Las infracciones, las sanciones y las medidas de seguridad de los explosivos

El artículo 185.1 da la iniciación de los expedientes de seguridad industrial a varias autoridades, entre ellas los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, «independientemente de la sanción que en definitiva se pueda imponer». La gravedad no le quita la competencia, ni el Delegado la tiene en exclusiva. La instrucción es otra fase, y la de las muy graves de seguridad industrial no es de la Intervención de Armas y Explosivos, sino del órgano competente de la Dirección General de Política Energética y Minas (185.2.a).

El artículo 182.2 da a las infracciones de seguridad industrial una escala de un año, tres años y cinco años, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente: los tres años son los de la grave. La leve prescribe antes, al año, y la muy grave después, a los cinco años, así que la grave no comparte su plazo con ninguna otra.

El artículo 181.1 da a los funcionarios del Área Funcional de Industria y Energía que inspeccionan la seguridad industrial el carácter de autoridad pública (letra b), y a sus actas, presunción de certeza sobre los hechos que el inspector haya constatado, salvo prueba en contrario (letra c). Para esas actas el reglamento no pide ninguna ratificación: la ratificación la menciona el mismo artículo para otras denuncias, las de los agentes del apartado 2. Y el carácter de agentes de la autoridad es el de quienes inspeccionan la seguridad ciudadana, no el de estos funcionarios.

Para los apartados 1, 2 y 12 del artículo 179, el 181.3.b añade a la multa la incautación de todo el explosivo aprehendido o de la cantidad que exceda de la autorizada. La tenencia o el almacenamiento por encima de lo autorizado se sanciona conforme a la Ley Orgánica 4/2015, así que no le alcanzan las sanciones propias de la Ley 21/1992 de Industria: la pérdida de subvenciones es una accesoria de sus infracciones graves y muy graves (artículo 34.3), y la suspensión de la actividad hasta cinco años, de sus muy graves (artículo 36 y 180.5 del reglamento). La revocación no es una sanción del 181: el artículo 188 la prevé para cuando dejan de mantenerse los requisitos de la autorización, por su propio procedimiento.

El artículo 184.3 exige, en todo caso, dos informes preceptivos antes de que el Delegado del Gobierno acuerde el cierre temporal de un establecimiento: el de la Intervención Central de Armas y Explosivos y el de la Dirección General de Política Energética y Minas. Ni el Subdelegado del Gobierno ni el Área Funcional de Industria y Energía figuran en ese apartado, y cada opción falsa cambia uno de los dos informes, o los dos, por alguno de ellos.

El artículo 181.3.a reparte las infracciones del 178 entre dos leyes. No denunciar la pérdida o sustracción de la documentación (apartado 2) está entre las que se sancionan conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana; el incumplimiento de los requisitos de las entidades colaboradoras de la Administración (apartado 7), entre las que se sancionan conforme a la Ley 21/1992, de Industria. Que las dos conductas estén en el mismo artículo del reglamento no las somete a una sola ley.

El artículo 190.1 prevé, para deficiencias o irregularidades sin riesgo relevante para la seguridad ciudadana, que su titular o responsable las subsane en el plazo adecuado que se le conceda, sin necesidad de las medidas de seguridad extraordinarias del artículo 189, como la paralización de la actividad, que se reservan para la urgencia, el grave riesgo o el peligro inminente. El artículo no fija el plazo: lo concede la autoridad según el caso, y los tres meses son el máximo de subsanación de otro trámite, la puesta en marcha de las fábricas (artículo 31.2). Ninguna sanción se impone sin el procedimiento instruido al efecto (artículo 184.1). Y si el plazo termina sin que se hayan subsanado, sin causa que lo justifique, la autoridad que concedió la autorización podrá acordar el procedimiento de revocación (190.2).