La protección civil: objeto, definiciones y Sistema Nacional

El art. 3.1 integra la actividad de todas las Administraciones Públicas «en el ámbito de sus competencias»: integrarlas no traslada esas competencias al Estado por delegación ni las pone bajo un mando. Tampoco depende de una declaración: entre sus actuaciones están prever y planificar, que van antes de cualquier emergencia. La dirección que asume el Ministro del Interior en la emergencia de interés nacional es otra cosa, y está en el art. 30.1.

El art. 4.2 la pone en manos del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Ministros tienta porque aprueba otros instrumentos de esta ley, pero no este. El Consejo Nacional de Protección Civil se parece en el nombre y no aparece en este apartado, y tampoco el Presidente del Gobierno.

Vulnerabilidad es lo único de los cuatro que el art. 2 pone en la propia colectividad. La amenaza es una situación de exposición, y la emergencia y la catástrofe son situaciones o acontecimientos que le ocurren.

El art. 3.2 enumera colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Jerarquía, descentralización y desconcentración suenan porque son principios de la Administración Pública en el art. 103.1 de la Constitución, pero el art. 3.2 no los nombra.

El art. 1.1 no distingue por el origen: la protección civil responde ante emergencias y catástrofes de causas naturales o derivadas de la acción humana, y añade «sea ésta accidental o intencionada». Lo provocado a propósito entra. Tienta sacarlo de aquí como cosa de orden público, pero el mismo apartado define la protección civil como instrumento de la política de seguridad pública. Y el artículo no pone como condición ninguna declaración.

Al definir la emergencia de protección civil, llamada también extraordinaria, el art. 2 la contrapone a la ordinaria con un único criterio: la afectación colectiva, que esta no tiene. Ni el origen, ni los daños, ni quién la gestiona entran en esa contraposición, aunque lo primero que se piensa de una emergencia menor sea que causa pocos daños o que no requiere a la Administración.

El art. 1.2 fija un objeto doble: establecer el Sistema Nacional y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. «Cada una de las Administraciones» tienta porque el Sistema sí integra la actividad de todas (art. 3.1), pero integrar su actividad no es regular sus competencias: las que esta ley se propone regular son las del Estado.

El art. 4.1 lo atribuye al Consejo Nacional de Protección Civil, junto con las directrices para implantarla, seguirla y evaluarla. Las comunidades autónomas tientan porque forman parte de él (art. 39.2), pero es el Consejo quien aprueba, no cada una por su cuenta. Tampoco su Comisión Permanente: el art. 39.2 reserva esa aprobación al Pleno. Ojo con los nombres: la otra Estrategia, la Nacional del art. 4.2, sigue otro cauce, y sus órganos no se cruzan con estos.

El art. 2 reserva ese rasgo a la catástrofe, que además altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de la comunidad. La emergencia de protección civil tienta por vecina, pero se define por el peligro inminente y la gestión rápida de los poderes públicos, que busca precisamente evitar que se convierta en catástrofe. La ordinaria solo se nombra por contraposición a ella, y el riesgo colectivo es lo que caracteriza a esa emergencia, no algo cuya atención desborde unos medios.