El procedimiento de habeas corpus

Si no hay detención ilegal, el art. 8.1 manda archivar «declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando», por auto motivado y no por sentencia. Las costas solo se imponen al solicitante si hubo temeridad o mala fe (art. 9), y la puesta en libertad es una medida para cuando sí concurre alguna circunstancia del art. 1 (art. 8.2.a).

El art. 6 cierra la vía: contra la resolución que acuerda la incoación o deniega la solicitud «no cabrá recurso alguno», ni en un caso ni en el otro. No caben la reforma ni la apelación: el procedimiento está hecho para terminar en horas.

Las letras b) y c) del art. 3 legitiman al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a los jueces y no insta procedimientos; la Delegación del Gobierno es autoridad gubernativa, la que detiene y es controlada; y el Colegio de Abogados no está en la lista: sí lo está el abogado defensor del detenido (letra d).

La letra b) no acota el sitio: «cualquier establecimiento o lugar». El habeas corpus alcanza así un internamiento ilícito en un centro privado o en un lugar que no es un establecimiento, y no solo la celda de una comisaría o de una prisión.

El art. 7 oye primero a la persona privada de libertad (o a su representante legal y a su abogado) y al Ministerio Fiscal; «acto seguido», y en justificación de su proceder, a quien ordenó o practicó la detención o el internamiento, y en todo caso a quien lo custodia. El fiscal y el abogado también son oídos, pero no para justificar nada: no detuvieron a nadie.

El art. 7 da al juez dos caminos: que la autoridad le ponga de manifiesto al detenido «sin pretexto ni demora alguna», o ir él al lugar donde esté. En los dos el juez oye en persona al privado de libertad: ni un informe escrito, ni la visita del fiscal, ni el auxilio de otro juez sustituyen esa comparecencia, que es la que da nombre al procedimiento.

El art. 55.2 de la Constitución permite suspender ciertos derechos, para personas determinadas, en las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. Cuando la detención se hace en aplicación de la ley orgánica que lo desarrolla, el procedimiento «deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción», que hoy es el de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Si no consta ni el paradero ni el lugar de la detención, rige el fuero de las últimas noticias; y ni la nacionalidad del detenido ni el cuerpo que lo detiene cambian el juez.

Si no consta el lugar en que se encuentra el privado de libertad, el art. 2 pasa al segundo fuero: el lugar de la detención. El de las últimas noticias es el tercero y solo entra «en defecto de los anteriores»; ni el domicilio del solicitante ni su elección cuentan.

El art. 1.a) enumera a quien puede detener ilegalmente: «una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular». El habeas corpus no se limita a los poderes públicos, y nada impide denunciar además el delito. Tampoco hace falta el fiscal: el propio privado de libertad y sus familiares están legitimados (art. 3).

El art. 5 obliga a la autoridad gubernativa, a sus agentes y a los funcionarios a «poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente» la solicitud del detenido que custodian. No la filtran ni la aplazan hasta el atestado: quien examina si procede es el juez (art. 6).

El art. 9 solo condena en costas al solicitante «si se apreciase temeridad o mala fe»; en caso contrario, «se declararán de oficio». Que la solicitud no prospere no basta: el procedimiento está pensado para que cualquiera pueda acudir a él.

Para las personas con discapacidad con medidas de apoyo judiciales, la letra a) legitima a quien preste el apoyo «con facultad de representación específica para este acto concreto»: no basta con prestar apoyo. El Ministerio Fiscal puede instarlo por su propia legitimación (letra b), pero no en exclusiva, y el director del centro no aparece en la lista.

Las veinticuatro horas se cuentan «desde que sea dictado el auto de incoación»: ni desde la detención ni desde la solicitud. Las setenta y dos horas son el máximo de la detención preventiva del art. 17.2 de la Constitución, que es otra garantía.

El art. 2 ordena tres fueros en cascada: primero, el lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no consta, el de la detención; y en defecto de ambos, el de las últimas noticias sobre su paradero. El domicilio no es fuero. La ley dice todavía «Juez de Instrucción»: hoy conoce la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (art. 88 de la LOPJ).

La letra b) pide el lugar en que se halle el privado de libertad y la autoridad o persona que lo custodia «si fueren conocidos». Lo que sí debe constar siempre es el nombre y las circunstancias del solicitante y del privado de libertad, y el motivo concreto por el que se pide (letras a y c). Por eso el art. 2 prevé fueros para cuando no consta dónde está el detenido.

El último párrafo del art. 3 permite que lo inicie «de oficio, el Juez competente» del art. 2. La autoridad que custodia al detenido no inicia nada: su deber es comunicar de inmediato al juez la solicitud que le haga el detenido (art. 5). Y el inicio de oficio no depende de la edad.