La rehabilitación de los funcionarios de Justicia

Según el art. 80.4, cuando el último destino radica en una comunidad con traspasos recibidos se pide informe a su órgano competente, y con carácter previo al del Consejo General del Poder Judicial. La comunidad no instruye ni resuelve: instruye la Secretaría de Estado de Justicia a través de una dirección general del Ministerio (art. 77), que es también la que da vista al interesado (art. 80.5), y resuelve el Ministro de Justicia (art. 81.1). Que la comunidad gestione el personal de su territorio no le da la rehabilitación.

El art. 78.5 no deja pedir la apertura del expediente antes de que pasen dos años desde que fue firme el acuerdo de separación, y la misma espera rige para quien perdió la condición por una condena a inhabilitación o por delito doloso. Los tres años son de otra norma y de otro momento: los que la LOPJ impone a jueces y magistrados para volver a pedirla después de una denegación (art. 381.2). La LOPJ admite la rehabilitación de los separados (art. 493), pero el plazo lo pone el reglamento.

El art. 81.2 fija seis meses para resolver y notificar. Si pasan sin que se notifique resolución expresa, el interesado está legitimado para entender estimada su solicitud, y el Ministro de Justicia sigue obligado a resolver. Tres meses es el plazo que la ley del procedimiento administrativo común aplica cuando la norma no fija otro (art. 21.3 de la Ley 39/2015); aquí lo fija el reglamento.

El art. 81.6 deja fuera todo el periodo entre la pérdida de la condición y la rehabilitación: no computa para reconocer ni calcular una pensión posterior, cualquiera que sea su causa, ni para ascensos, trienios y derechos pasivos. La causa de la pérdida no cambia nada: el precepto no distingue entre quien se rehabilita tras una incapacidad permanente y quien lo hace tras una condena o una separación.