A quién se aplica la ley de responsabilidad penal de los menores

El art. 1.2 nombra «particularmente» la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y, entre los tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La de 2015 modificó el sistema de protección a la infancia y la de 2021 protege a la infancia frente a la violencia, pero el artículo no nombra ninguna de las dos; tampoco la de 1982, sobre el honor y la propia imagen.

El art. 5.2 dice que, «no obstante», a los menores en quienes concurra una de esas tres eximentes se les pueden aplicar, en caso necesario, las medidas terapéuticas del art. 7.1, letras d) y e), de esta ley. La ley no los deja, como a cualquier otro eximido, sin posibilidad de medida; y lo que se les aplica no son las medidas ordinarias recortadas ni las medidas de seguridad del Código Penal.

El art. 3 obliga al Ministerio Fiscal a remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos, para valorar la situación del menor, y es esa entidad la que ha de promover las medidas de protección adecuadas. Ni el Juez de Menores interviene en este trámite ni el equipo técnico recibe el testimonio; lo recibe la entidad pública, que es quien promueve las medidas.

El art. 1.1 fija el ámbito de la ley entre los catorce y los dieciocho años: por debajo de los catorce no se aplica, y por encima de los catorce no hay que esperar a ninguna otra edad. Los doce años no son el umbral de la ley, y los quince o los dieciséis tampoco: dentro del tramo, la edad sirve en otros artículos para graduar las medidas, no para decidir si la ley se aplica.

El art. 2.3 da la competencia al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. Con un único hecho, ni el domicilio de la menor, ni el lugar donde la detuvieron, ni la residencia de la víctima cambian esa regla.

El art. 6 encomienda al Fiscal la defensa de los derechos de los menores, la vigilancia de las actuaciones que deban hacerse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento. Autorizar diligencias que restrinjan derechos, decidir el secreto de las actuaciones o asistir al menor como su letrado no figuran entre las funciones que le da este artículo.

El art. 4, en la redacción de la Ley Orgánica 1/2025, garantiza especialmente la declaración telemática de las víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de trata, y de las víctimas menores de edad o con discapacidad, salvo que el Juez, el Tribunal o el Ministerio Fiscal, mediante resolución motivada y en atención a las circunstancias del caso, estimen necesaria su presencia física. No basta con que lo pida la defensa del menor, no lo decide el equipo técnico y la ley no exige que la víctima esté recibiendo asistencia en un centro; puede declarar desde cualquier lugar con medios que aseguren su identidad.

El primer párrafo del art. 4 encomienda al Ministerio Fiscal y al Juez de Menores velar en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas. El equipo técnico y la entidad pública tienen otras funciones en la ley, pero este artículo no les da esa. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025, y la clave no depende de él.

El art. 4, en su redacción vigente, que conserva lo que ya decía desde la Ley Orgánica 8/2021, encarga esa información al Letrado de la Administración de Justicia, el mismo al que manda derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima. No la da el Juez de Menores, ni el equipo técnico, cuya tarea es informar sobre el menor, ni la entidad pública.

El art. 5.3 refiere todas las edades de la ley al momento de la comisión de los hechos, y añade que haberlas rebasado antes de comenzar el procedimiento o durante su tramitación no tiene incidencia alguna sobre la competencia de los Jueces y Fiscales de Menores. Ni la edad al iniciarse el procedimiento ni la gravedad del delito llevan el hecho a la jurisdicción ordinaria, y la de menores aplica las medidas de esta ley, no las penas del Código Penal.