Los actos jurídicos de la Unión

La delegación del artículo 290 tiene un solo destinatario posible, la Comisión. Ni el Consejo, ni el Consejo Europeo, ni los Estados miembros reciben poderes delegados por esta vía. Lo que se delega es la adopción de actos no legislativos, aunque tengan alcance general.

El artículo 289 llama procedimiento legislativo especial a la adopción, en los casos que prevén los Tratados, por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, o por el Parlamento con la participación del Consejo. Y todo acto adoptado mediante procedimiento legislativo, ordinario o especial, es un acto legislativo: el «especial» no le quita esa condición. Que intervengan las dos instituciones no convierte el procedimiento en ordinario.

El artículo 292 ata la mayoría de la recomendación a la del acto: el Consejo se pronuncia por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para adoptar un acto de la Unión. La propuesta de la Comisión es otra cuestión, que el mismo artículo resuelve aparte: el Consejo se pronuncia a propuesta de ella cuando los Tratados así lo disponen para sus actos. Ni el destinatario ni una petición del Parlamento deciden la mayoría.

El artículo 290.1 permite que los actos delegados completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo, y reserva a este la regulación de los elementos esenciales de un ámbito, que por eso no puede delegarse. Por eso falla la opción que invierte el reparto, y también las que ponen las dos clases de elementos del mismo lado.

La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que hay que conseguir: ese resultado lo fija ella, no las autoridades nacionales. Lo que les deja es el camino para llegar a él, la elección de la forma y de los medios. Tampoco eligen ellas a quién obliga: la directiva tiene su Estado destinatario.

La objeción formulada en plazo impide que el acto delegado entre en vigor, y basta con que la formule una de las dos instituciones. No la puede superar la Comisión manteniendo el acto, ni la resuelve el Consejo Europeo. Revocar la delegación es otra condición distinta que el acto legislativo puede prever, no el efecto de la objeción.

El artículo 288 dice de la decisión dos cosas: que es obligatoria en todos sus elementos, no solo en cuanto a un resultado, y que, cuando designa destinatarios, solo los obliga a ellos. El alcance general es la nota de otro acto del mismo artículo, y una decisión con destinatarios no lo tiene.

El artículo 288 solo dice del reglamento que es directamente aplicable en cada Estado miembro, y lo dice junto con sus otras dos notas: alcance general y fuerza obligatoria en todos sus elementos. De los otros tres actos no dice eso: el mismo artículo describe con otras fórmulas lo que cada uno vale.

El artículo 291.1 pone la ejecución de los actos vinculantes de la Unión, en primer lugar, en manos de los Estados miembros: son ellos quienes adoptan todas las medidas de Derecho interno necesarias. El Tratado no encarga esas medidas internas a ninguna institución de la Unión.

El artículo 291.2 pone la condición para que un acto vinculante confiera competencias de ejecución: que se requieran condiciones uniformes de ejecución. Cuando hace falta que el acto se aplique igual en todas partes, es el propio acto el que confiere esas competencias. Vale para cualquier acto jurídicamente vinculante, también para los legislativos, y no depende de que lo pida un Estado.

El artículo 288 enumera cinco actos —reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes— y cierra con esta regla: las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes. Las directivas y las decisiones sí obligan, cada una con la fórmula que le da el mismo artículo; por eso falla cualquier par que incluya una de ellas.