Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y las disposiciones comunes

El art. 29, rotulado «Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal», dice que las Oficinas prestarán apoyo a los servicios de justicia restaurativa y demás procedimientos de solución extraprocesal que legalmente se establezcan. Con otros órganos, la ley les encarga coordinarse (art. 28.1.f y g, también con jueces, tribunales y Ministerio Fiscal), que no es prestarles apoyo en sus tareas. No apoyan la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, ni la redacción del atestado, que es de la policía, ni la valoración forense de los daños.

El art. 35.1 fija un recargo propio: los gastos y servicios se abonan «con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento». No es el interés legal sin más, sino ese interés más la mitad, y la ley no da otra cifra: ni el diez, ni el veinticinco, ni el doble. Cómo se liquida la deuda y cuánto corresponde a cada concepto lo deja el art. 35.2 al reglamento, pero el cincuenta por ciento lo pone la ley.

El art. 28.4 abre los servicios de apoyo a los familiares de la víctima «cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad», y deja al reglamento el resto del régimen. Lo que cuenta no es la pena con la que el Código Penal castiga el delito, sino los perjuicios que ha causado: un delito de pena menos grave puede abrirles el acceso y uno de pena grave sin esos perjuicios, no. Tampoco hace falta que los familiares se personen en la causa ni que la víctima los autorice. El distractor de la pena grave tienta porque comparte la palabra con la clave; la ley mide el daño, no la pena.

El art. 35.1 hace nacer esta obligación de reembolso de una causa: que quien se benefició como víctima «fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito». Entonces devuelve las ayudas y paga los gastos que causó a la Administración. Retirar la denuncia, el archivo por prescripción o irse a vivir a otro Estado de la Unión no la hacen nacer. Las ayudas de la Ley 35/1995 tienen su propia acción de repetición del Estado, con sus causas, distinta de esta. No hay que confundirla con el reembolso de gastos del art. 14, que es otra figura.

La primera letra del art. 28.1 es la información general sobre sus derechos y, en particular, sobre la posibilidad de acceder a un sistema público de indemnización. Las Oficinas informan y asesoran; no pagan nada por adelantado, ni reconocen el derecho a la asistencia jurídica gratuita (el art. 28.1.d habla de asesorar sobre ese derecho, no de concederlo), ni asumen la defensa de la víctima ante el tribunal, que es cosa de su abogado. El distractor del pago tienta porque comparte la indemnización con la clave: la ley pone en la Oficina la información sobre cómo llegar a ella, no el dinero.

El art. 28.3 es tajante: el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas «no se condicionará a la presentación previa de una denuncia». La víctima puede acudir a la Oficina antes de decidir si denuncia, y la ley no le pone otra condición, como que haya un procedimiento abierto, ni le recorta los servicios a la mera información: el 28.3 habla de todos los servicios de apoyo. El distractor tentador es exigir antes la denuncia, porque casi todo el proceso arranca de ella; aquí la ley separa a propósito el apoyo a la víctima de la persecución del delito.

El art. 27.1 encarga las Oficinas al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de Justicia, cada uno en el ámbito que les es propio. El Ministerio del Interior tienta porque la policía suele ser el primer contacto de la víctima, pero la ley no le da las Oficinas; tampoco al Consejo General del Poder Judicial ni a los órganos de gobierno de los tribunales, ni a diputaciones o ayuntamientos.