La información administrativa y las funciones de atención al ciudadano

• Interpretar la norma aplicable al caso que plantea
• Darle una opinión jurídica sobre si su solicitud prosperará
• Valorar la viabilidad económica de su proyecto
• Ayudarle a cumplimentar el impreso de la solicitud

Es el límite que separa informar de resolver: cabe determinar conceptos, informar de opciones legales o colaborar en la cumplimentación de impresos, pero nunca interpretar la norma ni hacer consideraciones jurídicas o económicas. Las otras tres son justo lo que el real decreto excluye.

• Ordinaria y extraordinaria
• Pública y reservada
• General y particular
• Presencial y telemática

Es la clasificación del artículo 1 para la información que dan las unidades y oficinas de información. No es una distinción académica: de la clase depende quién puede pedirla y quién la da. «Pública y reservada» tienta porque suena a acceso, pero no es una clase que el real decreto use.

• La de orientación e información
• La de gestión
• La de asistencia en el derecho de petición
• La de recepción de iniciativas o sugerencias

Aclarar qué documentación hace falta para una solicitud o una prestación es orientar e informar. No es gestión, porque nadie recibe ni tramita nada todavía.

• Las Administraciones públicas en su conjunto o alguno de sus ámbitos de actuación
• El Departamento ministerial del que depende la oficina
• La Administración ante la que tengan abierto un procedimiento
• Los órganos de la Administración General del Estado en su provincia

La información general no se ciñe al ministerio que la da ni a la provincia: cubre lo que el ciudadano necesita saber para tratar con las Administraciones públicas, en su conjunto o en alguno de sus ámbitos. Atarla a un procedimiento abierto la confunde con la información particular.

• La de recepción de quejas y reclamaciones
• La de recepción de iniciativas o sugerencias
• La de orientación e información
• La de asistencia en el derecho de petición

Una espera así es una tardanza en el funcionamiento de la dependencia, y quien quiere dejar constancia de ella presenta una queja: no propone nada, protesta por cómo ha funcionado la dependencia. Tampoco pide nada a la Administración, que es lo que haría una petición.

• Cuando el interesado lo pida expresamente
• En los procedimientos que superen su plazo de resolución
• Cuando así se establezca
• Cuando el expediente se tramite en otra provincia

Para que la respuesta al interesado sea ágil, quien tiene la información particular puede estar conectado con las unidades y oficinas de información, pero que estas colaboren no es automático ni depende de quien pregunta: tiene que haberse establecido. El retraso del procedimiento o que lo pida el interesado no activan esa colaboración.

• A cualquier ciudadano, sin acreditar legitimación
• A la unidad que tramita el expediente
• A las personas a las que se refieren esos datos
• A quien los solicite por escrito y de forma motivada

Cuando la información particular toca datos que afectan a la intimidad de una persona física, el círculo se estrecha al máximo: esos documentos están reservados a la persona de la que hablan. Ni pedirlos por escrito y motivando la solicitud ni ser la unidad que tramita el expediente cambian eso.

• Ninguna
• La condición de interesado en un procedimiento
• Un interés legítimo, personal y directo
• La residencia legal en España

No se exige nada, y darla es obligatorio: basta con pedirla. La condición de interesado tienta porque suena a requisito de acceso, pero para esta clase no se pide nada.

• La de orientación e información
• La de recepción y acogida
• La de gestión
• La de asistencia en el derecho de petición

Es la ayuda del momento en que se llega: dónde están las dependencias y los funcionarios. La orientación e información tienta por el nombre, pero llevar al que llega hasta su sitio es la ayuda del momento inicial de la visita.