Qué es un explosivo, cómo se clasifica y quién lo controla

El art. 1.4.a excluye a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los cuerpos de policía autonómicos que reúnan dos condiciones a la vez: que su Estatuto les dé competencias para proteger personas y bienes y mantener el orden público, y que cuenten con unidades de desactivación de explosivos. No basta con depender de una comunidad autónoma, ni con tener las competencias sin la unidad, ni con tener la unidad sin las competencias: hacen falta las dos.

El art. 3.10 declara intransferibles e inalienables las facultades que reconocen las autorizaciones, salvo autorización expresa otorgada al efecto. Por eso la cesión no es imposible, pero tampoco basta con comunicarla ni con que la otra empresa tenga capacidad técnica y solvencia (que el art. 3.3 exige a quien ejerce cualquier actividad reglamentada): hace falta que se autorice expresamente.

El art. 2.3.c permite a cada Administración, exclusivamente en el ámbito de sus competencias, suspender temporalmente cualquier autorización otorgada en ese ámbito por razones de seguridad debidamente motivadas. No hace falta que medie una sanción ni un juez, pero tampoco puede una Administración suspender lo que se otorgó en el ámbito de otra, por urgente que sea.

La división 1.2 agrupa las materias y objetos con riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. El riesgo de explosión en masa es el de la 1.1; el de incendio con ligero riesgo de onda expansiva o de proyección, el de la 1.3, y el pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte, el de la 1.4.

El art. 1.5 exige el acuerdo anual de la Junta de Seguridad respectiva y, una vez adoptado, que el departamento del que depende el cuerpo comunique antes a la Dirección General de la Guardia Civil la cantidad, la clase de producto y la procedencia del material. A la Dirección General se le comunica la compra, pero no la acuerda; ni la Delegación del Gobierno ni el Consejo de Política de Seguridad intervienen en ese paso.

El art. 2.2.b atribuye a la Dirección General de la Guardia Civil, dentro de sus competencias de seguridad ciudadana, el control y la inspección de la fabricación, el almacenamiento, la circulación, el comercio, el transporte, la tenencia y el uso, y la autorización de las importaciones, transferencias y tránsitos de origen comunitario. Las autorizaciones para el funcionamiento de las instalaciones y establecimientos son de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (2.2.d); la clasificación y la catalogación, del órgano de seguridad industrial (arts. 9 y 16), y la autorización de fábricas y depósitos por la defensa nacional, de la Dirección General de Armamento y Material (2.2.e).

El art. 7.1 deja fuera del sistema los explosivos transportados y entregados sin embalar o en camiones cisterna para su descarga directa en el barreno, y los fabricados en el lugar de la voladura que se cargan enseguida. Un explosivo encartuchado que se vende a una cantera, uno importado para su venta o uno almacenado en un depósito sí llevan su identificación única y su rastro.

Es la recuperación (art. 4.20). Se confunde con la retirada (art. 4.21), que es la medida para impedir que se comercialice un explosivo que todavía está en la cadena de suministro: la retirada actúa antes de que el explosivo llegue al usuario final, y la recuperación, después. La eliminación y la inertización son destinos del explosivo, no medidas para que vuelva.

El art. 5.5 considera fabricante, con todas sus obligaciones, al importador o distribuidor que introduce un explosivo en el mercado con su nombre o marca comercial, o que lo modifica de forma que pueda quedar afectada su conformidad. Que no lo haya fabricado no la deja en las obligaciones de distribuidor; tampoco es representante autorizado, que es quien actúa por mandato escrito del fabricante, y aunque fuera importadora, el 5.5 la trataría igualmente como fabricante.

El art. 4.9 no define el explosivo por un trámite administrativo, sino por remisión: son las materias y objetos considerados explosivos por las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y que figuran en su clase 1. Estar catalogado o llevar el marcado CE son requisitos previos a su comercialización y uso (arts. 15 y 20), no lo que lo convierte en explosivo; y la Comisión de Seguridad Minera solo informa en la clasificación (art. 9.2).

El art. 21.4 exime a estos productos del sistema de seguimiento de la tenencia del art. 7 y, a cambio, exige que vayan identificados por un número de lote o serie en el propio explosivo o en su envase o embalaje, con la referencia del agente económico y un lugar único de contacto. No llevan identificación única de trazabilidad, y por definición son explosivos sin catalogar o sin marcado CE.

El art. 6.1 define la entidad colaboradora de la Administración como la entidad pública o privada que proporciona a la autoridad competente asistencia técnica y apoyo en auditoría e inspección de seguridad industrial. No hace vigilancia ni protección, que el art. 3.5 reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al personal que el reglamento determina; expedir guías de circulación no es asistencia técnica ni inspección de seguridad industrial, y las entidades de formación son otras, que la disposición adicional primera del real decreto nombra aparte.

El art. 9 divide las materias explosivas en explosivos iniciadores, rompedores, propulsores y otras materias explosivas, y pone las pólvoras negras, junto a las pólvoras sin humo, entre los propulsores. Los rompedores son las sustancias y mezclas explosivas, como las dinamitas o los nafos.

El art. 15.1 exige que el explosivo esté catalogado antes de importarlo, transferirlo, almacenarlo, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo. El 15.3 exceptúa el que se fabrica y se incorpora a un producto final dentro del mismo complejo fabril o grupo empresarial y no se va a comercializar. Importarlo para almacenarlo, transferirlo para usarlo o comprarlo para revenderlo son justo las operaciones que la catalogación precede.

El art. 4.27 define la transferencia como todo desplazamiento físico de explosivos dentro de la Unión Europea, exceptuados los que se hacen dentro del territorio español: un traslado entre dos lugares de España no es una transferencia, sea o no dentro de una obra. Expedir a un tercer país es lo que hace el exportador (4.10), y meter en el mercado de la Unión un explosivo de un tercer país, lo que hace el importador (4.13).

El art. 3.7 resuelve la mezcla de un modo único: cuando en un mismo recinto o edificio coexisten explosivos de divisiones de riesgo distintas, el recinto o edificio toma la más desfavorable. No se pondera por cantidad ni por orden de entrada, ni se reparte el edificio por zonas: aunque los explosivos de la 1.1 fueran pocos, el edificio entero es de la 1.1.

Dentro de las mezclas explosivas rompedoras, el art. 9 llama tipo E-b a las emulsiones. Su vecino, el tipo E-a, son los hidrogeles: la letra E los agrupa y la a o la b los separa. Las dinamitas son el tipo A y los nafos, el tipo B.

Las dos divisiones son de materias u objetos muy poco sensibles, y por eso se confunden, pero se separan justo en esto: la 1.5 son materias muy poco sensibles que sí presentan riesgo de explosión en masa, aunque la probabilidad de cebado en el transporte sea muy reducida; la 1.6 son objetos extremadamente poco sensibles que no lo presentan, y su riesgo se limita a la explosión de un objeto único.

La regla general del art. 20.2 es colocar el marcado CE sobre el explosivo, de manera visible, legible e indeleble, y solo si la naturaleza del producto no lo permite, en el embalaje y en los documentos. El 20.6 cambia la regla para los fabricados para uso propio, entre otros casos que enumera: el marcado va en los documentos que los acompañan. El catálogo no es soporte del marcado: el marcado CE es condición para catalogar el explosivo (20.7), no algo que se ponga en él.