Las penas, el comiso y el destino de los bienes del contrabando

El artículo 5.6 adjudica al Estado lo decomisado por sentencia y encarga la enajenación de los bienes de lícito comercio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La excepción son los decomisados por contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus precursores: su enajenación, o cualquier otro destino, corresponde a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a la Ley 17/2003, del Fondo de bienes decomisados. No es un solo órgano para todo, y el reparto no va al revés.

El artículo 4 bis manda a los jueces y tribunales recabar el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria, que exigen la multa y la responsabilidad civil por el procedimiento administrativo de apremio de la Ley General Tributaria. Las fuerzas que persiguen el contrabando, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y las compañías gestoras de los monopolios aparecen en otros artículos de la ley para otras tareas relacionadas con los bienes del contrabando, no para cobrar la multa.

El artículo 7.1 permite vender lo intervenido sin esperar al fallo en dos casos: el abandono expreso del propietario y que la autoridad judicial estime que su conservación puede ser peligrosa para la salud o la seguridad pública o dar lugar a una disminución importante de su valor. La misma letra b) aclara que en la disminución de valor entran las mercancías que, sin deterioro material, se deprecian por el paso del tiempo, que es el caso de los teléfonos. Nada en el supuesto habla de peligro ni de abandono, y la falta de la garantía del depositario no es causa de enajenación.

El artículo 3.3.b añade a la persona jurídica una pena distinta según el supuesto. En los del artículo 2.2, la suspensión de sus actividades de importación, exportación o comercio de esa categoría de bienes. En los del 2.3, la clausura de los locales o establecimientos en que se comercia con ellos. No es la misma pena para los dos, ni van cruzadas: la suspensión es la del 2.2 y la clausura, la del 2.3.

Las penas del delito de contrabando son las mismas para todos los supuestos, pero el artículo 3.1 las parte por la mitad según la letra: los casos de las letras a), b) y e) del artículo 2.1 —salvo la e) cuando se trata de los productos de la d)— van a la mitad inferior, y todos los demás casos del artículo 2 van a la mitad superior. Importar o exportar sin presentar las mercancías en la aduana es la letra a) del 2.1; exportar sin autorización bienes del Patrimonio Histórico Español está en el 2.2, que no entra en la excepción. Igualarlos sería suponer que la mitad depende de algo distinto de la letra del artículo 2.

Según el artículo 4, la responsabilidad civil comprende la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administración Tributaria no haya podido liquidar, por prescripción o por las causas del artículo 251.1 de la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora. El valor de las mercancías no es la medida de la responsabilidad civil: sirve para fijar la multa. Y los intereses de demora no quedan fuera, porque el artículo los incluye expresamente.

El artículo 3.2 sube la pena un grado cuando el delito se comete por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pueda derivarse una facilidad especial para cometerlo. Lo que agrava es esa facilidad que aporta quien está detrás, no cualquier concierto: que varias personas se pongan de acuerdo no basta si ninguna la aporta. Y la clase de mercancía no sube la pena un grado; el tabaco o el patrimonio histórico importan para otras cosas, pero el artículo 3.2 no los nombra.

El artículo 5.5 permite acordar el comiso sin imponer pena en dos casos: cuando la persona está exenta de responsabilidad criminal y cuando esa responsabilidad se ha extinguido. En el segundo pone una condición, que quede demostrada la situación patrimonial ilícita; sin ella, la extinción no basta. La absolución porque no se probaron los hechos no es ninguno de los dos casos, y pagar la deuda tributaria no figura entre ellos.

El artículo 3.3.a fija para la persona jurídica, en todos los casos, una multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de lo que es objeto del contrabando y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas, de contratar con las Administraciones públicas y de gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de entre uno y tres años. La multa del tanto al séxtuplo es la que el artículo 3.1 impone a quienes cometen el delito, no a la persona jurídica; y el plazo de entre seis meses y dos años es el de otra medida del mismo apartado, que no se impone en todos los casos.