Las infracciones administrativas de contrabando

El artículo 12.2.a fija para los bienes del artículo 2.2 un mínimo de 1.000 euros, «salvo en labores de tabaco que será de 2.000 euros»: el tabaco tiene aquí el mínimo más alto de los tres. Los 500 euros son el mínimo general del artículo 12.1, para las mercancías que no son del artículo 2.2, y 1.000 euros, el de los demás bienes del artículo 2.2. Los 3.000 euros no son un mínimo: son la multa fija de la resistencia grave del artículo 12.4.

El artículo 11.1 hace infracción administrativa las conductas del artículo 2.1 y 2.2 cometidas «de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia», sea cual sea el valor, siempre que no sean delito; y con 20.000 euros de mercancía de lícito comercio no lo son. Un descuido es negligencia, así que basta. Exigir una imprudencia grave pondría un listón que el artículo 11.1 no pone. Y tampoco es una responsabilidad sin culpa: la ley pide dolo o negligencia, aunque sea leve.

Para los medios de pago que lleva una persona, en su equipaje o en su medio de transporte, el artículo 14.3 remite a otra norma: su control, inspección e intervención «se regirá por la legislación de prevención del blanqueo de capitales», y el acta de intervención se traslada al Servicio Ejecutivo y a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Ese control no se rige por las reglas de esta ley, ni por las de los efectos de un delito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni por el Código aduanero.

El artículo 12 bis.1.c, tras nombrar la utilización de medios fraudulentos, dice cuáles se consideran «principalmente» medios fraudulentos, y el primero es la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad. No es obstrucción: la letra b) mira a lo que se hace contra la acción investigadora, no a cómo se llevan los libros. La facilidad especial (letra d) depende de la naturaleza o la actividad de quien comete la infracción o se beneficia de ella, y el uso de los mecanismos de simplificación del despacho es la letra e).

El artículo 14 bis.1 dice que, si la sentencia no aprecia delito, la Administración continúa sus actuaciones sancionadoras «de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados». Queda vinculada a lo que el juez dio por probado: ni vuelve a lo que ella había fijado antes de remitir el expediente, ni al acta de aprehensión, ni abre una instrucción nueva para fijarlos de otro modo.

Para las labores de tabaco el artículo 11.2 fija otra escala: grave de 1.000 a 6.000 euros, ambos incluidos. 3.000 euros cae dentro. 300 y 700 euros no llegan a 1.000 y la infracción es leve, y 9.000 euros pasa de 6.000 y es muy grave. El tramo grave de la escala general (37.500 a 112.500 euros) no es el que se aplica a estas labores.

El segundo párrafo del artículo 11.1 presume que las mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presentan intactas en la oficina de destino o no se han respetado las medidas de identificación y control, «salvo prueba en contrario». Es una presunción que admite prueba en contra, no una que la cierre. Y lo que se presume es el destino al consumo, que es la conducta del contrabando en tránsito, no el abandono de la mercancía.

El artículo 15 cuenta cada plazo desde un momento distinto: el de la infracción, «desde el día de su comisión», no desde que la Administración la descubre; el de la sanción, «desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución» que la impone. La notificación no basta: una resolución notificada puede no ser firme todavía, porque cabe recurrirla.

Es la otra cara de la no concurrencia de sanciones del artículo 14 bis.1: «La sentencia condenatoria impedirá la imposición de sanción por infracción administrativa de contrabando». No se impone ninguna sanción administrativa por esos hechos, ni rebajada ni descontando la pena: ni la multa ni el cierre.

El artículo 14.2 manda que, antes de iniciarse el procedimiento, las autoridades, funcionarios y fuerzas que conozcan los hechos en el ejercicio de sus competencias «procederán a la aprehensión cautelar» de los bienes, efectos e instrumentos que puedan resultar decomisados según el artículo 5. No esperan a que se abra el procedimiento ni a una orden del órgano que sanciona, y la ley no pide para ello autorización judicial.

El artículo 15.1 fija la prescripción de las infracciones administrativas de contrabando en cuatro años, y el 15.2, el mismo plazo para las sanciones impuestas por ellas. Es un plazo único: no varía con la clase de infracción, así que no hay un plazo menor para las leves ni uno de uno, dos o tres años según la gravedad.

El artículo 12.3.b.1.º distingue según se pruebe o no que en el establecimiento se trabaja: si no se prueba actividad económica, el cierre adicional dura lo mismo que el acordado en la sanción quebrantada; si se prueba, el doble. El doble es, pues, el tentador, pero exige esa prueba. La horquilla de siete días a seis meses es la del cierre por infracción leve en labores de tabaco del artículo 12.2, no la del quebrantamiento, y el precinto roto no convierte el cierre en definitivo.

Para el cierre definitivo de un establecimiento de labores de tabaco, el artículo 12.2.b no se conforma con la reiteración con la que se gradúa cualquier sanción: exige que el infractor haya sido condenado por delito de contrabando o sancionado por infracción administrativa muy grave de contrabando al menos en dos ocasiones, por sentencias o resoluciones firmes. Un antecedente aislado no basta, ni siquiera una condena, y varios tampoco si son sanciones por infracciones leves o graves.

El artículo 14 bis.2 declara las sanciones por infracciones administrativas de contrabando «compatibles con la exigencia de la deuda tributaria y aduanera y del interés de demora». La multa castiga la infracción y no sustituye a la deuda: se exigen las dos, y con ellas los intereses de demora, sin descontar una de la otra ni mirar cuál de las cantidades es mayor.

Para los bienes del artículo 2.2 que no son labores de tabaco, el artículo 12.2.b dice que el cierre afecta al establecimiento donde se almacenan, comercializan o fabrican los géneros de contrabando y que, cuando esos lugares están separados de los del resto de bienes, «el cierre se limitará a los espacios afectados». No se cierra todo el establecimiento si hay separación, y tampoco se elige entre almacén y tienda: se cierra todo espacio que sirva al almacenamiento, la venta o la fabricación de lo que fue objeto de contrabando.

El artículo 13 atribuye las infracciones de contrabando a los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como disponga el reglamento, y abre contra sus resoluciones la vía económico-administrativa y, después, la contencioso-administrativa. No van directamente al juez: primero hay que pasar por la vía económico-administrativa. Y la Delegación del Gobierno, que sanciona otras infracciones, no tiene competencia en el contrabando.

El artículo 14 bis.1, el principio de no concurrencia de sanciones, obliga al órgano que lo tramita a pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o a remitir el expediente al Ministerio Fiscal, y a abstenerse de seguir el procedimiento sancionador, que «quedará suspendido» hasta la sentencia firme, el sobreseimiento o el archivo, o la devolución del expediente por el Fiscal. No sigue en paralelo con el proceso penal, y tampoco se archiva para siempre: la propia ley prevé que la Administración continúe si el juez no aprecia delito.