El derecho de defensa y a la traducción e interpretación

La letra g) del art. 118.1 no plantea el silencio como un todo o nada: reconoce el derecho a guardar silencio y a no prestar declaración, y también a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Puede, pues, elegir a quién y a qué responde, sin pedir permiso a nadie y sin tener que justificar que la respuesta le incriminaría. No declarar contra sí mismo y no confesarse culpable es un derecho aparte, la letra h).

El art. 118.3 distingue dos casos. Si el investigado los pide, o si no tiene aptitud legal para nombrarlos, se le designan de oficio desde luego. Si no los ha nombrado ni pedido, se le requiere para que lo haga —o se le nombran de oficio si no atiende el requerimiento— cuando la causa llega a un estado en que se necesita su consejo o hay que intentar un recurso que hace indispensable su actuación. Que no los pida no le deja sin defensa, y la designación no depende de su falta de medios, que es lo que decide la asistencia jurídica gratuita.

El art. 123.2 no deja que la falta de medios pare el juicio ni que se rebaje la interpretación: si no hay interpretación simultánea, se hace consecutiva, de modo que se garantice suficientemente la defensa. El resumen oral existe, pero en el art. 123.3 y para otra cosa: sustituir, excepcionalmente, la traducción escrita de un documento. Las actuaciones del juicio oral se interpretan todas (letra c del art. 123.1), y ese derecho no se puede renunciar (art. 126).

El art. 124.1 parte de la regla —el traductor o intérprete judicial se designa entre los incluidos en los listados de la Administración competente— y prevé la urgencia: si no puede intervenir ninguno de ellos, tampoco por videoconferencia (art. 123.5), se puede habilitar como intérprete o traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma que se estime capacitada. No se actúa sin intérprete ni se espera a ampliar las listas, y el Colegio de Abogados no tiene turno de intérpretes.

El art. 126 pide que la renuncia sea expresa y libre, y solo la da por válida si llega después de que el investigado o acusado haya recibido un asesoramiento jurídico suficiente y accesible, que le permita conocer sus consecuencias. No exige una forma ante el letrado ni una autorización judicial. Y hay dos derechos a los que no se puede renunciar en ningún caso: el intérprete en todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia y la interpretación de todo el juicio oral (letras a y c del art. 123.1).

El art. 118.2 fija el arco entero: el derecho de defensa se ejerce, sin más limitaciones que las que la ley prevé expresamente, desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. No se agota con la sentencia, ni con la de primera instancia ni con la firme: sigue durante la ejecución, mientras la pena no se haya extinguido. La apertura del juicio oral es un momento intermedio del proceso, no su límite.

El art. 118.4 declara confidenciales todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado. Si se captan durante una diligencia, el juez ordena eliminar la grabación —o entregar al destinatario la correspondencia detenida— y deja constancia en las actuaciones: no se guarda en ninguna pieza ni se espera al resultado del juicio. La confidencialidad solo cede cuando hay indicios objetivos de que el abogado participó en el hecho investigado o en otra infracción junto con el investigado, que el enunciado descarta.