La Red Natura 2000

El art. 48.1 reparte tres papeles en una sola frase: la Comisión Estatal propone, el Consejo Estatal es oído y la Conferencia Sectorial aprueba. Las comunidades autónomas vigilan el estado de conservación en su ámbito, junto con la Administración General del Estado, y remiten información, pero la metodología es común y no la propone cada una.

El art. 46.4 solo permite dar la conformidad si no hay perjuicio para la integridad del espacio, pero queda supeditado al 46.5: pese a las conclusiones negativas y a falta de alternativas, el proyecto puede realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden, y las Administraciones toman las medidas compensatorias necesarias. Por eso «en ningún caso» es falso, aunque parezca lo que más protege. La Comisión Europea no autoriza: recibe esas medidas. Y las razones no las aprecia la Conferencia Sectorial: se declaran para cada supuesto por ley o por acuerdo motivado y público del Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno autonómico.

El art. 49 exige, «en todo caso», un trámite de información pública, previo a remitir la propuesta a la Comisión Europea. La evaluación de repercusiones es de los planes, programas o proyectos del art. 46. El Consejo de Ministros puede declarar razones imperiosas en ese mismo art. 46, y el art. 49 no le da papel, como tampoco a la Conferencia Sectorial.

El art. 43.2 adelanta la protección al envío de la lista al Ministerio, cuyo nombre en la letra sigue siendo el de 2015: desde ahí y hasta la declaración formal rige el régimen preventivo. La opción tentadora es la aprobación por la Comisión Europea, pero ese es otro hito: desde él, el lugar queda sometido a la evaluación de repercusiones del art. 46. La información pública es un trámite anterior al envío, y la publicación en el boletín viene después, en un plazo máximo de seis meses desde el envío.