Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

• El pago de la pensión compensatoria reconocida e impagada a la víctima
• El pago de los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores
• El anticipo de la indemnización por daños y perjuicios que fije la sentencia penal condenatoria
• El pago de las cuotas hipotecarias impagadas de la vivienda familiar

La disposición adicional decimonovena garantiza el pago de los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad, en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género. No alcanza a la pensión compensatoria de la víctima, a la indemnización del delito ni a la hipoteca.

• A viviendas protegidas y a las plazas de las escuelas infantiles públicas
• A viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores
• A viviendas protegidas y a las ofertas de empleo público
• A viviendas protegidas y a becas y ayudas al estudio

El art. 28 las considera colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. Las escuelas infantiles, el empleo público y las becas no aparecen en él.

• En la misma forma que a las demás víctimas, con intérprete si lo pide
• A través de quien ejerza las medidas de apoyo, por escrito y en papel
• En formato accesible y comprensible, como la lengua de signos
• Por los servicios sociales, una vez reconocido el grado de discapacidad

El art. 18.2 manda garantizar, con los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y recursos, ofrecida en formato accesible y comprensible: lengua de signos u otras modalidades de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. No es la forma general con un intérprete a petición, no pasa por quien ejerza los apoyos ni espera a que se reconozca un grado de discapacidad.

• Hasta que recaiga sentencia firme
• Hasta su total recuperación
• Durante seis meses desde la denuncia
• Mientras dure la orden de protección

El art. 19 bis.1 no fija un plazo ni lo ata al proceso: el seguimiento de la evolución de su estado de salud llega hasta su total recuperación, en lo que toca a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas de la violencia. Ni la sentencia, ni la orden de protección, ni un plazo contado desde la denuncia lo cortan.

• El Servicio Público de Empleo, previo informe de los servicios sociales
• La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud de la víctima
• El ministerio competente en igualdad, con cargo a su presupuesto
• Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales

El art. 27.3 las financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero las conceden las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. El Servicio Público de Empleo no las concede: emite el informe sobre si el programa de empleo mejoraría de forma sustancial la empleabilidad de la víctima, que se incorpora al procedimiento.

• Cuando haya extinguido su contrato y busque empleo en otra provincia de la misma comunidad
• Cuando figure inscrita a la vez como demandante en dos oficinas de empleo distintas
• Cuando perciba la ayuda de pago único y resida en una comunidad distinta de la que la concedió
• Cuando la movilidad geográfica la obligue a trasladar su domicilio a otra comunidad autónoma

La disposición adicional decimosexta pide coordinar los Servicios Públicos de Empleo cuando la víctima, al ejercer el derecho de movilidad geográfica, se ve obligada a trasladar su domicilio y ese traslado implica cambiar de comunidad autónoma. Un cambio de provincia dentro de la misma comunidad, una doble inscripción o la residencia de quien percibe la ayuda no son el supuesto.

• La denuncia presentada por la víctima ante la policía
• La declaración responsable de la víctima ante la Administración competente
• El atestado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
• El informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia

La ley nombra la sentencia condenatoria, la orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, el informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de que es víctima, y el informe de los servicios sociales, de los especializados o de los de acogida de la Administración competente. La denuncia sola, el atestado y una declaración de la propia víctima no figuran entre ellos.

• El castellano, aunque en su territorio haya otra lengua oficial
• La lengua oficial del partido judicial en el que presentaron su denuncia por los hechos
• La lengua oficial de la comunidad donde se siga el procedimiento
• El castellano o, en su caso, la otra lengua oficial del territorio donde residen

El art. 18.3 toma como referencia el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial del territorio de residencia de la víctima. Lo que decide si hay una segunda lengua que tener en cuenta es dónde reside ella, no dónde denunció ni dónde se sigue el proceso.

• Servicios complementarios
• Servicios potestativos
• Servicios esenciales
• Servicios subsidiarios

El art. 17.3 los declara servicios esenciales, junto con los de información y orientación, la atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, y el asesoramiento jurídico 24 horas. La ley no los define como complemento ni como subsidiarios de otros servicios, ni deja su prestación a la elección de cada administración.