Las telecomunicaciones: objeto y servicios para la seguridad y la defensa

El art. 4.5 las quiere disponibles en la normalidad y en la crisis, y además en los supuestos de las leyes que enumera, entre ellos los estados de alarma, excepción y sitio. Esos estados tientan porque el apartado los nombra, pero se añaden a la normalidad, no la sustituyen. Tampoco depende de que nadie lo solicite.

Los servicios de la sociedad de la información quedan fuera, pero el art. 1.2 lo limita con una salvedad: «en tanto en cuanto no sean asimismo servicios de comunicaciones electrónicas». Si lo son, la exclusión deja de alcanzarlos. El control editorial tienta porque sale en la misma frase, pero es otra actividad excluida, no la condición de esta.

La letra i) del art. 3 pide fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación, y por eso no cabe la uniformidad, que es decantarse por una sola tecnología. Los dos «Limitar» contradicen la letra g), que quiere posibilitar la coinversión y el uso compartido.

El art. 1.1 aplica la ley a ese dominio público cuando lo usa cualquier red de comunicaciones electrónicas, pública o no, y sea cual sea el servicio que lo utilice. Por eso lo tentador, reservarla a las redes públicas o esperar a que preste servicio al público, añade una condición que el texto no pone.

La letra h) del art. 3 pone esos dos ejemplos, la numeración y el espectro radioeléctrico. Las redes de muy alta capacidad salen en otras letras del artículo como algo que fomentar y desplegar, no como recurso limitado; los equipos terminales, en la letra l) y en el art. 1.

El art. 4.2 dice las dos cosas a la vez: quedan reservadas al Estado y su norma es la específica. Por eso se equivoca quien piensa que aquí sigue mandando la regla general de la libre competencia del art. 2.1, y también quien da por hecho que, siendo telecomunicaciones, las rige esta misma ley.

Interés general no quiere decir servicio público: el art. 2.1 los presta en libre competencia, y el 2.2 reserva lo de servicio público a una parte concreta de la ley. La gestión directa del Estado existe, en el art. 4.6, pero es excepcional y transitoria, no el régimen general.

La letra g) del art. 3 va «reduciendo progresivamente» esa intervención, mientras favorece la coinversión, el uso compartido y la innovación. No la suprime de golpe ni la deja igual: el adverbio es lo que se pregunta.

El art. 4.1 lo limita a los servicios de ese artículo, y el 2.2 lo confirma. El título III tienta porque el 2.2 lo nombra en la misma frase, pero lo que regula son las obligaciones de servicio público, otra cosa. Ser de interés general no convierte a un servicio en servicio público, y la libre competencia es el régimen general del art. 2.1, no esta consideración.

El criterio del art. 4.2 es la actividad, no quién sea el dueño ni quién la explote: basta que desarrolle actividades esenciales para la seguridad y la defensa nacionales. El apartado no pide que sea propiedad de Defensa, ni que la explote el Estado, ni una declaración de ningún órgano.

El control es judicial y va después del acuerdo: el Gobierno tiene el plazo más corto para comunicarlo y el órgano jurisdiccional, el más largo para decidir si respeta los derechos fundamentales y las libertades públicas. Si no los respeta, lo anula. El art. 4.6 no da aquí ningún papel al Congreso.