La prevención de riesgos laborales: ámbito y definiciones

El art. 1 no reduce la normativa a la Ley y sus desarrollos: suma «cuantas otras normas, legales o convencionales» contengan prescripciones sobre medidas preventivas en el ámbito laboral. Un convenio es una norma convencional, y el artículo no pide que nadie lo homologue. Lo tentador es pensar que la prevención solo se regula por ley, pero el texto dice lo contrario.

Para este personal, la letra a) declara normas básicas los artículos que relaciona «en el sentido previsto» en el art. 149.1.18.ª de la Constitución, el de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. El 149.1.7.ª es tentador porque la disposición lo nombra en su apartado 1, pero allí es para decir que la Ley constituye legislación laboral. La Seguridad Social (17.ª) y la sanidad (16.ª) son otras materias, y esta disposición no las nombra.

El art. 3.1 abarca tanto las relaciones laborales como las de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, y a estas con las peculiaridades que prevén la Ley o sus normas de desarrollo. No hace falta adhesión alguna, y que el Estatuto de los Trabajadores no regule su relación no deja fuera a un funcionario.

La exclusión no alcanza a toda la función, sino a las actividades «cuyas particularidades lo impidan». El art. 3.2 usa el mismo criterio para los servicios operativos de protección civil y el peritaje forense, y para las Fuerzas Armadas y las actividades militares de la Guardia Civil. La referencia al grave riesgo, la catástrofe y la calamidad pública acompaña a la protección civil y al peritaje, no a la policía. Y aun lo excluido no queda sin referencia: la Ley inspirará su normativa específica.

Lo inminente aquí es la exposición, no el daño. Basta con que sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición de la que puedan derivarse daños graves, «aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata». Exigir que el daño aparezca enseguida dejaría fuera justo lo que este párrafo añade, y tampoco hace falta esperar a que la exposición se haya producido.

El «riesgo laboral» es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, y su gravedad se califica con dos factores: la probabilidad de que el daño se produzca y su severidad. La frecuencia suena a estadística de accidentes y la duración de la exposición, a higiene industrial, pero ninguna de las dos figura en esta definición.

«Potencialmente» significa que el riesgo se mira en ausencia de las medidas preventivas específicas: son los que, sin ellas, originan riesgos para la seguridad y la salud de quienes los desarrollan o utilizan. Por eso no importa que las medidas, una vez puestas, eliminen el riesgo, y tampoco hace falta que ya se haya causado un daño.

El criterio es el vínculo con el trabajo: «con motivo u ocasión» de él. La definición no exige que el daño ocurra dentro del centro, ni que cause una baja, ni que lo reconozca la Seguridad Social.

Lo que lo hace individual es que el trabajador lo lleva o lo sujeta, y la definición alcanza además a «cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin». Lo instalado en el puesto no encaja en ella. Tampoco hay que confundirlo con el «equipo de trabajo» del 4.6.º, que es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

La definición no se queda en lo material. Las letras a) a c) nombran locales, instalaciones, equipos, productos y agentes, pero la d) añade todas las demás características del trabajo, «incluidas las relativas a su organización y ordenación», que influyan en la magnitud de los riesgos. Que organizar el trabajo sea cosa de la dirección no lo saca de la definición, y esta no pide declaración de nadie.