La tutela institucional: la Delegación del Gobierno, el Observatorio Estatal y las unidades policiales

• La celeridad de la instrucción en los procesos que se sigan
• La unidad de criterio judicial en los procesos que se sigan
• La actividad probatoria en los procesos que se sigan
• La gratuidad de las periciales en los procesos que se sigan

El art. 32 encarga a esos protocolos dos cosas: determinar procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las administraciones y servicios implicados, y garantizar la actividad probatoria en los procesos que se sigan. Lo que buscan es que la prueba no se pierda por el camino; la ley no les encarga acelerar la instrucción, unificar el criterio de los jueces ni costear las periciales.

• El protocolo sanitario aprobado por el Consejo Interterritorial
• El protocolo que diseñan los servicios forenses de cada comunidad
• El que apruebe la Junta de Seguridad de cada una de las comunidades autónomas
• El de actuación policial y de coordinación con los órganos judiciales

El art. 31 manda que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenga en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. Los otros tres no son el protocolo que el artículo pone como referencia de la actuación policial.

• Desagregados por comunidad autónoma, en cualquier caso
• Desagregados por sexo, en cualquier caso
• Desagregados por sexo, solo cuando lo pida el Gobierno
• Agregados, para proteger la identidad de las víctimas

El art. 30.1 manda que, en cualquier caso, los datos de esos informes, estudios y propuestas se consignen desagregados por sexo. Es una obligación sin condiciones: no depende de que lo pida el Gobierno, y la ley no exige desglosarlos por comunidad autónoma ni presentarlos agregados.

• Los colegios profesionales de la abogacía española
• Las asociaciones de víctimas de delitos violentos
• Las universidades y los centros de investigación
• Las asociaciones de consumidores y usuarios

El art. 30.3 deja la composición del Observatorio al reglamento, pero le impone un mínimo, y en él figuran las asociaciones de consumidores y usuarios, junto a las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales, entre otros. Los colegios de la abogacía, las asociaciones de víctimas de delitos violentos y las universidades no están entre los que la ley garantiza.

• El Observatorio formula las políticas; la Delegación remite el informe anual
• La Delegación formula las políticas y remite también el informe anual
• La Delegación formula las políticas; el Observatorio remite el informe anual
• El Observatorio formula las políticas y remite también el informe anual

La Delegación formula las políticas públicas que desarrolla el Gobierno y coordina las acciones en la materia (art. 29); el Observatorio, órgano colegiado de asesoramiento y evaluación, remite cada año al Gobierno y a las comunidades autónomas el informe sobre la evolución de la violencia (art. 30). Cada órgano tiene su tarea: ni la Delegación hace el informe ni el Observatorio formula las políticas.

• Al Gobierno y a las comunidades con competencias en justicia, cada uno en su ámbito
• Al Consejo General del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado
• Al Gobierno, también donde las comunidades autónomas tengan competencias en justicia
• A las comunidades autónomas, tengan o no asumidas competencias en justicia

La disposición adicional segunda encarga esa organización al Gobierno y a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, cada uno en el ámbito que le es propio. Por eso el Gobierno no la hace donde la comunidad tiene esas competencias, y una comunidad sin ellas no organiza los servicios forenses. La disposición no da ningún papel en esto al Consejo General del Poder Judicial.

• En la prevención de esta violencia y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
• En la prevención de esta violencia y en la tramitación de las órdenes de protección
• En la atención psicológica a las víctimas y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
• En la atención psicológica a las víctimas y en la tramitación de las órdenes de protección

El art. 31 manda al Gobierno establecer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en dos cosas: prevenir la violencia de género y controlar que se ejecuten las medidas judiciales adoptadas. La ley no nombra entre sus especialidades la tramitación de las órdenes de protección ni la atención psicológica a las víctimas.

• La persona titular del Ministerio competente en igualdad
• La Abogacía del Estado, en representación y defensa del Gobierno de la Nación
• El Defensor del Pueblo, a instancia de la propia víctima
• La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

El art. 29 legitima a la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para intervenir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en la ley, en colaboración y coordinación con las administraciones competentes. La LO 1/2004 no da esa legitimación a la persona titular del Ministerio, ni a la Abogacía del Estado ni al Defensor del Pueblo.

• No: lo dispuesto se limita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Sí, con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas
• Sí, pero solo si la comunidad lo acuerda en un convenio con el Gobierno
• Sí, pero cuando lo pida el órgano judicial que adoptó la medida

El art. 31 extiende lo que dispone a las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía con esas funciones, en los términos de sus Estatutos, de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de sus leyes de policía, y lo justifica en hacer más efectiva la protección de las víctimas. No se queda en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la ley no lo hace depender de un convenio ni de la petición de un juez.