión del investigado, y el consentimiento de la víctima no decide nada en un delito público.

El art. 334 manda restituir de inmediato a la víctima lo que es suyo y, aunque deba conservarse como prueba, también se le devuelve en el acto si su conservación puede garantizarse imponiéndole el deber de mantenerlo a disposición del juez o tribunal. Esperar a la sentencia firme es justo lo que la ley quiere evitar; y ni la conformidad del investigado ni una tasación previa son requisitos.

El art. 332 manda extender por escrito todas las diligencias del capítulo «en el acto mismo de la inspección ocular», y las firman el juez instructor, el fiscal si asistió, el letrado y las personas presentes (el «Secretario» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). Escribirlas después, aunque fuera al día siguiente o al cerrar el sumario, restaría fiabilidad a lo que se vio; y no dependen de que nadie lo pida.