El uso sostenible del patrimonio natural

El art. 73.2 pide informes, con una periodicidad anual, que permitan analizar los niveles y tendencias del comercio internacional de las especies registradas. La evaluación con su propuesta de medidas, la opción tentadora, es del art. 73.3 y tiene otro ritmo: al menos cada cinco años. El traslado a la Comisión Europea tampoco es anual: se hace solo en su caso, tras valorar esa propuesta. Y los resultados del Sistema de Indicadores van en otro informe anual de esta ley, ajeno a este artículo.

La regla general del art. 71.3 da la competencia para emitir la autorización a la comunidad autónoma de cuyo territorio procedan los recursos, y por eso tienta esa opción. Pero el mismo apartado la reserva a la Administración General del Estado en cuatro supuestos, y uno es el de los taxones silvestres terrestres cuya área de distribución abarque más de una comunidad. El artículo no prevé un acuerdo entre comunidades para este caso. Y la Comisión Estatal no autoriza: el art. 71.9 solo prevé en ella un comité especializado para el seguimiento.

El art. 74.2, que habla de recursos provenientes de «un tercer país», remite a la normativa nacional de acceso de dicho país, todo ello conforme al Protocolo de Nagoya: cuenta de dónde provienen los recursos, no dónde se utilizan los conocimientos, y por eso fallan la española y la autonómica. La de la Unión tienta porque el art. 74.3 nombra el Reglamento 511/2014, pero lo hace para el seguimiento y las medidas de cumplimiento, no para las condiciones de acceso.