El régimen disciplinario del personal de Justicia: ámbito y garantías

El art. 3.4 no permite exigir responsabilidad disciplinaria por hechos cometidos después de perder la condición de funcionario: el régimen disciplinario es de quien lo es. Que la conducta encaje en una falta muy grave no cambia nada, y el año siguiente al cese es el plazo del art. 5.1 para avisar a la representación sindical, que no tiene que ver con esto. Otra cosa es la responsabilidad penal o patrimonial, que no depende de esa condición.

El art. 3.3 exige la debida proporcionalidad entre la falta y la sanción, dentro de lo que la LOPJ dispone sobre la graduación (art. 537) y las clases de sanciones (art. 538). La identidad de fundamento jurídico es otra cosa: la menciona el art. 4.4 para decidir si caben a la vez sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos.

El art. 3.2 fija un suelo de garantías: al expedientado no se le pueden aplicar preceptos contrarios al reglamento ni más restrictivos que los suyos. Por eso las disposiciones complementarias de las comunidades autónomas con traspasos, que el art. 1 admite, deben respetarlo. Ni el informe del CGPJ ni el rango de ley orgánica son condiciones que ponga el reglamento.

El art. 2.1 enumera siete cuerpos: Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Médicos Forenses y los tres del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio). Los letrados de la Administración de Justicia no están en la lista: la LOPJ (art. 468) remite su procedimiento disciplinario al reglamento orgánico de su propio cuerpo. Los médicos forenses y los ayudantes de laboratorio despistan porque no tramitan, pero sí están dentro.

El art. 4.2 fija el cauce: el instructor suspende la tramitación y lo comunica a la autoridad que ordenó incoar el expediente, que es quien hace la comunicación al Ministerio Fiscal. La LOPJ (art. 534.4) solo dice que se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal; el reglamento añade por qué manos pasa. El instructor no acude al juzgado de guardia ni al CGPJ, que no ejerce la disciplina de estos funcionarios.

El art. 5.1 manda notificar la incoación a la representación que corresponda para que pueda ser oída durante la tramitación. No interviene en el nombramiento del instructor ni tiene que dar su conformidad: la notificación llega cuando el expediente ya está incoado. Asistirse de un representante sindical es un derecho del propio expedientado (art. 3.1.f), que lo elige él.