Los servicios electrónicos de confianza: los certificados y el DNI electrónico

El art. 7.1 exige la personación y, en su segunda frase, da la salida: la firma de la solicitud legitimada en presencia notarial. El pasaporte tienta porque sale en el mismo apartado, pero es un medio para acreditar la identidad al personarse, no algo que evite hacerlo. Firmar con otro certificado no es esa salida, y las Administraciones no aparecen aquí.

El criterio del segundo párrafo del art. 4.2 es técnico: mira cómo se generan los datos de creación de firma, de sello o de autenticación de sitio web. No mira a quién es el titular ni para qué lo quiere, ni la solvencia del prestador. El seguro es una obligación de otro artículo, sin relación con esto.

El apartado los remite a las obligaciones de los prestadores que expiden certificados cualificados, no a las de los prestadores de no cualificados. Que el DNI se rija por su normativa específica, como dice el apartado 4, no los deja sin ninguna: las dos reglas están en la misma disposición. El órgano de supervisión controla a los prestadores (art. 14), y este apartado no habla de él.

El fallecimiento del firmante está en la lista de supuestos del art. 5.1, en su letra d), y en ellos el prestador extingue la vigencia mediante revocación. Las otras tres no están. La letra g) no entra, porque este certificado no consigna esas circunstancias, y la letra i) admite otras causas solo si las prevé la declaración de prácticas, que aquí no se menciona.

La suspensión depende de lo que el propio prestador haya previsto en sus declaraciones de prácticas de certificación. El apartado no la reserva a los certificados cualificados, aunque sea lo que más exigiría, ni pide consentimiento escrito del titular. Tampoco autorización del órgano de supervisión, que controla a los prestadores (art. 14) pero no interviene aquí.

La letra e) obliga a los dos lados de la relación que se acaba, y los obliga en cuanto se modifica o se extingue. El prestador tienta porque es quien revoca, pero una cosa es revocar y otra estar obligado a pedirlo. El tercero autorizado sale en la letra a), como quien puede formular la solicitud, no como obligado a hacerla.

El art. 4.2 pone el techo: «no será superior a cinco años». Es un máximo, de modo que el período puede ser menor, y es solo de los certificados cualificados: de los demás, el apartado no dice nada.

El cese es causa de revocación con una salvedad escrita en la propia letra: que la gestión de los certificados pase a otro prestador. Cumplida, el cese no los revoca. La letra no dice que haya que suspenderlos mientras tanto, ni hace depender la revocación de que los titulares se opongan. La ausencia de oposición de los clientes es requisito del plan de cese del prestador cualificado (art. 9.3.c), no de este supuesto.

El art. 5.2 lleva la suspensión a tres letras concretas, la a), la c) y la h), y además a la duda sobre la b) y la g). Las letras d), e) y f) son causas de revocación, y el apartado no las nombra: ahí no hay paso intermedio. Por eso no basta con saber que todas son supuestos del art. 5.1.

Lo que se reconoce es quién firma y que el documento no se ha alterado. Lo tentador es ir más allá, pero la disposición no dice que lo escrito sea cierto, solo que está íntegro, ni que el firmante tenga capacidad para ese acto, solo quién es.