La identidad del delincuente, las declaraciones de los procesados, los testigos y los careos

El art. 384 bis exige dos cosas —auto de procesamiento firme y prisión provisional decretada— por un delito de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. Con ellas, la suspensión es automática: no la acuerda nadie más. Y es una suspensión, no una pérdida del cargo, que dura lo que dure la prisión.

El art. 375 manda traer al sumario la certificación de nacimiento del procesado para acreditar su edad. Pero si no se sabe dónde consta, no existe o traerla llevaría mucho tiempo, el sumario no se detiene: la suplen los informes que, previo examen físico del procesado, den los médicos forenses o los que nombre el juez. La ley no se conforma con lo que diga el procesado, ni con testigos, ni con lo que conste en la policía para fijar la edad.

El art. 386 permite prorrogar las veinticuatro horas por otras cuarenta y ocho si media causa grave, que se expresa en la providencia que acuerda la prórroga. Juntos, los dos plazos suman setenta y dos horas. No hay que confundirlo con las veinticuatro horas del art. 496, que son el plazo para poner al detenido en libertad o entregarlo al juez.

La resistencia de las personas de los apartados 3 y 5 del art. 412 —entre ellas, diputados y senadores— a declarar cuanto saben se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, para los efectos que procedan (art. 414). Comunicarlo al Ministerio de Justicia y abstenerse de todo procedimiento es lo previsto para los miembros de las oficinas consulares. Y la conducción por los agentes es la consecuencia del art. 420 para el testigo que no concurre, del que la ley excluye a las personas del art. 412.

Los hermanos del procesado están entre los parientes dispensados de declarar, vivan o no con él (art. 416.1), pero la dispensa no se aplica cuando el testigo «esté o haya estado» personado como acusación particular. El tiempo verbal es lo que decide: no pierde la dispensa por apartarse, sino por haber acusado, y apartarse no se la devuelve.

El art. 383 manda archivar la causa, concluso el sumario, hasta que el procesado recobre la salud; si hay otros procesados por el mismo delito, la causa sigue solo respecto de ellos. La demencia que llega después del delito no le exime de responsabilidad, porque cuando actuó estaba sano: por eso no hay sobreseimiento libre, sino una espera. El examen de los médicos forenses es lo que se hace durante la instrucción en cuanto hay indicios de enajenación (art. 381), no lo que se hace con la causa al concluir el sumario.

El art. 425 manda avisar al superior inmediato, a la vez que se cita, para que le nombre sustituto durante su ausencia si el interés o la seguridad pública lo exigen. No se pide permiso para declarar: la autorización del superior solo entra en juego para el funcionario que actúa por obediencia debida (art. 417.2.º). La citación por conducto del jefe es la de ciertos empleados que el art. 422 enumera, y el informe por escrito, el de los altos cargos del art. 412.2.

El art. 449 bis no deja que la ausencia del investigado debidamente citado frustre la prueba preconstituida, pero exige siempre la presencia de su defensa letrada: la contradicción la garantiza el abogado. Si el defensor no comparece sin justificación o hay urgencia, el acto se hace con un abogado de oficio designado al efecto. Lo practicado así es prueba preconstituida, y se valora conforme al art. 730.2.

El art. 449 remite a la forma del art. 448 —declaración ante el juez, con presencia y repreguntas de las partes—, pero suprime la espera: con peligro inminente de muerte se procede con toda urgencia, aunque el procesado no pueda ser asistido de letrado. Las veinticuatro horas para nombrar abogado son del caso ordinario del art. 448, que aquí no hay tiempo de cumplir.

El art. 420 distingue dos resistencias. Al que no comparece y persiste, lo conducen los agentes ante el juez y se le persigue por obstrucción a la justicia (art. 463.1 del Código Penal). La desobediencia grave es para el segundo caso: el testigo que comparece pero se resiste a declarar lo que sabe.

Los miembros del Gobierno están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar: sobre lo que conocen por razón de su cargo pueden informar por escrito (art. 412.2). La declaración en su domicilio o despacho oficial es para lo que no conocieron por razón del cargo (art. 412.3), y el enunciado dice lo contrario. Su testimonio no depende de ninguna autorización del Consejo de Ministros, y nada le exime del juramento si comparece.

El art. 406 dice que la confesión no dispensa al juez de instrucción —hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia— de practicar todas las diligencias necesarias para convencerse de que es verdad y de que el delito existió; por eso, además, interroga al confeso sobre todas las circunstancias del hecho. Confesar no cierra el sumario ni releva a nadie de probar, y no abre por sí la conformidad, que se presta después, al calificar o al empezar el juicio oral.

Contra el auto que deniega el procesamiento, el art. 384 solo concede la reforma a quien lo pidió, y contra el que desestima esa reforma no cabe apelación ni ningún otro recurso. Lo que sí puede hacer es reproducir la petición ante la Audiencia —el tribunal que ha de juzgar— al evacuar el traslado del art. 627, que la resuelve al dictar el auto del art. 630. La apelación en un efecto en cinco días es la del procesado contra el auto que deniega la reforma de su procesamiento, no la del acusador al que se le deniega.

El testigo declara de viva voz y no puede leer ninguna declaración ni respuesta que traiga escrita, pero sí consultar algún apunte o memoria con datos difíciles de recordar (art. 437). Que el juez permita redactar una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar es una posibilidad que el art. 390 da al procesado, no al testigo.

El art. 433 permite a la víctima que declara como testigo hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección; el juez solo puede negarle la segunda, motivadamente, para garantizar el buen desarrollo de la diligencia. La compañía la elige la víctima, no el juez, y no se limita a su abogado. La regla de que los testigos declaran separada y secretamente cede aquí ante la víctima.

El art. 388 enumera lo que se pregunta al procesado en su primera declaración: sus datos personales, si tiene hijos, si fue procesado antes, por qué delito y con qué pena, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo de su procesamiento. Si tiene amistad o parentesco con las demás partes es lo que se pregunta al testigo para valorar su imparcialidad (art. 436), no al procesado.

El careo es una diligencia subsidiaria: el art. 455 solo lo admite cuando no se conoce otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados. No basta con que lo pida una parte ni con que un testigo cambie su versión.

El cónyuge del procesado está entre los dispensados de declarar (art. 416.1), pero la dispensa tiene cinco excepciones, y la primera es esta: no se aplica cuando el testigo tiene atribuida la representación legal o la guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. Que los hechos ocurrieran en casa, que los conociera antes de casarse o que el procesado haya confesado no figuran entre esas excepciones, y no le quitan la dispensa.

El art. 452 describe el careo paso a paso: el letrado de la Administración de Justicia lee las declaraciones, el juez pregunta si se ratifican —recordando a los testigos su juramento y las penas del falso testimonio— y después les manifiesta las contradicciones y les invita a ponerse de acuerdo. El juez no resuelve en el acto qué versión es más creíble: eso se valora después.

Para asegurar la contradicción, el art. 448 manda que el letrado de la Administración de Justicia (en el texto, «Secretario judicial») haga saber al reo que nombre abogado en el término de veinticuatro horas; si no lo hace, se le nombra de oficio. Pasado ese término, el juez vuelve a examinar al testigo ante el procesado y su defensor, y el fiscal y el querellante pueden asistir y repreguntar.