La protección de las víctimas

El apartado 3 del art. 25 amplía el abanico: para proteger a la víctima puede acordarse también alguna de las medidas del art. 2 de la Ley Orgánica 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales, pensadas para quien declara en un proceso penal. El apartado no remite a la ley integral contra la violencia de género, ni a la de ayudas a las víctimas de delitos violentos y sexuales, ni a la de protección jurídica del menor, que tienen su propio ámbito.

El apartado 3 del art. 26 resuelve la duda a favor de la protección reforzada: si la edad de la víctima no puede determinarse con certeza, se presume que es menor de edad. No se la trata como adulta mientras no se pruebe lo contrario, ni se está a la edad que ella declare o a la que conste en un atestado. La presunción opera «a los efectos de lo dispuesto en esta Ley», es decir, para aplicarle lo que el Estatuto prevé para las víctimas menores.

El art. 24.1 reparte la valoración por fases. En el enjuiciamiento, la letra b) la atribuye al juez o tribunal al que corresponda conocer de la causa, el que la juzga, y no al que la instruyó. El Fiscal que acusa no es quien la valora en esta fase, ni el Letrado de la Administración de Justicia, que no decide medidas. Que un cambio relevante de circunstancias obligue a actualizar la evaluación lo dice el apartado 5 del mismo artículo.

La letra c) del art. 25.1 tiene dos salvedades: que mantener a la misma persona pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso, o que la declaración deba tomarla directamente un juez o un fiscal. La medida no se reserva a las víctimas menores o con discapacidad, no cede porque el investigado lo pida ni porque la víctima tenga que declarar en otro partido judicial.

El art. 24.3 manda que la evaluación de las víctimas menores de edad, y también la de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, tome en consideración sus opiniones e intereses: al menor se le escucha, no se le sustituye por quienes lo representan. El artículo no subordina la evaluación al informe de un equipo técnico ni a la conformidad de la entidad de protección de menores; quien la hace y decide las medidas es la autoridad que señala el apartado 1.

La letra c) del art. 21 reconoce a las víctimas, sin limitarlo a las menores o a las que tienen discapacidad, el derecho a estar acompañadas por una persona de su elección en las diligencias en que deban intervenir. La salvedad la decide el funcionario o la autoridad encargado de practicar la diligencia, de forma motivada y para garantizar su correcto desarrollo. No hace falta una autorización previa del Fiscal, y la oposición del investigado o de su defensa no es lo que la impide.

Las cuatro medidas del art. 25.2 están pensadas para la fase de enjuiciamiento, pero el párrafo final del apartado permite adoptar también durante la investigación las de las letras a) y c); evitar el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor es la a). La celebración de la vista oral sin presencia de público, la d), no está entre ellas: es propia del juicio. Por eso fallan las opciones que llevan las dos medidas a la misma fase o que las invierten.

Todas las garantías del art. 21 van precedidas de una sola cautela: las autoridades y funcionarios de la investigación velan por ellas «en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso». Es un deber de quienes investigan, que no depende de los medios de que dispongan, ni de que la víctima lo pida, ni de una autorización del juez; lo que lo modula es que la investigación no pierda eficacia.

El apartado 4 del art. 23 fija un mínimo para las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Se les aplican «en todo caso» las letras a) a d) del art. 25.1, que son las de la fase de investigación y tratan todas de cómo y quién le toma declaración (dependencias adaptadas, profesionales formados, la misma persona, persona del mismo sexo). No quedan a lo que decida el juez tras la evaluación ni a lo que acuerde el Fiscal, y las del enjuiciamiento (art. 25.2), como la vista sin público, este apartado no las declara aplicables en todo caso. Tampoco lo hace el art. 26, que añade otras medidas para las víctimas de violencias sexuales.

Lo que la letra a) del art. 26.2 exige del conflicto de intereses es que no permita confiar en que los representantes legales gestionen adecuadamente los intereses del menor en la investigación o en el proceso penal. Su origen da igual: vale el conflicto «derivado o no del hecho investigado». Lo valora el Fiscal; no hace falta que lo haya declarado antes un juez de familia ni que lo diga la víctima. La letra habla aún de «capacidad judicialmente modificada»; la clave no depende de esa expresión.

El párrafo segundo del art. 19 encarga a la Fiscalía velar especialmente por el derecho de protección de las víctimas menores de edad, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando sea necesario para impedir o reducir los perjuicios que les pueda causar el proceso. El deber general de proteger a la víctima es de todas las autoridades y funcionarios que investigan, persiguen y enjuician los delitos, también del juez (párrafo primero); lo que el artículo añade para los menores es ese papel especial del Fiscal. Ni la entidad de protección de menores ni la Oficina de Asistencia a las Víctimas son las que nombra este artículo.

El art. 22 no limita el deber a los profesionales públicos: junto a jueces, tribunales, fiscales y demás autoridades y funcionarios de la investigación, obliga a «todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso», y un perito interviene en él sin que el juez tenga que imponérselo. Además protege la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares. Lo que el artículo subraya «en particular» para las víctimas menores y las que tienen discapacidad necesitada de especial protección es impedir que se difunda información que permita identificarlas; no que solo ellas tengan protegida su intimidad.

El art. 24.1.a atribuye la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de las medidas, mientras se investiga, al juez que dirige la investigación (la ley conserva el rótulo de juez de instrucción o de violencia sobre la mujer, anterior a la LO 1/2025; la clave no depende de él). Pero no deja fuera a la policía: los funcionarios que actúan en la fase inicial «deberán» realizar una evaluación y adoptar una resolución, ambas provisionales. El Fiscal tampoco es quien la determina. Como la policía, hace una evaluación y adopta una resolución provisionales, en sus diligencias o en el procedimiento de menores.

La letra c) del art. 25.2 protege a la víctima frente a las preguntas sobre su vida privada que no tengan relevancia con el hecho enjuiciado, con una salvedad: que el juez o tribunal considere, de forma excepcional, que deben contestarse para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Lo decide el órgano judicial: no basta con que la defensa insista o con que el Fiscal no se oponga, y que la víctima ya las contestara en la instrucción no las hace relevantes.

La letra d) del art. 25.1 alcanza a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las de los delitos de los números 3.º y 4.º del art. 23.2.b. Su declaración la toma una persona del mismo sexo, que además ha de tener la formación especial de la letra b), «cuando esta así lo solicite»: depende de la petición de la víctima, no de que el juez lo acuerde de oficio, de que lo pida el Fiscal o de que la víctima sea menor. Y cede si ello puede perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o si la declaración debe tomarla directamente un juez o un fiscal.

La letra a) del art. 26.1 manda grabar por medios audiovisuales las declaraciones que estas víctimas presten durante la investigación: «serán grabadas», sin esperar a que nadie lo pida. Y no veda su uso en el juicio: «podrán» reproducirse en él, en los casos y condiciones que determine la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El párrafo segundo del art. 24.2 lo dice sin condiciones: la víctima podrá renunciar a las medidas de protección acordadas conforme a los arts. 25 y 26. Las medidas se adoptan para protegerla a ella, y la ley no supedita la renuncia a un informe favorable del Fiscal ni a que el juez aprecie antes que el riesgo ha desaparecido. Puede hacerlo aunque el riesgo siga ahí, porque la decisión es suya.