La Agencia Española de Protección de Datos

Los planes de auditoría preventiva analizan cómo cumple un sector, y sus directrices no son recomendaciones: obligan al sector o al responsable al que se refiere el plan. No dependen de un código de conducta, aunque sus organismos de supervisión puedan colaborar en elaborarlas, ni de que las ratifique el Consejo Consultivo.

Son cinco años, y la ley admite expresamente renovarlo por otro período de la misma duración; la regla vale igual para el Adjunto. Lo que más se falla es la renovación, que aquí la ley sí permite.

Los actos de la Presidencia ponen fin a la vía administrativa, así que no hay alzada ante ningún ministerio: eso contradiría la independencia de la Agencia. Se recurren directamente, y el órgano es la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, no el Tribunal Supremo ni un Tribunal Superior de Justicia.

Para esos procedimientos la ley señala a quien dirige la inspección, no al Adjunto: la Presidencia ni siquiera puede delegar en él las funciones de esos procedimientos, y el Adjunto solo asume el resto de competencias. Si también en quien dirige la inspección concurre la ausencia o la abstención, pasan a los titulares de los órganos con nivel de subdirección general, por el orden que fija el Estatuto y no por antigüedad. La ley no da ese papel al Consejo Consultivo.

Son agentes de la autoridad, no policía judicial ni peritos, y la ley les impone guardar secreto sobre lo que conozcan investigando incluso después de haber cesado en esa función. Limitar el secreto al tiempo de la investigación deja fuera justo lo que la ley quiere cubrir.

No haber podido identificar al responsable por otros medios es el presupuesto para pedir los datos, pero no basta: el requerimiento motivado solo vale en las investigaciones abiertas por la denuncia de un afectado contra una persona jurídica o sobre sistemas que divulgan datos personales sin restricciones. En el resto de supuestos hace falta autorización judicial cuando sea exigible, y la Presidencia no puede sustituirla.

La Agencia propone su Estatuto y el Gobierno lo aprueba por real decreto: la iniciativa queda en manos de la Agencia, que es lo que protege su independencia. Por eso la propuesta no es del Ministerio de Justicia, que solo es la vía por la que la Agencia se relaciona con el Gobierno. Ni lo aprueba ella misma ni hace falta una ley.

Basta cualquiera de las dos cosas: que el inspeccionado consienta o que haya una autorización judicial. Con el consentimiento no hace falta ir al juez, y una orden de la Presidencia, por motivada que sea, no abre un domicilio protegido.

Los nombra el Ministro de Justicia por orden, que se publica en el BOE, aunque a cada uno lo propone la institución u organización que representa. La Presidencia no los elige, porque el Consejo existe para asesorarla, y ni el Consejo de Ministros ni el Congreso intervienen.

Entre los miembros del Consejo Consultivo hay un experto en transparencia y acceso a la información pública, y lo propone el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: las dos materias se tocan cuando una solicitud de acceso alcanza datos personales. Ni el Consejo Económico y Social, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ni el Defensor del Pueblo proponen a nadie.

La ley la configura como una de las autoridades administrativas independientes previstas en la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia y plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Un organismo autónomo o una agencia estatal quedan adscritos a un departamento ministerial que los dirige, y eso es justo lo que esa independencia excluye; y tampoco es un órgano de las Cortes.

Las circulares son disposiciones generales, y como tales obligan una vez publicadas en el BOE, no al aprobarse ni al notificarse a nadie en particular. Su elaboración pasa por informes técnicos y jurídicos y por la audiencia a los interesados, pero ningún informe las hace obligatorias.

Nombra el Gobierno, por real decreto acordado en Consejo de Ministros, y la propuesta es del Ministerio de Justicia. El Congreso interviene en el procedimiento, pero no nombra: su papel es ratificar la propuesta que le remite el Gobierno. Y el Consejo Consultivo no interviene en el nombramiento.

La ley manda publicar las resoluciones que resuelven sobre la atención de los derechos, las que ponen fin a los procedimientos sancionadores y de apercibimiento, las que archivan las actuaciones previas, las dictadas respecto de las entidades del art. 77.1 y las que imponen medidas cautelares, además de las que disponga el Estatuto. Los acuerdos que abren unas actuaciones o un procedimiento, o que admiten una reclamación, no están en esa lista.