Los criterios de graduación y el procedimiento sancionador del reglamento del contrabando

El artículo 28.2 permite designar depositarios a los presuntos infractores cuando la naturaleza de los bienes o las circunstancias del hecho o de las personas lo aconsejen, y la garantía se pide solo si el instructor lo considera oportuno. Como depositarios, tienen además que rendir las cuentas que se les ordenen y cumplir las medidas que acuerde la Administración aduanera. El abandono expreso no abre esa puerta: lo que permite es la venta inmediata del apartado 5.

El artículo 15.2 deja a los interesados formular alegaciones y aportar documentos «con anterioridad al trámite de audiencia», además del plazo que el artículo 31 abre al notificar la iniciación. La prueba llega antes de la audiencia, así que no cierra ese margen. Y la audiencia sí lo cierra: en ella pueden volver a alegar, pero ya dentro del plazo que les da el artículo 33, no en cualquier momento; después el instructor redacta la propuesta y la eleva a quien resuelve.

El artículo 22.3 da la dirección funcional al órgano que resulte competente para resolver el procedimiento sancionador que pueda salir de esas actuaciones. No la tiene quien aprehende, aunque sea la fuerza del resguardo fiscal; y al juez solo se llega si los hechos pueden ser delito, porque entonces se le pasa el tanto de culpa a él o al Ministerio Fiscal.

El artículo 23.4 pide la firma de los aprehensores o descubridores y de los presuntos infractores; si estos faltan, no saben o no quieren firmar, firman dos testigos, si los hay, y se hace constar esa circunstancia. La firma del jefe de la fuerza no sustituye a la del infractor, y el reglamento no manda rehacer la diligencia ante un juez ni le quita valor por la negativa.

El artículo 35.5 da por caducado el procedimiento cuando pasan treinta días desde que vence el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado resolución, y manda archivar las actuaciones de oficio o a instancia del interesado. El mismo apartado deja a salvo la posibilidad de iniciarlo de nuevo mientras no haya prescrito la acción de la Administración para imponer la sanción: lo que caduca es el procedimiento, no la acción.

El artículo 10.3 entiende que hay planificación del contrabando cuando se usan medios, modos o formas que tienden a asegurar el éxito del ilícito, y pone de ejemplo los vehículos con doble fondo o espacios disimulados, los precintos falsificados o los sistemas para detectar los controles. Las otras tres opciones son circunstancias que el reglamento también tiene en cuenta al graduar, pero miran a la contabilidad, a los papeles o a quién figura como titular, no al modo de esconder la mercancía.

El artículo 23.5 reparte los tres ejemplares: el original va al órgano que debe iniciar el procedimiento sancionador, una copia se entrega al presunto infractor y la otra se la queda quien firmó la diligencia. Entregarla al infractor y quedársela quien firma es el destino de las dos copias, y el juzgado no figura en el reparto.

El artículo 28.3 permite al instructor autorizar actos de disposición sobre el tabaco y los demás géneros estancados intervenidos, incluida su destrucción, «a reserva de la pertinente indemnización». Si al final no procede el comiso, el artículo 36.3 manda indemnizar a los interesados: la regla general del 36.1, devolver a sus dueños lo no decomisado, ya no se puede cumplir.

El artículo 10.5 aprecia persona interpuesta cuando el infractor, para ocultar su identidad, hace figurar a nombre de un tercero, «con o sin su consentimiento», la titularidad de los medios de transporte, de la mercancía o de las operaciones. Lo que cuenta es la finalidad de ocultarse: que el vecino no lo supiera no lo impide, el provecho del tercero no se exige y los medios de transporte están en la lista junto a la mercancía.

El artículo 23.2 distingue las diligencias por lo que pasa al formalizarlas: son de aprehensión si en ese momento se aprehenden los bienes, y de descubrimiento si no. Aquí no queda nada que retener, así que es de descubrimiento, y su apartado 3.d) pide que haga constar las cantidades objeto de la operación con el mayor detalle posible. La valoración no la hacen los agentes: la hace después el órgano que instruye el expediente.

El artículo 30.1 deja al instructor practicar las actuaciones que estime necesarias y pedir certificaciones, informes y dictámenes de otros organismos, pero una petición es obligatoria: los antecedentes de los inculpados sobre sanciones por infracciones administrativas de contrabando, al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, limitados al período que sirve para graduar la sanción. Los dictámenes y los informes de los agentes los puede encargar, pero no está obligado.

El artículo 22.2 deja actuar a las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las autoridades militares en tres casos: cuando se lo piden por urgencia los encargados de perseguir el contrabando, cuando sorprenden a los infractores cometiendo la infracción y cuando, sin estar presentes los órganos aduaneros ni el resguardo fiscal, pueden aprehender preventivamente. Aquí basta el segundo: el requerimiento es uno de los tres supuestos, no una condición de los demás, y nada en el artículo les obliga a esperar al resguardo fiscal.

El artículo 25.2 prevé que, si el acto de iniciación contiene ya todo lo que debe llevar la propuesta de resolución, la notificación advierta de que, sin alegaciones en plazo, ese acto podrá considerarse propuesta de resolución y pasar sin más trámites al órgano que resuelve. Es una propuesta, no la resolución, que después dicta ese órgano. Tampoco equivale a reconocer la responsabilidad, que regula aparte el artículo 18, y el expediente sigue hasta la resolución en lugar de archivarse.

El artículo 23.6 da a las diligencias formalizadas con los requisitos de su apartado 3 el carácter de documento público y valor probatorio, pero «sin perjuicio» de las pruebas que los interesados puedan señalar o aportar en su defensa. No son, por tanto, una simple denuncia que el instructor tenga que rehacer, ni una prueba que cierre la discusión: el interesado puede rebatirlas.

El artículo 22.5 manda remitir las diligencias dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que se formalizan, junto con la puesta a disposición de los bienes, efectos o instrumentos aprehendidos. El plazo corre desde que se formaliza la diligencia, no desde que se descubren los hechos ni desde que se inicia el procedimiento.