Los procesos selectivos, el nombramiento y los interinos

El art. 20.1 no fija una cifra: la autoridad convocante dicta la resolución «en el plazo que se establezca en la convocatoria». El mes como máximo es el del reglamento de ingreso de la Administración General del Estado (RD 364/1995, art. 20.1), y los diez días hábiles son los que esa resolución señala para subsanar.

El art. 18.1 deja la duración del plazo a la convocatoria, pero fija su arranque: el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Es la misma regla del art. 16.2 para cuando el BOE y los diarios autonómicos no publican a la vez: los plazos se cuentan, en todo caso, desde el BOE. La web solo facilita el modelo, y la aprobación de las bases es anterior a la convocatoria.

El art. 30.3 les aplica el régimen de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición: no, por ejemplo, la fijeza en el puesto, que les niega también el art. 489.2 de la LOPJ. Son funcionarios, no personal laboral, y los funcionarios en prácticas son otra figura: los aspirantes durante el curso selectivo (art. 24.2). Sus retribuciones y su cese los regula hoy el art. 489 de la LOPJ, que les reconoce los trienios que el art. 30.2 de este reglamento todavía excluye.

El art. 17.4 manda que la convocatoria fije las condiciones y los requisitos de los aspirantes referidos a la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes, y el art. 18.2 lo repite para lo que cada aspirante declara en su solicitud. No vale la fecha de la convocatoria ni una fase posterior del proceso; otra cosa es que, una vez reunidos, haya que mantenerlos hasta la toma de posesión.

El art. 25.2 prohíbe a quien ya prestaba servicios remunerados en la Administración de Justicia cobrar nada por su puesto de origen durante el curso o las prácticas, pero le deja optar entre una remuneración del mismo importe que la que percibía allí o la que le corresponde como funcionario en prácticas. La abona el Centro de Estudios Jurídicos o el órgano de la comunidad autónoma con traspasos donde se hace el curso, no el puesto de origen; y no se suman las dos ni se completa una con la otra.

El art. 25.3 reconoce a los funcionarios en prácticas el derecho a permisos por causas debidamente justificadas, pero su otorgamiento no les exime en ningún caso del nivel de asistencia mínimo para superar el curso o el periodo de prácticas. El permiso justifica la ausencia; no la convierte en asistencia ni rebaja el mínimo. Volver a ser nombrado en el curso siguiente es lo que el art. 24.6 prevé para la fuerza mayor.

El art. 29.4 trata igual a quien se niega a prestar juramento o promesa y a quien, sin justa causa, deja de tomar posesión: se entiende que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo, y el órgano respectivo da cuenta al Ministerio de Justicia o a la comunidad autónoma con traspasos. El juramento es previo a la toma de posesión (art. 29.1), así que no se toma posesión sin él; tampoco hay un plazo nuevo ni se prolongan las prácticas.

El art. 25.1 les reconoce una retribución equivalente al sueldo y a las pagas extraordinarias del cuerpo al que acceden y, si superan el curso o las prácticas, el cómputo a efectos económicos del tiempo pasado en el centro de formación o de destino. No cobran las complementarias de un puesto: el primer destino llega después, con el nombramiento como funcionarios de carrera. Tampoco es una beca ni una indemnización.

El art. 29.2 dispensa de desplazarse a tomar posesión a quien accede por promoción interna y opta por seguir en activo en el cuerpo de procedencia: basta con comunicar esa opción, dentro del plazo de toma de posesión, al órgano del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con traspasos, a efectos de declarar la excedencia voluntaria del art. 506.d) de la LOPJ. No renuncia al nuevo cuerpo, y no presentarse sin más sería dejar de tomar posesión sin justa causa (art. 29.4).

El art. 18.2 añade que los requisitos exigidos en la convocatoria habrán de mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera. Ni la lista definitiva de admitidos, ni la relación de aprobados, ni el nombramiento en prácticas cierran la exigencia: quien pierde un requisito en cualquiera de esas fases deja de cumplirla, aunque lo tuviera al solicitar.

El art. 24.6 hace cesar en su condición de funcionarios en prácticas a quienes no pueden realizar o concluir el curso o el periodo de prácticas por fuerza mayor, pero les deja volver a ser nombrados en el curso inmediatamente posterior de la misma clase, conservando la puntuación de la oposición o del concurso-oposición. No se queda en prácticas esperando, no tiene que repetir la oposición y no se la nombra de carrera sin haber superado el curso.

El art. 23.1 da veinte días naturales, desde que la relación de aprobados se publica en el BOE, para aportar ante el Ministerio de Justicia los documentos que acreditan los requisitos, y con ellos se hace el nombramiento como funcionarios en prácticas. Diez días hábiles son los de subsanación de la lista provisional de admitidos (art. 20.1). La cifra coincide con la de la toma de posesión (art. 29.1), pero ese plazo corre desde la publicación del nombramiento.

El art. 19.2 deja al aspirante participar en el proceso mientras se emite el dictamen; lo que queda en suspenso es la resolución definitiva sobre su admisión o exclusión, hasta que el dictamen llegue. No se le aparta ni se le dejan sin calificar los ejercicios, y el proceso de los demás no se detiene: la duda sobre un aspirante no paraliza la oposición.

El art. 21 manda que esos anuncios los haga públicos el tribunal en los mismos lugares que el art. 20 señala para las listas de admitidos y excluidos, incluida la página web del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas. El local de la prueba anterior es la regla del RD 364/1995 para la Administración General del Estado; el diario autonómico deja de ser obligatorio igual que el BOE, y no hay notificación individual.

El art. 17.3 obliga a que la convocatoria declare expresamente que en cada ámbito no podrán superar el proceso más aspirantes que plazas convocadas, y califica de nulas de pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan ese límite. No es un vicio que dependa de que alguien recurra, ni se compensa con las plazas vacías de otro ámbito: cada aspirante participa por uno solo y obtiene destino en él.

El art. 17.13 exige que entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el comienzo del siguiente pasen como mínimo 72 horas y como máximo 45 días naturales. Setenta y dos horas desde el lunes a las 18:00 llevan al jueves a la misma hora. El martes y el miércoles se quedan en 24 y 48 horas; el viernes también cabría, pero no es lo antes posible.

El art. 21 permite, una vez comenzado el proceso, no publicar en el BOE los anuncios de las pruebas restantes; el tribunal los hace públicos con doce horas de antelación como mínimo si se trata del mismo ejercicio, y con veinticuatro si es uno nuevo. Las setenta y dos horas son otra cosa: lo que debe separar el final de un ejercicio del comienzo del siguiente (art. 17.13).

El art. 16.1 manda ofertar las plazas de una comunidad con traspasos por su propio ámbito territorial, salvo que la comunidad renuncie expresamente: entonces sus plazas se agrupan. No hay una convocatoria propia de la comunidad —las pruebas las convoca el Ministerio de Justicia, con bases únicas para cada cuerpo—, y las plazas no se aplazan ni cambian de turno: lo que cambia es el ámbito por el que se ofertan.