El catálogo de medidas y el principio acusatorio

La prohibición de comunicarse impide establecer con la víctima, o con los familiares y demás personas que determine el Juez, contacto «escrito, verbal o visual», y «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático». No deja fuera la mirada ni la pantalla. Los lugares (domicilio, centro docente, trabajo) son el ámbito de la otra cara de la medida, la prohibición de aproximarse, y no limitan la de comunicarse.

La inhabilitación absoluta priva «definitiva» y totalmente de los honores, empleos y cargos públicos que tuviera la persona, aunque sean electivos; lo que dura solo el tiempo de la medida es la incapacidad para obtener otros y para ser elegido. Por eso falla la opción que hace temporal la privación de lo que ya tenía, y también la suspensión, que no lo pierde. Y no se limita al cargo con el que se cometió el hecho: alcanza a todos.

Entre las reglas de conducta que el Juez puede añadir a la libertad vigilada, la primera es asistir con regularidad al centro docente y acreditar esa asistencia ante el Juez cuantas veces lo pida, y la ley la reserva al menor que está «en edad de escolarización obligatoria». No depende de dónde se cometió el hecho ni de que la proponga el profesional que hace el seguimiento, y la ley no pide aquí que el menor la acepte.

La personalidad y el interés del menor se ponen de manifiesto en los informes de los equipos técnicos y, cuando lo conocen por haber ejecutado antes una medida cautelar o definitiva, de las entidades públicas de protección y reforma de menores. La ley no los remite al atestado ni a lo que aleguen el Fiscal o el acusador particular, ni a la declaración del menor. Elegir la medida pide así algo más que probar y calificar los hechos, y el Juez ha de motivar en la sentencia por qué escoge esa medida y ese plazo.

En el internamiento en régimen semiabierto la persona reside en el centro, pero puede hacer fuera «alguna o algunas» de sus actividades; esa salida depende de su evolución y el Juez puede suspenderla. Se distingue de sus dos vecinos: en el régimen cerrado todas las actividades se desarrollan dentro del centro, y en el abierto todas se hacen fuera, en los servicios del entorno, con el centro como domicilio. La asistencia a un centro de día no encaja porque en ella la persona sigue residiendo en su casa.

El segundo párrafo del art. 8 pone ese tope a las medidas privativas de libertad y las enumera por sus letras del art. 7.1: los internamientos en régimen cerrado, semiabierto y abierto, el internamiento terapéutico y la permanencia de fin de semana. La asistencia a un centro de día no está en esa lista. Tientan el régimen abierto, en el que las actividades se hacen fuera del centro, y la permanencia de fin de semana, que se puede cumplir en casa, pero la ley incluye a las dos.

Las letras d) y e) del art. 7.1 cierran con la misma regla: cuando el interesado rechaza un tratamiento de deshabituación, el Juez «habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias». La ley no prevé imponer la deshabituación contra su voluntad, ni alargar la medida a la espera de que la acepte, ni darla por cumplida: el rechazo no deja al menor sin respuesta, sino que obliga a cambiar de medida.

Es el principio acusatorio: la medida que piden el Fiscal o el acusador particular marca el techo, y el Juez no puede imponer otra que suponga más restricción de derechos ni la misma por un tiempo superior. Los dos límites operan a la vez, y ninguno cede porque el equipo técnico aconseje algo más severo: su informe ayuda a elegir la medida, pero dentro de lo pedido por la acusación.

Todo internamiento tiene dos períodos: el primero, en el centro, con el régimen que corresponda; el segundo, «en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez». El equipo técnico informa sobre el contenido de los dos períodos y el Juez fija en la sentencia la duración de cada uno, sin que el total supere los límites de la ley. El segundo período no es un internamiento más suave, como el régimen abierto, ni una permanencia de fin de semana.

Las tareas socio-educativas son actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de la competencia social, y se cumplen sin internamiento ni libertad vigilada. Las actividades no retribuidas de interés social son las prestaciones en beneficio de la comunidad, con las que más se confunden; el seguimiento de la escuela y las entrevistas con un profesional son de la libertad vigilada; y acudir desde casa a un centro integrado en la comunidad es la asistencia a un centro de día.

El art. 7.1 enumera las medidas «ordenadas según la restricción de derechos que suponen»: de la más restrictiva, el internamiento en régimen cerrado, a las que menos restringen, como la amonestación o la privación de permisos y licencias. No las ordena por la gravedad del hecho ni por su duración, que la ley regula aparte, y el orden de la lista no es una regla sobre cuál se cumple antes cuando concurren varias: esa cuestión la resuelve otro artículo, con criterios propios.

La permanencia de fin de semana obliga a quedarse en el domicilio o en un centro «hasta un máximo de treinta y seis horas» en esa franja, del viernes por la tarde o la noche a la noche del domingo, sin contar el tiempo de las tareas socio-educativas que el Juez le haya asignado fuera. Las treinta y seis horas son el tope de cada fin de semana; cuántos fines de semana puede durar la medida es otra cifra, que la ley fija en sus reglas de duración. El tope es menor que lo que dura esa franja, así que la medida no obliga a pasar entero el fin de semana.

El art. 7.1.k dice de las prestaciones en beneficio de la comunidad que «no podrá imponerse sin su consentimiento». Las tareas socio-educativas tientan porque también consisten en hacer actividades, pero la ley no pide para ellas ese consentimiento, como tampoco para el internamiento en régimen semiabierto ni para la prohibición de aproximarse a la víctima.

La libertad vigilada obliga a seguir las pautas socio-educativas que señale «la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento», de acuerdo con un programa de intervención que aprueba el Juez. El centro docente o de formación aparece en la medida, pero como lugar cuya asistencia se vigila, no como quien fija las pautas; el Fiscal puede pedir reglas de conducta al Juez, que no son lo mismo; y la familia no tiene ese papel en la ley.

La privación del permiso de conducir o de las licencias de caza o de armas «podrá imponerse como accesoria»: es una facultad del Juez, no una consecuencia obligada. Y cada una se liga al instrumento usado: el permiso, cuando el hecho se cometió con un ciclomotor o un vehículo a motor; la licencia, cuando se cometió con un arma. No basta con que hubiera violencia o intimidación, y aun habiéndose usado un arma la ley no obliga a imponerla.