Las infracciones de extranjería, sus sanciones y su prescripción

El 53.2.c) tipifica como grave promover la permanencia irregular del extranjero al que se invitó expresamente y que sigue a cargo del infractor pasado el tiempo permitido por su visado o autorización, y añade una regla propia para graduar la sanción: se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes. El artículo no atiende al motivo del viaje que declaró el invitado, al medio de transporte con el que llegó ni a si el infractor actuó con ánimo de lucro.

El 54.1.g) hace muy grave la tercera infracción grave cuando en el año anterior el infractor fue sancionado por dos graves de la misma naturaleza. La tercera leve en las mismas condiciones también sube de clase, pero solo hasta grave (53.1.e). Una segunda infracción, grave o leve, no basta para cambiar de clase: la ley exige dos sanciones previas.

El 53.1.a) exige las dos condiciones a la vez: que la autorización lleve caducada más de tres meses y que el interesado no haya pedido la renovación en el plazo previsto reglamentariamente. Quien la pidió en plazo no está en este supuesto, y el retraso de hasta tres meses en pedirla tras la caducidad es otra infracción, la del 52.b), de la lista de las leves.

Para esta infracción, el 55.1.c) se aparta del tramo general de las muy graves y fija dos fórmulas: de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado, o un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros. La cantidad a tanto alzado es un mínimo, no un máximo. La ley no mide la multa por el importe de los billetes, por la capacidad del medio de transporte ni por las sanciones anteriores de la compañía.

El 55.6 permite a la autoridad gubernativa, además de la sanción, clausurar el establecimiento o local del empresario que contrató sin la autorización previa, desde seis meses a cinco años. El decomiso de los bienes que sirvieron de instrumento es la medida del 55.5 para la infracción del 54.1.b), y la suspensión o retirada de la autorización de explotación acompaña a una infracción de los transportistas (55.1.c). La intervención temporal de la empresa no la prevé la ley.

El 53.2.b) califica como grave contraer matrimonio, simular una relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor cuando se hace con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia. Simular la relación laboral con ese propósito, facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina y transportar extranjeros sin comprobar la validez y vigencia de su documentación y de su visado son infracciones muy graves (54.1.f, 54.1.b y 54.2.b).

En los supuestos laborales que enumera el 55.2, entre ellos el del 52.d), el procedimiento sancionador se inicia por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el procedimiento sancionador por infracciones del orden social. En estos casos no lo inician un acuerdo del Subdelegado del Gobierno, una denuncia policial ni una resolución de la Oficina de Extranjería.

El 54.1.e) convierte en muy grave la infracción del 53.2.d) cuando se realiza con ánimo de lucro. El número de personas inscritas no cambia la clase: el 53.2.d) ya cuenta una infracción por cada persona indebidamente inscrita, así que el número multiplica las infracciones. La ley tampoco la agrava porque el titular de la vivienda sea el empleador del extranjero. La falsedad en los datos del alta en el padrón es otra infracción, la del 53.1.c), que comete quien los declara.

El 54.1.d) cuenta una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados sin la autorización previa: contratar así a cinco son cinco infracciones. La ley no la reduce a una por empresa ni la cuenta por centros de trabajo o por meses trabajados.

Contratar a trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico es la infracción leve del 52.e): el trabajador tiene autorización, pero no para ese trabajo. No dar de alta al extranjero cuya autorización se pidió es grave (53.2.a); contratarlo sin haber obtenido antes la autorización de residencia y trabajo y simular la relación laboral para obtener indebidamente derechos de la ley son muy graves (54.1.d y f).

El 55.7 cierra con una salvedad: el contratista o subcontratista intermedios no pueden ser considerados responsables si respetaron la diligencia debida definida en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La salvedad no depende de la clase de la infracción: el 55.7 se aplica a las dos que nombra, la del 52.e) y la del 54.1.d). Tampoco libera un pacto contractual de exoneración ni haber exigido garantías económicas a la empresa.

El 51.1 hace responder a quienes sean autores de cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos siguientes y también a quienes participen en ellas. No exige ser extranjero: la propia ley tipifica conductas de empresarios, de titulares de viviendas y de transportistas (53.2, 54.1.d y 54.2). Tampoco exige ánimo de lucro, que solo es elemento de algunos tipos concretos.

El 53.1.b) no castiga como grave cualquier trabajo sin autorización: exige además que el extranjero no cuente con autorización de residencia válida. No pone un tiempo mínimo trabajando, no distingue entre el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, y no depende de lo que haya hecho o dejado de hacer el empleador, cuyas obligaciones son infracciones aparte. Quien sí tiene residencia temporal y trabaja por cuenta propia sin haberlo solicitado comete otra infracción, la del artículo 52.c).

El 56.3 aplaza el día inicial: si la sanción es la expulsión, su prescripción no empieza a contar hasta que transcurre el período de prohibición de entrada fijado en la resolución, con un máximo de diez años. La firmeza de la resolución no es aquí el punto de partida, porque para la expulsión el 56.3 lo aplaza hasta que se agota la prohibición de entrada; tampoco cuentan la notificación ni la salida del extranjero de España.

El 55.2 atribuye la imposición de las sanciones al Subdelegado del Gobierno, y al Delegado del Gobierno solo en las comunidades autónomas uniprovinciales. En una comunidad con varias provincias, el Delegado no impone estas sanciones. Tampoco el Jefe de la Oficina de Extranjería ni el Comisario Provincial: según el artículo 218.2 del Real Decreto 1155/2024 pueden ordenar que se incoe el procedimiento, pero no imponen la sanción.

El 55.2 aparta de la regla general los supuestos laborales que enumera, entre ellos el del 54.1.d): si la comunidad autónoma tiene competencias en autorización inicial de trabajo de extranjeros, la sanción corresponde a la comunidad y la impone la autoridad que ella determine, dentro del ámbito de sus competencias. No la imponen el Subdelegado ni el Delegado del Gobierno, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tampoco: el 55.2 no le atribuye la imposición de sanciones.

El 55.1 fija la multa por clases: las leves, hasta 500 euros; las graves, de 501 hasta 10.000; y las muy graves, de 10.001 hasta 100.000, con las excepciones que el propio artículo prevé para los transportistas. El tramo de 2.501 a 25.000 euros no existe en esta ley.

El 55.7 hace responder solidariamente al contratista principal y a todos los subcontratistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin la autorización correspondiente, tanto de las sanciones económicas como de las demás responsabilidades del empresario con las Administraciones públicas o con el trabajador. La responsabilidad no es subsidiaria, y la ley solo alcanza a los que conocieran esa situación.

El 53.2.a) exime al empresario que comunica a las autoridades competentes razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa, o que, conforme a la legislación, impidan iniciar la relación laboral. Pagar los costes del viaje no le exime: el 55.1.b) se los impone además de la multa. Indemnizar al trabajador no figura entre las causas de exención, y haber cubierto el puesto con otro trabajador es una decisión del empresario, no una de las razones sobrevenidas que admite el 53.2.a).

El 56.2 fija la prescripción de las sanciones según la clase de la infracción. Las impuestas por muy graves prescriben a los cinco años, las de graves a los dos y las de leves al año. Tres años es lo que tarda en prescribir la infracción muy grave (56.1), no su sanción. Diez años es la duración que la prohibición de entrada solo alcanza de forma excepcional (artículo 58.2), no un plazo de prescripción.