La entrada en España, los visados y la salida

El artículo 25.4 permite autorizar la entrada de quien no cumple los requisitos cuando existen razones excepcionales de tres clases, y solo de esas tres: de índole humanitaria, de interés público o de cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En esos casos se le entrega la documentación que fije el reglamento. La seguridad nacional, la reagrupación familiar, el arraigo, la reciprocidad, la salud pública o el orden público no forman parte de esa terna.

El artículo 25.1 no fija una cantidad ni un período tipo: pide medios de vida suficientes para el tiempo que el extranjero pretenda permanecer en España, o que esté en condiciones de obtenerlos legalmente. No exige cubrir un año entero si la estancia prevista es menor, no pide un contrato de trabajo ya firmado y no dice que los medios hayan de estar depositados en una entidad española.

El artículo 28.1 parte de que las salidas del territorio español son libres, salvo los casos del Código Penal y de la propia ley, y el 28.2 solo permite prohibirlas, de forma excepcional, por razones de seguridad nacional o de salud pública. El orden público y la seguridad ciudadana no figuran entre esas razones.

El artículo 27.2.a) dice que la concesión del visado habilita al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada: el visado no es la entrada, que se sigue pidiendo en la frontera, y la entrada ha de hacerse por los puestos habilitados al efecto (artículo 25.1). Permanecer en España es lo que el visado habilita una vez efectuada la entrada (27.2.b), y la tarjeta de identidad de extranjero es una obligación aparte, que el visado no cubre.

El artículo 25.2 exige un visado además de los demás requisitos de entrada, salvo lo que dispongan los convenios internacionales o la normativa de la Unión Europea, y no lo exige a quien está provisto de la tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso. Acreditar medios de vida y entrar por un puesto habilitado son requisitos que se suman al visado, no lo sustituyen, y el billete de vuelta no aparece en el artículo.

El artículo 26.1 impide entrar en España, y también obtener un visado para ello, a los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, y a quienes la tengan prohibida por otra causa legal o por convenios internacionales en los que España sea parte. La prohibición alcanza también a obtener el visado, no solo a entrar, y la ley no la levanta porque se acrediten medios de vida ni la deja en manos de un juez.

El artículo 28.3 enumera los supuestos de salida obligatoria: la expulsión por orden judicial en los casos del Código Penal; la expulsión o la devolución acordadas por resolución administrativa; la denegación de las solicitudes para seguir en España o la falta de autorización para estar en ella; y el cumplimiento del plazo en que un trabajador se comprometió a regresar a su país dentro de un programa de retorno voluntario. Una multa por infracción leve, perder el empleo con la autorización aún vigente o una condena sin expulsión no están en la lista.

El artículo 25 bis.2.g) liga el visado de investigación a un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación, en cuyo marco el extranjero realiza sus proyectos. No lo hace depender de un acuerdo entre Estados, de una invitación consular ni de una beca pública. Los trabajos de investigación o formación no remunerados laboralmente caben, en cambio, en el visado de estudios. La residencia para investigar la regula además, aparte, la Ley 14/2013, que la abre con convenio de acogida o con contrato de trabajo.

El visado se solicita y se expide en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España, con dos salvedades en el artículo 27.1: los supuestos excepcionales que fije el reglamento y aquellos en que España, de acuerdo con la normativa comunitaria, haya acordado su representación con otro Estado miembro en materia de visados de tránsito o estancia. Los visados de residencia, de trabajo, de estudios o de investigación quedan fuera de esa representación.

El artículo 28.2 reserva al Ministro del Interior la facultad excepcional de prohibir la salida del territorio español, y exige que la instrucción y la resolución de esos expedientes tengan siempre carácter individual. No la atribuye al Consejo de Ministros ni a los Delegados o Subdelegados del Gobierno.

El artículo 25 bis.2.c) define el visado de residencia por lo que no permite: habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional. Trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, queda fuera de lo que ese visado habilita, y el artículo no lo liga a que haya en trámite una autorización de trabajo. Tampoco dispensa de los medios de vida, que el artículo 25.1 exige a todo el que entra.

El artículo 25 bis.2.d) prevé una sola consecuencia cuando transcurre el plazo sin ese trámite: el extranjero queda obligado a salir del territorio nacional, y si no sale incurre en la infracción del artículo 53.1.a). El artículo no prorroga el plazo ni convierte al titular del visado en extranjero en estancia o en residente sin trabajo.

El artículo 26.2 exige que la entrada se deniegue mediante resolución motivada, que informe de los recursos, del plazo y de la autoridad ante quien se formalizan, y reconoce el derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete. Esa asistencia comienza en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo: no espera a la notificación, al recurso ni a ningún trámite posterior.