El expediente de reforma y las medidas cautelares

El art. 23.3 le quita al Fiscal esta facultad: no puede practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que ha de pedirlas al Juzgado, y el Juez de Menores resuelve por auto motivado. Su práctica se documenta en pieza separada, no en el cuerpo del expediente. Las dos opciones que dan la decisión al Fiscal le atribuyen justo lo que el artículo le niega.

El art. 27.1 fija un plazo máximo de diez días para entregar el informe, o la actualización de los anteriores, y permite prorrogarlo, por un período no superior a un mes, en casos de gran complejidad. El plazo es de diez días y no de cinco, y la prórroga existe, aunque solo para esos casos.

El art. 28.2 manda atender a la gravedad de los hechos y valorar también las circunstancias personales y sociales del menor y la existencia de un peligro cierto de fuga, y, «especialmente», que haya cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. El equipo técnico informa en la comparecencia sobre la conveniencia de la medida, pero su propuesta no es uno de los criterios; tampoco lo son la edad del menor ni que la víctima lo pida.

El secreto puede durar toda la instrucción, pero el art. 24 le pone un límite: el letrado del menor y quien ejerce la acción penal deben conocer el expediente entero, «en todo caso», al evacuar el trámite de alegaciones. La ley no adelanta ese momento a la primera declaración del menor, a la llegada del informe del equipo técnico ni a la adopción del internamiento cautelar.

El art. 22.2 da tres días para designar letrado y advierte a la vez de la consecuencia de no hacerlo: se le nombra uno de oficio del turno de especialistas del Colegio de Abogados. Hecha la designación, el Fiscal la comunica al Juez de Menores. Ni los dos, ni los cinco ni los diez días son el plazo de este trámite.

La letra d) del art. 25 deja proponer a la acusación particular pruebas sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, «salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor». El hecho, cómo se cometió, quién intervino y cuánto participó el menor entran en lo que puede probar; la situación personal del menor queda fuera de su alcance.

El art. 28.1 deja al Fiscal pedir las medidas cautelares de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, y «en cualquier momento», sin esperar a que termine la instrucción. El equipo técnico es oído antes de que el juez resuelva e informa sobre la naturaleza de la medida, pero no es quien la propone.

Es el Ministerio Fiscal quien requiere el informe del equipo técnico, y el art. 27.1 dice que, a estos efectos, el equipo depende funcionalmente de él «sea cual fuere su dependencia orgánica». La dependencia orgánica, que puede ser de una u otra Administración, no cambia a quién responde el equipo al hacer el informe. La ley lo llama «adscrito al Juzgado de Menores» al reconocer al menor el derecho a su asistencia, pero cuando elabora este informe responde al Fiscal. La entidad pública de protección o reforma de menores es otra pieza del sistema, no la que dirige este trabajo.

El art. 28.1 enumera las medidas cautelares posibles: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el Juez, y convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Las prestaciones en beneficio de la comunidad, la permanencia de fin de semana y las tareas socio-educativas son medidas del catálogo del art. 7, pero no figuran entre las cautelares.

El art. 28.3 fija en seis meses el tiempo máximo del internamiento cautelar y permite una prórroga de otros tres como máximo. La prórroga no es automática: la pide el Ministerio Fiscal, se oye antes al letrado del menor y se acuerda por auto motivado. La prórroga es, pues, la mitad del plazo inicial, y no lo duplica.

El art. 28.1 pide dos cosas para solicitar una medida cautelar: indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de que el menor eluda u obstruya la acción de la justicia o atente contra los bienes jurídicos de la víctima. La ley no exige que el menor haya sido detenido ni que haya reconocido los hechos, ni que la víctima se haya personado.

El art. 23.4, añadido por la LO 1/2025, manda al Fiscal instar del Juzgado de Menores la declaración de la víctima o de otro testigo como prueba preconstituida, de oficio o a petición de cualquiera de las partes personadas, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y asegurando la contradicción. Procede cuando hay riesgo de que no pueda acudir al juicio oral o cuando se trata de una persona especialmente vulnerable. El Fiscal no la recibe por sí en el expediente, y ni el equipo técnico ni la Policía Judicial la practican.

El art. 22.1 abre la lista de derechos del menor con su momento: «Desde el mismo momento de la incoación del expediente». Entre esos derechos está el de intervenir en las diligencias de la investigación preliminar y del proceso judicial y el de proponer y solicitar que se practiquen. No espera al informe del equipo técnico, ni a que se concluya la instrucción o se abra la audiencia: la investigación en la que interviene es justamente la que va antes de todo eso.

El art. 29 manda adoptar las medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles, e instar en su caso las actuaciones civiles que procedan, «sin perjuicio» de concluir la instrucción y de efectuar las alegaciones. El expediente no se suspende ni pasa al juez civil, y el Fiscal formula sus alegaciones.

El art. 30.3 distingue dos casos. El Fiscal «podrá» proponer que participen en la audiencia personas o representantes de instituciones públicas y privadas que aporten elementos sobre el interés del menor y la conveniencia de las medidas; pero «en todo caso» serán llamados los perjudicados civilmente por el delito y los responsables civiles. Las instituciones son, por tanto, una propuesta posible y no una llamada obligada; la ley no llama a la audiencia, por ser denunciantes, a quienes denunciaron los hechos, y la entidad pública que ejecutó medidas anteriores puede asistir a la audiencia (art. 35.1), pero no está entre quienes se llaman en todo caso.

El art. 27.4 da dos razones para que el equipo técnico proponga no continuar el expediente, y esta es una de ellas: que cualquier intervención resulte inadecuada para el menor por el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. La otra mira a lo que ya han logrado los trámites practicados. Ni la mayoría de edad alcanzada durante la instrucción, ni la falta de antecedentes, ni una medida cautelar ya acordada están entre esas razones.

Las partes piden las diligencias al Fiscal, que decide sobre su admisión por resolución motivada, la notifica y la pone en conocimiento del Juez de Menores. Contra esa decisión, el art. 26.1 no abre un recurso de reforma ni de apelación: da a las partes la vía de reproducir, en cualquier momento, ante el Juzgado de Menores la petición de las diligencias no practicadas. El equipo técnico informa sobre el menor; no practica las diligencias que el Fiscal rechaza.