El objeto de la ley y las medidas de sensibilización, prevención y detección

• Las que estén declaradas de utilidad pública
• Las que tengan implantación en todo el territorio nacional
• Las que acrediten más de cinco años de actividad
• Las que tengan implantación en, al menos, tres comunidades autónomas

Junto al organismo estatal de igualdad, el art. 8 asegura en el Consejo Escolar del Estado la representación de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional. No exige declaración de utilidad pública ni una antigüedad mínima, y no basta con estar presente en varias comunidades autónomas.

• Al ente público que vela por los medios audiovisuales, con exclusión de cualquier otra entidad
• Al ente público que vela por los medios audiovisuales, sin perjuicio de lo que hagan otras entidades
• A los propios medios audiovisuales, mediante sus códigos de conducta internos
• Al Ministerio Fiscal, a instancia de cualquier persona que se considere afectada

El art. 11 encarga al ente público al que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptar las medidas que procedan para un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales. Y deja a salvo de forma expresa las posibles actuaciones de otras entidades: no es una competencia exclusiva.

• Cualquier familiar que conviva con esos menores en su domicilio
• Las personas que el apartado 1 señala como autoras
• Cualquier persona, si su fin es dañar a la mujer
• Solo quien sea progenitor de esos menores

El apartado 4 extiende la violencia de género a la que se ejerce sobre los familiares o allegados menores de la mujer con el objetivo de causarle perjuicio o daño, pero no cambia quién ha de ejercerla: las mismas personas que señala el apartado 1. Si la ejerce otro familiar o un tercero, no entra en este concepto aunque busque dañarla; y el artículo tampoco lo ciñe a quien sea progenitor de los menores.

• Una plaza reservada para el curso siguiente
• Su escolarización inmediata, sin esperar a un proceso de admisión
• Prioridad en el siguiente proceso ordinario de admisión del centro
• Su escolarización inmediata, si lo acuerda un juez

El art. 5 obliga a las Administraciones competentes a prever la escolarización inmediata de los hijos afectados por el cambio de residencia, y la disposición adicional decimoséptima insiste en que las educativas la garanticen. No se aplaza al curso o al proceso de admisión siguientes, ni depende de que lo acuerde una resolución judicial.

• Como publicidad engañosa
• Como publicidad desleal
• Como publicidad ilícita
• Como publicidad agresiva

La ley la califica de ilícita, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Publicidad. La engañosa, la desleal y la agresiva son otras clases de publicidad ilícita en la Ley General de Publicidad (art. 3.e), que no se definen por el uso vejatorio o discriminatorio de la imagen de la mujer.

• Los dos tienen carácter de ley orgánica
• El título preliminar es orgánico y el título I no lo es
• El título I es orgánico y el título preliminar no lo es
• Ninguno de los dos tiene carácter de ley orgánica

La ley es orgánica salvo los preceptos que enumera la disposición final tercera, y entre ellos figura el título I entero. El título preliminar no está en esa lista, así que conserva el carácter de ley orgánica.

• El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
• La Unidad de Valoración Forense Integral
• La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial
• La Comisión contra la Violencia de Género

El art. 16 constituye en el Consejo Interterritorial una Comisión contra la Violencia de Género que apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. El Observatorio Estatal y las unidades de valoración forense integral son órganos que la ley regula en otros preceptos y con otras funciones.

• Ser su cónyuge o pareja de afectividad análoga en el momento de los hechos, conviva o no con ella
• Ser o haber sido su cónyuge o pareja de afectividad análoga, siempre que hayan convivido
• Ser o haber sido su cónyuge o pareja de afectividad análoga, aun sin convivencia
• Ser su cónyuge o pareja de afectividad análoga y convivir con ella en el momento de los hechos

La ley alcanza a quienes sean o hayan sido cónyuges de la mujer y a quienes estén o hayan estado ligados a ella por una relación similar de afectividad, y no exige convivencia: la expareja queda dentro aunque nunca hayan vivido juntos. Exigir que la relación siga en el momento de los hechos, o que haya habido convivencia, es añadir requisitos que el artículo descarta de forma expresa.

• Ante las Administraciones Públicas
• Ante el Ministerio Fiscal
• Ante los órganos judiciales penales
• Ante el Defensor del Pueblo

La ley quiere consagrar derechos exigibles ante las Administraciones Públicas, para asegurar a las víctimas un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Son derechos frente a la Administración que presta esos servicios, no una pretensión que haya que hacer valer ante el Fiscal, un juzgado o el Defensor del Pueblo.