La Policía Judicial y el atestado

El art. 293 dice que las personas presentes, peritos y testigos que intervinieron en las diligencias del atestado «serán invitadas a firmarlo» en la parte que les afecta, y que si no lo hacen «se expresará la razón». Es una invitación, no una obligación: no hay apercibimiento de desobediencia, ni firma sustitutoria, ni comparecencia ante el juez para ratificar.

El art. 284.1 manda participar el delito «inmediatamente» a la autoridad judicial o al fiscal si pueden hacerlo sin cesar en las diligencias de prevención; si no, «así que las hubieren terminado». La ley no les obliga a interrumpirlas, no espera a la remisión del atestado ni a que se lo pidan, y el art. 295 pone además un límite máximo de tiempo.

El art. 282 bis.2 es tajante: «Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto». Por eso no hay corrección disciplinaria (la del art. 290 es para quien se excusa sin causa legítima de cumplir una orden) ni resolución judicial que lo imponga, y la escala de faltas grave y muy grave es la del art. 295, para quien no da cuenta a tiempo de sus diligencias.

El art. 282 bis.4 define la delincuencia organizada como «la asociación de tres o más personas» para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas dirigidas a cometer alguno de los delitos que enumera. Dos personas no bastan, y la ley no pide cuatro ni cinco.

El art. 295 prohíbe dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento de las diligencias a la autoridad judicial o al fiscal, salvo fuerza mayor y el atestado sin autor conocido del art. 284.2. Quien se excede incurre en falta grave la primera vez y muy grave las siguientes; y quien, sin pasar de ese límite, se demora más de lo necesario, también se corrige.

El art. 288 permite al fiscal y al juez entenderse directamente con cualquier funcionario de Policía Judicial, sea cual sea su categoría; pero si el servicio admite espera, deben acudir a su superior respectivo, mientras no necesiten su auxilio inmediato. Dirigirse directamente al funcionario es lo propio de lo urgente, y la LECrim no remite a ninguna comisión ni al delegado del Gobierno.

El art. 285 dice que, si concurre un funcionario de Policía Judicial de categoría superior, el que estaba actuando debe darle conocimiento de cuanto haya practicado y ponerse «desde luego» a su disposición. No sigue por su cuenta hasta el final, no se aparta del caso y no necesita consultar al juez.

El art. 298 manda comunicar «cada semestre», con referencia al registro reservado, la calificación razonada del comportamiento de cada funcionario a sus superiores, para los efectos a que haya lugar. Ni anual ni con más espacio: dos veces al año.

Sin autor conocido, el art. 284.2 manda conservar el atestado a disposición del fiscal y del juez sin enviárselo, salvo en tres casos: que una diligencia practicada pasadas setenta y dos horas dé algún resultado, que lo pidan, o que el delito sea contra la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad sexuales o relacionado con la corrupción. El hurto, el robo y los delitos contra la seguridad colectiva o el orden público no están en esa lista, por frecuentes que sean: su atestado se conserva sin enviarlo.

El art. 283 hace a quienes forman la Policía Judicial auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, obligados a seguir las instrucciones que de ellos reciban para investigar los delitos. La ley pone a los dos al mismo nivel: el fiscal no necesita permiso del juez ni dirige en exclusiva, y los mandos del cuerpo no sustituyen a esas autoridades.

El art. 282 impone a la Policía Judicial averiguar los delitos públicos, comprobarlos y recoger sus efectos; en los que solo se persiguen a instancia de parte legítima tiene «la misma obligación», pero solo «si se les requiere al efecto». Que el hecho ocurra en su demarcación o que haya riesgo de perder las pruebas describen la obligación general de los delitos públicos, no lo que la activa en estos, y la ley no espera a que se admita una querella.

Según el art. 290, si la causa de la excusa no es legítima, quien dio la orden lo pone en conocimiento del superior jerárquico del que se excusa para que le corrija disciplinariamente, salvo que haya incurrido en mayor responsabilidad; el superior le comunica después lo que resuelva. La corrección es del superior jerárquico del funcionario: no la ejerce el fiscal ni el CGPJ, que no gobierna a la policía.

El art. 297 dice que los atestados y las manifestaciones de la Policía Judicial a consecuencia de sus averiguaciones «se considerarán denuncias para los efectos legales». El valor de declaración testifical lo tienen sus demás declaraciones, firmadas y en lo que se refiera a hechos de conocimiento propio, y en el juicio oral las que presten ante el tribunal (art. 717): es el distractor tentador, pero no es el del atestado.

El último párrafo del art. 282 dice que la ausencia de denuncia no impedirá las primeras diligencias de prevención y aseguramiento en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Para las injurias y calumnias entre particulares, el descubrimiento de secretos y los daños imprudentes, que por regla general solo se persiguen con querella o denuncia del agraviado, la LECrim no prevé esa salvedad: la Policía actúa si se le requiere.

El art. 282 bis.1 da la autorización al juez de instrucción competente o al Ministerio Fiscal, que debe dar cuenta inmediata al juez. El Ministerio del Interior no autoriza: es quien otorga después la identidad supuesta. Y los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial pueden autorizar la circulación o entrega vigilada (art. 263 bis), no el agente encubierto. La ley nombra al «Juez de instrucción»: hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 286 manda que, cuando el juez se presenta a formar el sumario, cesen las diligencias de prevención de cualquier autoridad o agente de policía, que se las entreguen en el acto junto con los efectos recogidos y que pongan a su disposición a los detenidos. No siguen hasta el atestado ni pasan por el fiscal. La ley nombra al «Juez de instrucción»: hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 292 añade al atestado un informe que da cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca, cuando así conste en las bases de datos policiales. Los antecedentes penales son del Registro Central, que no lleva la policía, y la ley no menciona ni el patrimonio ni las denuncias anteriores.