La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

• Su condena firme por un delito imprudente
• Su incapacidad permanente para el ejercicio del cargo
• La disolución anticipada de las Cortes Generales
• Una moción de reprobación aprobada por el Senado

El art. 41.4 enumera las causas de cese anticipado como lista cerrada («únicamente»): renuncia, causa de incompatibilidad, incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, condena en sentencia firme por delito doloso e incumplimiento grave de los deberes del cargo. La condena por un delito imprudente no basta, porque la ley pide que sea doloso; y ni la disolución de las Cortes ni una reprobación parlamentaria figuran entre las causas.

• Suspende el plazo para interponer el recurso de alzada o el de reposición
• Es un requisito previo para poder interponer el recurso de alzada
• Sustituye al recurso de alzada y, en su caso, al de reposición
• Sustituye al recurso contencioso-administrativo contra esos actos

El art. 40.b) hace de la mediación o la conciliación de la Autoridad un sustitutivo de los recursos administrativos: ocupa el lugar del recurso de alzada y, en su caso, del de reposición, con la cobertura del art. 112.2 de la Ley 39/2015, que permite a una ley sustituirlos por otros procedimientos. No suspende el plazo de un recurso ni es un trámite previo a él, y no alcanza a la vía contencioso-administrativa, que es judicial.

• No: el deber de colaboración no alcanza a los datos de terceros
• Sí, cuando resulte estrictamente necesario para cumplir sus funciones
• Sí, pero solo con autorización judicial previa para cada una de las cesiones
• Sí, siempre que los datos se entreguen antes anonimizados

El art. 44.4 incluye en el deber de colaboración e información los datos personales de terceros sin su consentimiento cuando resulte estrictamente necesario para las funciones de la Autoridad, conforme a la legislación de protección de datos. No pide autorización judicial, y un dato anonimizado ya no sería personal.

• Actúa bajo la dirección del Defensor del Pueblo, como unidad adscrita a esa institución
• Asume en exclusiva las competencias del Defensor del Pueblo en materia de igualdad de trato
• Actúa sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y puede convenir con él
• Solo puede investigar las quejas que le haya trasladado previamente el Defensor del Pueblo

El art. 45 hace convivir a las dos instituciones: la Autoridad ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de sus equivalentes autonómicos, y puede celebrar con ellos convenios de colaboración para cooperar. No depende del Defensor del Pueblo ni le quita competencias, y su actuación no espera a que él le traslade una queja.

• Cinco años, sin posibilidad de renovación
• Cinco años, renovable una vez
• Seis años, sin posibilidad de renovación
• Seis años, renovable una vez

El art. 41.4 fija un mandato de cinco años y cierra la puerta a la renovación: quien lo cumple no puede ser nombrado para un segundo mandato. Ni los seis años ni la renovación por una vez están en la ley, en ninguna de sus combinaciones.

• Por mayoría simple, en el plazo de un mes natural
• Por mayoría simple, en el plazo de tres meses naturales
• Por mayoría absoluta, en el plazo de tres meses naturales
• Por mayoría absoluta, en el plazo de un mes natural

El art. 41.4 exige acuerdo por mayoría absoluta y da a la Comisión un mes natural desde que recibe la comunicación. La mayoría simple no basta, y los tres meses son otro plazo del mismo precepto: el que corre para presentar un nuevo candidato cuando la propuesta se rechaza, no el que tiene el Congreso para pronunciarse.

• A las Cortes Generales, al Gobierno y al Ministerio Fiscal
• Al Congreso de los Diputados, al Gobierno y al Ministerio Fiscal
• A las Cortes Generales, al Gobierno y al Defensor del Pueblo
• Al Congreso de los Diputados, al Gobierno y al Defensor del Pueblo

El informe anual lo aprueba la propia Autoridad (art. 40.ñ) y lo remite a tres destinatarios: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Defensor del Pueblo. No va a las Cortes Generales, que son el destino de otro informe de la ley, ni al Ministerio Fiscal.

• El Gobierno, mediante real decreto
• Las Cortes Generales, en sesión conjunta
• El Defensor del Pueblo, oídas las Cámaras
• La persona titular del Ministerio, por orden

La nombra el Gobierno por real decreto, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad de trato, y el nombramiento solo se hace efectivo después de su comparecencia ante las comisiones correspondientes del Congreso y del Senado. Las Cámaras intervienen en el procedimiento, pero no nombran; y ni el Defensor del Pueblo ni una orden ministerial tienen papel en él.

• Concluir la investigación y remitir después sus conclusiones al Ministerio Fiscal
• Suspenderla hasta que recaiga sentencia penal firme y reanudarla entonces
• Continuarla hasta el final y dar traslado de su resultado al órgano sancionador competente
• Cesar en la investigación y remitir el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o al juez

El art. 40.c) le permite investigar, de oficio o a instancia de terceros, las situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia, pero deja a salvo las que son infracción penal: en cuanto lo aprecia, debe cesar en la investigación y remitir el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial (y, en su caso, a la jurisdicción militar). No la termina antes de remitir, no la deja en suspenso a la espera de la sentencia ni la sigue para el órgano sancionador.