La libre designación y las otras formas de provisión

La LOPJ (art. 514.3) obliga al adscrito a concursar y a pedir, entre otras, la plaza que ocupa. El art. 69.3 del reglamento concreta el alcance: tiene que participar en el primer concurso genérico y solicitar todas las plazas de su cuerpo en la provincia donde está adscrito, entre ellas la suya. La localidad del último destino es la referencia del cesado en un puesto de libre designación (art. 62.3), no la de este caso.

El art. 72 distingue por la causa. A quien perdió la condición por incapacidad permanente (art. 76.1) se la incorpora con carácter definitivo a la primera vacante de su cuerpo en la localidad donde estaba destinada cuando se produjo la incapacidad, o en la más próxima si allí no la hay. La adscripción provisional según las necesidades del servicio es para los rehabilitados por pérdida de la nacionalidad o por condena (art. 76.2 y 3), que después tienen que concursar.

El art. 56.2 exige publicar la convocatoria en los dos diarios oficiales y, si no salen el mismo día, los términos y plazos se cuentan «en todo caso» desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», aunque el puesto sea de una comunidad autónoma con traspasos. Contar desde la primera publicación es la trampa: la fecha del diario autonómico no abre ningún plazo.

El art. 68 admite la adscripción provisional en cinco supuestos tasados, y el primero es el cese o la renuncia en un puesto obtenido por concurso específico o por libre designación; lo dice también el art. 527 de la LOPJ. Cubrir con urgencia una vacante es lo propio de la comisión de servicio (art. 73); la adscripción es para quien reingresa sin reserva de puesto, no para quien la tiene, y el cambio por motivos de salud no es ningún supuesto del art. 68.

Durante esos seis meses desempeña el nuevo puesto en comisión de servicio y la Administración le reserva el de origen (art. 63.3). Pasado ese periodo, la decisión es suya: vuelve al puesto de origen o se queda con carácter definitivo en el que ha venido ocupando. No hay prórroga automática ni vuelta de oficio, y para quedarse no tiene que concursar.

La LOPJ (art. 510.2) declara de oficio la excedencia voluntaria por interés particular de quien no pide el reingreso «en los plazos que reglamentariamente se determinen», y el art. 71.1 del reglamento fija el de este caso: diez días desde que termina la suspensión, con la resolución judicial que declare cumplida o extinguida la sanción. Pedirlo un mes antes de que acabe es la regla del reglamento de situaciones de la Administración General del Estado, no la de Justicia.

Lo que la movilidad voluntaria no cubre se asigna por reasignación forzosa, y el art. 67.2 da a esa adscripción carácter obligatorio y definitivo: ni se puede rechazar ni queda pendiente de un concurso. A cambio, el art. 67.5 exime al funcionario de la permanencia mínima para concursar y le da preferencia para volver a su centro de origen.

El art. 74.4 prefiere, primero, al funcionario del mismo centro de destino; entre varios interesados que reúnan los requisitos, al que tenga más tiempo de servicios prestados en el centro (atendiendo, en su caso, al orden jurisdiccional), y solo si hay empate, al de mayor antigüedad en el cuerpo. La antigüedad en el cuerpo es el desempate, no el primer criterio.

El art. 66.4 encadena tres criterios: la voluntariedad, la mayor antigüedad en el centro de destino si hay varios interesados y, en caso de empate, la mayor antigüedad en el cuerpo. La LOPJ (art. 528.2) se queda en la voluntariedad y la antigüedad: el desempate lo añade el reglamento. El tiempo de servicios en el orden jurisdiccional cuenta para la preferencia en las sustituciones (art. 74.4), no en la reordenación.

El reingreso provisional se cierra en dos pasos. Si en el primer concurso no obtiene destino, se le adscribe otra vez provisionalmente en la provincia o en el área territorial (art. 69.4); si tampoco lo obtiene en el siguiente, el art. 69.6 le adjudica de forma definitiva cualquiera de las vacantes de ese concurso, en cualquier ámbito territorial. La excedencia voluntaria por interés particular es para quien no participa en el primer concurso (art. 69.5), no para quien concursa sin suerte.

Sin relevación de funciones la funcionaria no deja su puesto: sigue en él y cobra por él, y el desempeño conjunto de la otra función puede darle gratificaciones, además de las indemnizaciones por razón del servicio que correspondan (art. 73.5). Las retribuciones complementarias del puesto que se desempeña son la regla de la comisión con relevación, en la que se conserva el puesto de origen pero se trabaja en otro (art. 73.1).

El art. 75.1 fija un orden en las Oficinas de Justicia en los municipios: primero Gestión Procesal y Administrativa; después Tramitación Procesal y Administrativa, si reúne los requisitos del puesto, y por último Auxilio Judicial, siempre del mismo centro de destino. Solo cuando no cabe ninguno entra la comisión de servicio sin relevación de funciones, por el tiempo indispensable, de los titulares de las Secretarías de las localidades más próximas (art. 75.2).

El art. 65.1 lo resuelve con una regla fija: si la redistribución afecta a varios funcionarios, recae en los de menor antigüedad en el centro de destino. El jefe o responsable del centro puede proponer la redistribución, pero no elige a quién afecta; y la voluntariedad es el primer criterio de la reordenación entre centros distintos (art. 66.4), no de la redistribución dentro del mismo centro.