Los servicios electrónicos de confianza: objeto, ámbito y documentos electrónicos

El art. 1 fija el objeto con dos matices: solo «determinados aspectos» y «como complemento» del Reglamento, de modo que ni lo sustituye ni lo deroga. La transposición tienta, pero es lo propio de una directiva, y el artículo no habla de transponer nada.

La ley se aplica «siempre que» los servicios no estén supervisados por la autoridad competente de otro país de la Unión, así que, si lo están, queda fuera. Tienta pensar que el Estado del prestador ha de ser de la Unión, pero el artículo dice «otro Estado» sin más: lo que ha de ser de la Unión es la autoridad que supervisa. No distingue por clientes, y los no cualificados también están en la ley: el art. 12 los regula.

El párrafo segundo del art. 2 se fija en dónde está el prestador, no en a quién vende: por muchos clientes que tenga aquí, lo que pide es un establecimiento permanente situado en España. Tampoco exige un representante ni una inscripción registral. El mismo párrafo añade después una condición sobre los servicios.

La Ley 6/2020 no regula esa prueba: su art. 3.2 remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil y separa los dos casos, el servicio no cualificado al apartado 3 de su art. 326 y el cualificado al apartado 4. El Reglamento tienta porque es la norma europea de estos servicios, pero la remisión de este artículo va a la ley procesal, y la Ley 39/2015 no aparece en él.