La reagrupación familiar, las garantías jurídicas y la no discriminación

La letra c) del artículo 23.2 califica de discriminación imponer ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles, o restringir el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales, al extranjero que se encuentre regularmente en España. Basta con estar en situación regular, que alcanza también a quien está en estancia: no hace falta ser residente ni tener autorización de trabajo. La letra d) sí habla del residente legal, pero para la actividad económica. Y aunque otras letras del 23.2, como la b), no exigen la situación regular, la c) no alcanza a cualquier extranjero.

A los ascendientes reagrupados el artículo 17.3 les pide más que a los demás reagrupados: solo pueden reagrupar a su vez tras obtener la condición de residentes de larga duración y acreditar solvencia económica. La autorización de residencia y trabajo obtenida independientemente es la vía del artículo 17.2 para el resto de reagrupados, y al ascendiente solo le basta en la excepción del propio 17.3: cuando tiene a su cargo hijos menores o con discapacidad, que es lo que el caso descarta. El consentimiento del reagrupante no figura en la ley.

El artículo 17.4 equipara al cónyuge, a todos los efectos del capítulo, a quien mantiene con el residente una relación de afectividad análoga a la conyugal, si está debidamente acreditada y reúne los requisitos para producir efectos en España. Y añade que matrimonio y relación análoga se consideran en todo caso incompatibles entre sí. Su párrafo tercero impide además reagrupar a más de una persona con esa relación, aunque la ley personal del extranjero admita estos vínculos. La ley no exige descendencia común ni la inscripción en un registro español: la forma de acreditar la relación la remite al reglamento.

La regla general del artículo 17.1.d) pide que los ascendientes en primer grado estén a cargo del reagrupante, sean mayores de sesenta y cinco años y haya razones que justifiquen su residencia en España. La única excepción a la edad es la humanitaria, y exige que se cumplan las demás condiciones. La residencia de larga duración la pide el artículo 18.1 a todo el que reagrupa ascendientes, así que no les levanta la edad; el ascendiente con medios propios no está a cargo del reagrupante, que es requisito; y el ciudadano de la Unión no es el reagrupante que regula esta ley.

Quien está casado en segundas o posteriores nupcias solo puede reagrupar al nuevo cónyuge si acredita que la disolución de cada matrimonio anterior tuvo lugar tras un procedimiento jurídico que fijó la situación del cónyuge anterior y de los hijos comunes: el uso de la vivienda común, la pensión compensatoria y los alimentos. No se pide que se renuncie a la pensión, que es justo lo que el procedimiento debe haber resuelto, ni que esas personas hayan salido de España, ni la inscripción en el Registro Civil español.

La letra e) del artículo 23.2 dice que constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por su raza, religión, etnia o nacionalidad. Las otras tres son también actos de discriminación de la misma lista (las letras b, a y d), pero el artículo no las califica de indirectas: describen una conducta dirigida contra el extranjero por serlo.

El artículo 17.1.a) es tajante: en ningún caso puede reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esa modalidad matrimonial. Que su ley personal valide los dos matrimonios no cambia nada, ni tampoco que tenga vivienda para ambas. Y la ley no le cierra la reagrupación por tener dos esposas: lo que prohíbe es pasar de un cónyuge.

El artículo 22.2 reconoce la asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a la denegación de entrada, la devolución o la expulsión, y en todos los de protección internacional, con intérprete si no se comprende o habla la lengua oficial que se use. La renovación de la residencia y la reagrupación familiar no están en esa lista.

El cónyuge reagrupado puede obtener una autorización de residencia independiente cuando dispone de medios económicos suficientes para sus propias necesidades. El párrafo siguiente del artículo 19.2 dispensa de ese requisito a la cónyuge víctima de violencia de género, que obtiene además una autorización de residencia y trabajo, no solo de residencia. Lo que el artículo 18 pide al reagrupante para reagrupar no son condiciones de la autorización independiente, y el 19.2 no dice nada de la edad laboral: el único requisito que dispensa es el de los medios.

El artículo 19.1 dice que la autorización de residencia por reagrupación familiar de la que son titulares el cónyuge y los hijos habilita para trabajar, cuando alcanzan la edad laboral, sin necesidad de ningún otro trámite. No hay que pedir una autorización de trabajo aparte ni comunicar nada, y el trabajo no se limita a la cuenta ajena. La residencia independiente es otra cosa, con sus propias condiciones en los apartados siguientes del artículo 19.

El artículo 18.1 fija el momento en la renovación de la autorización de residencia inicial: no basta con haberla obtenido, hay que haberla renovado. La residencia de larga duración no es la regla general para el cónyuge, y la entrada con visado no basta. El propio 18.1 prevé que, para los residentes de larga duración, los titulares de la tarjeta azul de la UE y los investigadores, la reagrupación pueda pedirse a la vez que la residencia del reagrupante.

El artículo 16.3 dice que ese cónyuge y sus familiares con él agrupados conservan la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial. La ruptura no la hace depender de una autorización de trabajo propia ni de que haya hijos comunes, y la conservación alcanza también a los familiares agrupados con él, no solo al cónyuge. Lo único que el artículo deja al reglamento es el tiempo previo de convivencia en España que haya que acreditar.

El artículo 21.2 somete los actos de extranjería al régimen de ejecutividad previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo que la propia ley dispone para los expedientes de expulsión tramitados con carácter preferente. Es la única salvedad que hace: no nombra la denegación de entrada, la devolución ni las multas.