La expulsión, la devolución y la denegación de entrada

El artículo 58.3 prevé la devolución, y no una nueva expulsión, para dos supuestos, y el primero es el del expulsado que contraviene la prohibición de entrada en España. Para devolverlo no es preciso expediente de expulsión, ni por el procedimiento preferente ni por el ordinario. Y la ley no somete la devolución a una autorización judicial previa.

El apartado 3 de la disposición adicional décima dice que las solicitudes de protección internacional se formalizan en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitan conforme a su normativa propia. No se formalizan en la línea fronteriza ante los agentes, ni en una embajada o consulado del país vecino, ni en una dependencia de la Guardia Civil.

El artículo 58.5 atribuye la devolución a la misma autoridad que tiene la competencia para la expulsión: es una decisión gubernativa, administrativa, no judicial. Ni el juez ni el Ministerio Fiscal la acuerdan, y la ley tampoco la deja en manos del responsable policial del puesto fronterizo.

La denegación de entrada obliga a adoptar de inmediato las medidas para que el extranjero regrese a su punto de origen en el plazo más breve posible. Si el regreso va a retrasarse más de setenta y dos horas, la autoridad que denegó la entrada se dirige al juez para que determine el lugar de internamiento hasta ese momento. La ley conserva el rótulo de Juez de Instrucción, anterior a la Ley Orgánica 1/2025, y la clave no depende de él. Veinticuatro o cuarenta y ocho horas no son el umbral, y noventa y seis lo superan.

Para las infracciones de las letras a) y b) del artículo 53.1, el segundo párrafo del artículo 57.4 manda advertir primero, por diligencia en el pasaporte, al titular de una autorización de residencia válida de otro Estado miembro de que debe dirigirse de inmediato a ese Estado. Solo si no cumple la advertencia se tramita el expediente de expulsión, así que no se empieza por él. La devolución no es la figura de este caso, y la ley no empieza por la multa ni por una comunicación a Francia, porque lo primero es la advertencia.

El segundo párrafo del artículo 58.2 premia la salida a tiempo en los expedientes por las letras a) y b) del artículo 53.1: si el extranjero se va durante la tramitación, no se le impone la prohibición, y si se va en el plazo de cumplimiento voluntario de la orden, la que ya se le impuso se revoca, en las circunstancias que fije el reglamento. No se reduce, ni se mantiene por el plazo que fijó la orden, ni queda en suspenso: desaparece.

El artículo 58.3 reserva la devolución a dos supuestos, el del expulsado que contraviene la prohibición de entrada y el de quien pretende entrar ilegalmente en el país. Seguir en España con la estancia caducada o trabajar sin autorización son infracciones del artículo 53.1, que se sancionan por su propio cauce, y una orden de expulsión que no se ha ejecutado se ejecuta como expulsión: no se convierte en devolución.

El artículo 57.3 es tajante: expulsión y multa no se imponen conjuntamente en ningún caso. No cabe la multa como sanción accesoria, ni porque el infractor obtuviera un beneficio, ni porque reincida: la reincidencia en un año aparece en el artículo 57, pero para otra cosa, y no permite sumar las dos sanciones.

La devolución del extranjero expulsado que vuelve mientras dura la prohibición conlleva, según la primera frase del artículo 58.7, la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que fijó la resolución de expulsión quebrantada: el plazo vuelve a empezar. No se da por cumplido, no se alarga hasta un máximo y no queda en suspenso.

El artículo 58.2 reserva la prohibición de hasta diez años para el extranjero que suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública. La condena a pena superior a un año es una causa de expulsión, no de la prohibición alargada, y ni la reincidencia ni el riesgo de que vuelva a entrar ilegalmente figuran en ese apartado.

El artículo 59 bis.2 fija una duración mínima y una finalidad: el período debe ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. El retorno asistido y la autorización de residencia y trabajo son facilidades que la autoridad puede darle después, y la determinación de la edad no es lo que mide este plazo.

El artículo 59 bis.3 solo admite dos motivos para denegar o revocar el período: el orden público y saber que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida; y la decisión debe estar motivada. Los antecedentes y la entrada irregular no figuran entre ellos.

El artículo 57.1 abre la expulsión, en lugar de la multa, a todas las infracciones muy graves y solo a cinco letras de las graves del artículo 53.1: la a), la b), la c), la d) y la f). La e), la tercera leve en un año, no está entre ellas, así que se sanciona con multa. No basta, por tanto, con que la infracción sea grave, pero tampoco hace falta que sea muy grave; y el procedimiento por el que se tramite no cambia qué infracciones lo permiten.

El artículo 57.6 no protege a la embarazada de que se tramite ni de que se resuelva su expediente: dice que la expulsión «no podrá ser ejecutada» cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre. Lo que se detiene es la ejecución. La ley distingue entre imponer la expulsión y ejecutarla, y este apartado actúa sobre lo segundo.

El artículo 59.1 ofrece al extranjero irregular que es víctima, perjudicado o testigo de esas redes, y que denuncia a sus autores o colabora con las autoridades, quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser expulsado. No es una rebaja de la infracción, ni un aplazamiento de la expulsión mientras dura el proceso penal, ni un acceso directo a la residencia de larga duración.

La disposición adicional décima, el régimen especial de Ceuta y Melilla, permite rechazar a los extranjeros detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de esas dos ciudades mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente. No alcanza a quien ya está dentro de la ciudad, ni a quien se presenta en el puesto fronterizo, que se rige por las reglas generales de la entrada, ni a quien llega de forma irregular a otras costas de España.

La expulsión lleva consigo la prohibición de entrada en territorio español, y el artículo 58.1 manda fijar su duración según las circunstancias de cada caso, con una vigencia que no puede exceder de cinco años. Por encima de ese tope solo se puede ir por la vía excepcional del apartado 2, que el enunciado deja fuera. Dos, seis u ocho años no son el máximo ordinario que fija la ley.

El artículo 57.10 solo deja expulsar fuera de la Unión al residente de larga duración de otro Estado miembro por unas pocas infracciones que enumera, y con consulta previa a ese Estado. Si no se dan esos requisitos, la expulsión se hace al Estado miembro que le reconoció la residencia de larga duración. No se le manda a su país, porque esa salida es justo la que la ley cierra, ni al Estado por el que entró en la Unión, ni al de su familia.

El artículo 57.4 dice que la expulsión conlleva, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, y además el archivo de los procedimientos que el expulsado tuviera abiertos para obtener la de residir o trabajar. No hay suspensión que se levante después, ni distinción entre residencia y trabajo, ni autorizaciones que sigan hasta caducar. Otra cosa es que la propia expulsión pueda revocarse en los supuestos que fije el reglamento.

La letra c) del artículo 57.5 protege a quienes hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad. Haber nacido en España no basta por sí solo: la letra a) exige además haber residido legalmente aquí durante todo el período que fija, y dos años no lo cubren. Ni la autorización de residencia temporal y trabajo ni el visado de estudios están en la lista.