El ingreso en los cuerpos de Justicia: oferta y órganos de selección

En los Cuerpos Generales, el art. 12.2 prevé un Tribunal Calificador Único por proceso y, en cada comunidad con traspasos donde se convoquen plazas, un Tribunal Delegado. Lo nombra el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos de la comunidad: la comunidad propone, pero no nombra. La Comisión de Selección no califica pruebas.

El art. 9.1 encarga el nombramiento al Ministro de Justicia, mediante orden; hoy, al titular del departamento que tiene la Justicia. El Director General, que es la opción tentadora, propone a los vocales del Ministerio, pero no nombra la Comisión. El CGPJ no interviene: estos cuerpos dependen del Ministerio y de las comunidades con traspasos.

El art. 12.4 da a los Tribunales Delegados «idéntica composición», con una salvedad: los funcionarios del Ministerio de Justicia —entre ellos el secretario— son allí funcionarios de la comunidad autónoma, propuestos directamente por su órgano competente. Todo lo demás se mantiene: número impar de vocales, todos funcionarios de carrera, y la presidencia del mismo perfil.

El art. 15.1 dice que las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, que solo puede apartarse de ellas revisándolas por los cauces de revisión de la ley de procedimiento (la cita remite a la Ley 30/1992, hoy sustituida por la Ley 39/2015). La vinculación no depende de que nadie recurra ni de una ratificación de la Comisión de Selección.

El art. 9.2 forma esa Comisión con tres facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de los cuales la preside, dos médicos forenses, uno de los cuales es el vicepresidente, y tres funcionarios del Ministerio, uno de ellos secretario. El médico forense es el distractor tentador: está en la Comisión, pero en la vicepresidencia.

El art. 8.1 mide las pruebas contra el conjunto de puestos que pueden desempeñar los funcionarios de carrera del cuerpo, no contra un puesto concreto: quien ingresa puede acabar en cualquiera de ellos. El temario tampoco es de cada tribunal: lo aprueba la Comisión de Selección y es único para cada cuerpo en todo el territorio.

El art. 13.3 abre dos momentos: el plazo que fije la convocatoria, para las causas que ya existían, y cualquier momento de la tramitación, para las causas sobrevenidas. Esperar al recurso final sería tarde: la recusación sirve para apartar al vocal mientras el proceso sigue.

El art. 14.e) incluye en el deber de sigilo la prohibición expresa de divulgar resultados, puntuaciones o cualquier dato de las pruebas antes de su publicación oficial. La neutralidad tienta porque el gesto beneficia al aspirante, pero ese deber se refiere a cómo se valora (solo con criterios objetivos), no a lo que se divulga.

El art. 7.4 define el concurso-oposición como las pruebas más la valoración de condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, en la forma que fije la convocatoria. El periodo de prácticas no es lo que lo distingue: un curso selectivo o unas prácticas pueden formar parte de cualquier proceso, también de una oposición.

El art. 1.2 admite esas disposiciones complementarias, dictadas en el ejercicio de las competencias que reconoce la LOPJ, con una condición: «en todo caso» han de respetar lo que establece el reglamento. No piden informe del CGPJ, que no gobierna a estos funcionarios, ni ratificación de la Comisión de Selección, que solo interviene en el ingreso.

Según el art. 8.2, la Comisión de Selección de Personal recaba de las comunidades autónomas su normativa sobre esas pruebas y certificaciones, y fija la puntuación de cada convocatoria. La comunidad aporta la normativa, pero no puntúa; y los tribunales califican las pruebas, no deciden cuánto valen.

De los cuatro vocales del Ministerio, el art. 9.1 reserva uno a un magistrado-juez, un fiscal o un secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia), que preside, y los otros tres a funcionarios del Ministerio, uno de los cuales es el secretario. Los representantes de las comunidades aportan la vicepresidencia, no la secretaría.

El art. 12.3 atribuye al Tribunal Calificador Único elaborar las pruebas, fijar su calendario y los criterios de valoración y resolver las consultas de los Tribunales Delegados, que actúan bajo su dependencia y dirección. Así se garantiza la igualdad de todos los aspirantes: los criterios no pueden cambiar de un territorio a otro.