Las autorizaciones para trabajar y las tasas

El artículo 38.5 limita la autorización inicial a un determinado territorio y ocupación, salvo lo que prevean la ley y los convenios internacionales, y el 38.7 dice que, a partir de la primera concesión, las autorizaciones se conceden sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación. No se conserva ninguna de las dos, y la ley no las alarga hasta la residencia de larga duración.

El encabezado del artículo 41.1 dice: «No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes», y su letra e) incluye a los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para la actividad informativa. El periodista de un diario español no figura en la lista; el profesor solo queda exceptuado si lo invita o contrata una universidad española (letra b), no un instituto de secundaria; y el técnico que una empresa privada trae al montaje por renovación de una instalación sí necesita autorización: lo que le ahorra el artículo 40.1.c) es que se tenga en cuenta la situación nacional de empleo.

El artículo 42.2 condiciona la concesión a que se garantice que los temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas. Que las ofertas de temporada se orienten hacia los países con acuerdos sobre regulación de flujos migratorios es una preferencia del apartado 4, no un requisito de cada autorización; y la ley no exige haber trabajado antes en otra campaña ni un contrato indefinido a tiempo completo.

La regla del artículo 36.1 es la autorización conjunta de residencia y trabajo, y la única excepción que nombra la propia ley son los penados extranjeros que se hallen cumpliendo condena; las demás las deja al reglamento como «otros supuestos excepcionales». Los trabajadores de temporada y los contratados en origen por gestión colectiva reciben, según los artículos 42 y 39, una autorización de residencia y trabajo, no una de trabajo suelta, y los familiares reagrupados no son la excepción que nombra el artículo 36.1.

El artículo 36.5 protege al trabajador: la falta de autorización no invalida el contrato respecto a sus derechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar para el empresario, incluidas las de Seguridad Social. La ley no lo declara inválido, ni hace depender su validez de que el empresario pida después la autorización, ni lo deja en suspenso hasta que llegue.

La gestión colectiva de contrataciones en origen sirve para traer a trabajadores seleccionados en sus países, y el artículo 39.1 reserva el acceso a esos empleos a quienes no se hallen o residan en España. Quedan fuera de ese cauce tanto quien ya reside legalmente aquí como quien se encuentra en España sin residir, y la ley no lo abre a quien está inscrito en España como demandante de empleo.

El artículo 36.7 impide conceder la autorización para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional a quien, en un programa de retorno voluntario, se comprometió a no retornar a España durante un plazo determinado, mientras ese plazo no haya transcurrido. La ley no abre una vía devolviendo la ayuda, no deja la solicitud en espera hasta el final del plazo y no se conforma con que haya pasado una parte: el plazo entero tiene que haber transcurrido.

Para trabajar por cuenta propia, el artículo 37.1 exige los mismos requisitos que a los nacionales para la apertura y el funcionamiento de la actividad, y además los relativos a la suficiencia de la inversión y a la potencial creación de empleo, entre otros que fije el reglamento. Ni la ley ni su reglamento (Real Decreto 1155/2024, art. 84) piden un aval bancario, un informe del ayuntamiento, un local en propiedad o una cartera de clientes.

La determina el Servicio Público de Empleo Estatal, con la información que le proporcionan las comunidades autónomas y la que deriva de indicadores estadísticos oficiales. Las comunidades autónomas aportan información, pero no la determinan, y el artículo no atribuye esa determinación a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración ni a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El encabezado del artículo 41.1 dice: «No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes», y su letra h) pide dos cosas: que las iglesias y confesiones estén debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, y que el ministro, religioso o representante limite su actividad a funciones estrictamente religiosas. No exige un acuerdo de cooperación con el Estado, y no hace depender la excepción de que no cobre: lo que la acota es la clase de actividad.

El artículo 36.1 fija la edad en los dieciséis años: desde ella, cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional exige la autorización administrativa previa para residir y trabajar. La ley no espera a la mayoría de edad, y tampoco adelanta la exigencia a los catorce o a los quince años.