La libre circulación de personas, servicios y capitales

El artículo 63.1 prohíbe «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países». Es lo que separa esta libertad de las demás: alcanza también a los terceros países, sin exigirles reciprocidad ni esperar a que nadie lo autorice. El 63.2 dice lo mismo de los pagos.

El artículo 45.3 reconoce los derechos de la libre circulación de los trabajadores «sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas», y la salud pública es una de las tres. La moralidad pública, la propiedad industrial y las razones fiscales tientan porque el Tratado las admite como límite de otras libertades, pero no están en la lista de los trabajadores.

El artículo 57 permite al prestador de un servicio ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se lleva a cabo la prestación «en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales». La referencia es el trato que ese Estado da a sus propios nacionales, no el de los de terceros países ni lo que pacten dos Estados en un convenio, ni lo que fije la Comisión.

La letra d) del artículo 45.3 remite las condiciones de ese derecho de permanencia a «los reglamentos establecidos por la Comisión». Tienta atribuírselos al Consejo o al Parlamento Europeo, que adoptan la mayor parte de los actos legislativos de la Unión, pero para este derecho el Tratado nombra a la Comisión.

Las medidas sobre los movimientos de capitales con terceros países las adoptan, por regla general, el Parlamento Europeo y el Consejo por el procedimiento legislativo ordinario (artículo 64.2). Pero un retroceso en la liberalización solo puede establecerlo el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, «por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo» (artículo 64.3): el Parlamento Europeo es consultado, pero no tiene que aprobarlas. No lo decide la Comisión ni el Consejo Europeo.

El artículo 45.4 deja fuera de la libre circulación de los trabajadores los empleos en la administración pública. Fuera de esa excepción, el artículo 45.2 manda abolir toda discriminación por razón de la nacionalidad con respecto al empleo, sin distinguir por la duración del contrato ni por el sector. Los trabajadores jóvenes tientan porque el Tratado les dedica un artículo, pero para que los Estados faciliten su intercambio, no para excluirlos.

El artículo 49 prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento y extiende la prohibición a las relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro. Es justo el caso: sigue establecido en Italia y abre una sucursal en España, sin tener que trasladar nada. Y una sucursal no es una prestación de servicios: es una forma de establecerse.

La letra b) del artículo 65.1 reconoce a los Estados el derecho a «establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística». Declarar no es pedir permiso: una autorización previa, un límite por operación o una prohibición de salida restringen el movimiento, y eso es lo que el artículo 63 prohíbe. Además, el 65.3 impide que esos procedimientos sean un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta.

El artículo 57 pone dos condiciones. Son servicios las prestaciones realizadas «normalmente a cambio de una remuneración», así que la gratuidad no basta; y lo son solo en la medida en que no se rijan por las disposiciones de la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Es una libertad residual: lo que ya cubre otra libertad no se trata como servicio.