La provisión de puestos en Justicia: el concurso

El art. 51.3 da tres meses para resolver el concurso específico, salvo que la convocatoria fije otro plazo, que nunca puede pasar de seis. Seis meses es el plazo máximo para los concursos de puestos genéricos (art. 51.2) y el techo que puede fijar una convocatoria del específico, pero aquí la convocatoria no dice nada.

Los dos años desde la convocatoria del concurso en que se obtuvo el último destino definitivo (art. 46.1) son un requisito del concurso de traslado para puestos genéricos. En los concursos específicos, el art. 49.7 lo descarta expresamente: participan los funcionarios de cualquier ámbito territorial «sin que rija limitación alguna en cuanto al tiempo para concursar». Para el nuevo ingreso, los dos años se cuentan desde la adjudicación del destino, no se suprimen.

En el concurso específico, el art. 49.5 manda contar los plazos desde la publicación en el boletín del órgano convocante: el BOE si convoca el Ministerio y el diario oficial de la comunidad si convoca ella. Es lo que lo separa del concurso de puestos genéricos, donde, si no hay simultaneidad, los plazos se cuentan siempre desde el BOE (art. 44.2), porque es un concurso de ámbito estatal. Tampoco hay una regla distinta según dónde esté destinado cada funcionario, ni decide que una publicación sea la última.

El art. 54.2 da a quien renuncia un derecho preferente para ocupar puestos genéricos en la localidad donde servía la primera vez que se anuncien a concurso, con la carga de pedir todos los que se convoquen allí. Si no participa, no se queda en el provisional ni guarda la preferencia: se le adjudica con carácter definitivo cualquiera de los puestos no adjudicados. La excedencia no aparece en el precepto.

El art. 43.1 pide dos cosas: reunir las condiciones y los requisitos en la fecha en que termina el plazo de instancias y mantenerlos hasta la resolución definitiva del concurso. La primera ya la dice la LOPJ (art. 529.2); la segunda la añade el reglamento. La toma de posesión es posterior a la resolución, y ni las reclamaciones ni una lista de admitidos marcan ese límite.

El art. 52.1 da veinte días cuando se cambia de comunidad autónoma, que es la opción tentadora, pero exceptúa Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla: ahí el plazo es de un mes «tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino». Aquí Ceuta es el origen.

El art. 48.1.a da dos puntos por año completo (20 por los diez años) y computa los periodos inferiores proporcionalmente por meses: seis meses son medio año, es decir, un punto más. Los 20 resultarían de despreciar los meses, los 22 de redondear al año siguiente y los 10,5 de puntuar un solo punto por año.

El art. 52.4 carga el plazo de posesión a la Administración competente en el ámbito territorial del puesto obtenido por concurso, es decir, la de destino. No lo paga la de origen, no se reparte y no pasa al Ministerio por que el concurso sea de ámbito estatal.

El art. 48.1.c permite a las bases de los Cuerpos especiales dedicar hasta 15 puntos a actividades docentes, publicaciones, comunicaciones y asistencia a congresos, y «en este supuesto» la antigüedad pasa de un máximo de 60 a uno de 45. Así la suma de los dos méritos sigue sin pasar de 60. Los 60 son el tope ordinario, que aquí no se aplica.

El art. 42.1 dice que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos las «acordarán conjuntamente»: son bases marco porque valen igual para un concurso que se convoca a la vez en todo el Estado, y por eso no las fija cada comunidad para su territorio. El Consejo General del Poder Judicial no gobierna a estos cuerpos de funcionarios, y la Comisión de Selección interviene en el ingreso, no en la provisión. La cita dice «Ministerio de Justicia»: es el departamento que tenga las competencias de Justicia en cada Gobierno.

El art. 48.1.a da dos puntos por cada año completo de servicios en el cuerpo, lo que serían 68, pero pone un tope de 60. Los 34 saldrían de contar un punto por año. Los 45 son el tope de la antigüedad solo cuando las bases de un Cuerpo especial añaden hasta 15 puntos por actividades docentes y publicaciones (art. 48.1.c), y aquí no las hay.

El art. 49.8 manda hacer la media aritmética desechando la máxima y la mínima y, si aparecen repetidas, solo una de ellas. Se quitan un 9 y el 5, y la media de 8, 8 y 9 es 8,33. Los 7,80 son la media de las cinco notas, los 8,00 salen de quitar el 5 y los dos nueves, y los 8,67 de quitar el 5 y un 8.

El art. 43.1 deja concursar a los funcionarios «cualquiera que sea su situación administrativa», así que la excedencia no lo impide por sí misma, ni hace falta reingresar antes: el propio concurso puede traer el reingreso (art. 52.1). Lo que el art. 43.2.b excluye es el periodo mínimo obligatorio de permanencia en la excedencia voluntaria por interés particular. Tener o no reserva de puesto y el tiempo total en la excedencia no cuentan aquí.

El art. 48.2 admite la petición condicionada entre dos funcionarios «del mismo o distinto cuerpo» para un mismo municipio, partido judicial o provincia, y si la condición no se cumple entiende «desistidas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos»: no se queda con el destino ninguno de los dos. Por eso no lo conserva el que lo obtuvo ni decae solo una de las peticiones, y el reglamento no reserva al otro ninguna vacante futura. Quien se acoge a ella lo concreta en su instancia y acompaña copia de la solicitud del otro.

El art. 48.4 fija dos criterios sucesivos: primero, la mayor antigüedad en el cuerpo de que se trate y, si persiste el empate, el número de orden obtenido en el proceso selectivo de acceso a ese cuerpo, incluido el idioma o derecho propios. No cuenta la antigüedad en otros cuerpos o Administraciones, ni la edad, ni un mérito suelto del baremo.

El art. 49.3.b dice que en la segunda fase, la de las aptitudes concretas, no pueden valorarse «los méritos que ya hayan sido puntuados en la primera fase». Lo puntuado como mérito general se queda en la primera: no se reparte entre las dos, no se traslada de una a otra y la candidata no elige dónde se le cuenta.

El art. 48.1.b valora el conocimiento oral y escrito de la lengua propia hasta un máximo de 12 puntos, según el nivel acreditado, con los criterios que fijen las bases marco y las convocatorias. Los 15 puntos son otro tope: el de las actividades docentes, publicaciones y congresos que pueden valorar las bases de los Cuerpos especiales (art. 48.1.c).

El art. 44.1 lo sitúa «dentro del primer trimestre de cada año natural y en la misma fecha» para el Ministerio y las comunidades con traspasos. La LOPJ (art. 531.2) solo exige convocarlo al menos una vez al año y en la misma fecha en todo el Estado; el trimestre lo añade el reglamento. Por eso no lo decide cada Administración por su cuenta, y el calendario no lo marcan ni la oferta de empleo público ni los procesos selectivos. Con una salvedad: la disposición transitoria quinta deja convocarlo en la fecha más apropiada, sin la obligación del primer trimestre, mientras no hayan finalizado en su totalidad los procesos de acoplamiento.

El art. 55 es tajante: «En ningún caso serán autorizadas las permutas». No hay condición que las haga posibles: ni ser del mismo cuerpo o localidad, ni llevar un tiempo en el destino, ni el informe de las Administraciones. El cambio de destino va por los procedimientos de provisión del título III: el concurso, la libre designación y las formas de provisión temporal.