Las limitaciones por orden público, seguridad y salud pública

El artículo 15.7 cierra esa vía: la caducidad del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado entró en España «no podrá ser causa de expulsión», y lo mismo vale, en su caso, para la caducidad de la tarjeta de residencia. No la reabre un requerimiento para renovarlo, ni que la tarjeta también esté caducada, ni el tiempo que lleve caducado: el apartado no pone condiciones.

La letra b) del artículo 15.6 admite la repatriación del menor cuando es conforme a su interés superior, y añade que esa repatriación no tiene, «en ningún caso, carácter sancionador». La expresión no deja resquicio: no se vuelve sanción porque el menor haya cometido una infracción ni por los motivos que la acompañen, y el artículo no le asocia ninguna prohibición de entrada.

La letra d) del artículo 15.5 lo dice sin matices: «La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas». La medida por orden público o seguridad pública ha de fundarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, que tiene que ser una amenaza real, actual y suficientemente grave. Las condenas pueden formar parte de esa valoración, pero ni la duración de la pena, ni el carácter doloso del delito, ni que se repita la misma clase de delito las convierten en causa automática.

Denegar la inscripción es una de las medidas del artículo 15.1, pero el 15.5 fija los criterios a los que se atiene cualquiera de ellas, y la letra c) es tajante: «No podrá ser adoptada con fines económicos». Proteger el empleo de una provincia es un fin económico, y no lo convierte en orden público llamarlo así, ni lo salva un informe de la autoridad laboral o un acuerdo del Consejo de Ministros: el artículo no prevé excepción.

La amenaza la valora «el órgano competente para resolver», y lo hace con los informes de las autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. Policía, fiscalía y jueces aportan informes, pero no deciden, ni una Junta de Seguridad; y el juez que conozca de un recurso revisa la decisión después, no la toma.

La regla del artículo 17.1 protege al que recurre y pide la suspensión: no se le expulsa hasta que se decida sobre la medida cautelar. Pero la lista de excepciones es cerrada, «excepto si se da una de las siguientes circunstancias», y la primera es que la resolución de expulsión se base en una decisión judicial anterior. No figuran en ella que el recurso llegue fuera de plazo, que falte un domicilio conocido ni que el interesado haya vuelto a entrar pese a una prohibición.

La resolución de expulsión ha de fijar un plazo para abandonar el territorio español, que solo puede suprimirse en los supuestos del artículo 17.1. Fuera de los casos urgentes y debidamente justificados, el artículo 18.2 pone el suelo: el plazo «no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación». Diez o quince días se quedan por debajo; dos meses cabe concederlos, pero no es el mínimo. Además, la duración del plazo no puede impedir el control de la resolución en vía administrativa o judicial.

El artículo 16 separa a los dos. La expulsión de quien ya es titular de tarjeta o certificado requiere, antes de dictarse, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo razones de urgencia debidamente motivadas. La de quien solo es solicitante no lleva ese informe previo: una vez dictada, se somete a examen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado o de la Abogacía del Estado en la provincia si el interesado lo pide, y su dictamen vuelve a la autoridad para que confirme o revoque la resolución.

Quien ha adquirido la residencia permanente sube un escalón de protección: el párrafo final del artículo 15.1 solo permite expulsarle «si existen motivos graves de orden público o seguridad pública», y antes de decidir obliga a ponderar la duración de su residencia, su integración, su edad, su salud, su situación familiar y económica y sus vínculos con el país de origen. No basta cualquier razón de las que abren el artículo, y la salud pública queda fuera de este supuesto: el párrafo nombra solo el orden público y la seguridad pública.

Pedir el levantamiento no suspende la prohibición: el artículo 15.2 dice que, durante el tiempo en que la solicitud se examina, «el afectado no podrá entrar en España». No distingue entre estancia y residencia, ni abre la entrada por el hecho de admitir a trámite la solicitud: la prohibición sigue entera hasta que la resuelva la autoridad que la dictó.

El artículo 15.8 remite a lo que pasaría con un español: no pedir la tarjeta de residencia o el certificado de registro conlleva «las sanciones pecuniarias» que, en idénticos términos y para supuestos similares, se establezcan para los españoles en relación con el Documento Nacional de Identidad. Es una sanción, y económica: el artículo no lleva el incumplimiento a la expulsión ni a la pérdida del derecho de residencia, y tampoco lo deja en un simple apercibimiento.

Recurrir ante el juez no da, por sí solo, derecho a quedarse: durante la sustanciación del recurso judicial el interesado «no podrá permanecer en territorio español», ni hasta la sentencia de primera instancia ni hasta su firmeza. La regla tiene su contrapeso, el trámite de vista, en el que podrá presentar personalmente su defensa; y ese contrapeso cae solo en los dos supuestos que el propio apartado exceptúa, uno de ellos el recurso contra una denegación de entrada.

El paso del tiempo no extingue la resolución, pero tampoco permite ejecutarla a ciegas. Cuando se va a ejecutar más de dos años después de dictarse, el artículo 15.4 obliga a las autoridades a comprobar y valorar los cambios de circunstancias desde que se adoptó y la realidad de la amenaza que el interesado representa para el orden público o la seguridad pública. Con esa comprobación puede ejecutarse; el artículo no pide que haya un delito nuevo ni da la resolución por caducada.